LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES

La seccin de LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES presenta la legislacin ms reciente en materia tributaria de interes paratodos los contribuyentes.


DECRETO EJECUTIVO NO.170
(De 27 de octubre de 1993)
Gaceta Oficial No.22.412, 12 de noviembre de 1993

"Por el cual se reglamentan las disposiciones del Impuesto
sobre la Renta contenidas en el Código Fiscal y se deroga
el Decreto No.60 de 28 de junio de 1965"

El Presidente de la República en uso de sus facultados legales,

DECRETA:
CAPITULO I

RENTA BRUTA

Artículo 1.- Concepto.

La renta bruta es el total de los ingresos en dinero, en especie o en valores, percibidos o devengados por el contribuyente en el año fiscal, menos las devoluciones, descuentos u otros conceptos similares de acuerdo con la ley, los usos y costumbres de la plaza.

Artículo 2.- Descripción de renta bruta.
Constituye renta bruta el ingreso proveniente:

a) del trabajo personal prestado por cuenta ajena y en relación de dependencia económica o subordinación jurídica conforme al Código de Trabajo, tales como sueldos,k salarios, sobresueldos, jornales, primas de productividad, gastos de representación, gratificaciones, decimotercer mes, comisiones, bonificaciones, participación en utilidades, pensiones y subvenciones;
b) del ejercicio de cualquier profesión, de las actividades artísticas, científicas y otros oficios realizados por cuenta propia y sin relación de dependencia;
c) de las actividades comerciales, industriales y financieras, de seguros, de fianzas, de capitalización, de transporte y comunicaciones, de operaciones mineras, de la construcción y de la prestación de servicios públicos y privados;

ch) de las actividades agropecuarias, acuícolas, avícolas o forestales;

d) de la caza y la pezca;

e) de la enajenación, cesión de derechos y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;

f) de la ganancia en la enajenación, cesión y arrendamiento de naves y aeronaves, excepto la que se refiere al literal c) del artículo 13 de este Decreto;

g) de la colocación o la inversión de capitales en cualquier forma o naturaleza, tales como intereses sobre préstamos, títulos, bonos y valores privados, utilidades o dividendos distribuidos entre socios y accionistas;

h) de regalías;

i) de subsidios periódicos y rentas vitalicias;

j) de alquileres que se paguen por razón de los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere la Ley No.7 de 1 de julio de 1990 y las rentas derivadas de fideicomisos constituidos a tenor de la Ley No.1 de 5 de enero de 1984;

k) de la transferencia temporal o definitiva de derecho de llave, marcas de comercio, patentes de invención, regalías y de otros derechos similares;

l) de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad;

ll) de denuncias previstas en el Código Fiscal y en leyes especiales;

m) de todo aumento de patrimonio no justificado por el contribuyente;

n) de toda ganancia o premio no exento por ley, obtenido por suerte y azar en las actividades de entretenimiento o diversión, explotadas por personas de derecho privado;

ñ) de todo ingreso recibido con carácter indemnizatorio no exento por ley; y

o) en general, de cualquier otra actividad no exonerada expresamente por la ley o que constituya un negocio de producción, compra, venta, cambio o disposición de bienes o preveniente de la prestación de servicios personales o generada por una combinación de los factores productivos del capital y el trabajo, o que sea expresamente gravada por disposición de la ley.

Artículo 3.- Arrendamientos.

En el arrendamiento de inmuebles, se considerará renta bruta para el arrendador:

a) el canon de arrendamiento devengado o recibido;

b) las sumas que le reconozca el arrendatario por el uso de los muebles y otros accesorios o servicios que suministre el arrendador; y

c) el valor de las mejoras permanentes o no permanentes introducidas en los inmuebles por los arrendatarios, que constituyan un beneficio para el arrendador y en la parte que éste no está obligado a indemnizar o reintegrar; este valor se computará al momento en que el arrendador del inmueble obtenga la disposición de la mejora y se basará en el valor comercial de la misma.

Artículo 4.- Subarrendamientos.

Las personas que subarrienden inmuebles onsiderarán como renta bruta el canon devengado o recibido por el subarrendamiento y las sumas que les reconozca el subarrendatario por el uso de los muebles y otros accesorios o servicios que suministre el subarrendador.

Artículo 5.- Empresas de seguros.

Se considerará renta bruta para las empresas de seguros, de fianzas, de capitalización o de ahorros, el toal de las sumas recibidas o devengadas en concepto de primas, cánones de arrendamiento o intereses producidos por los bienes y derechos en los cuales se haya invertido el capital ylas reservas de dichas empresas, sumas pagadas por los reaseguradores o reafianzadores como indemnización o comisión, y cualquier otro ingreso reglacionado o no con el negocio.

Al total de los ingresos mencionados en el párrafo anterior, se sumará el saldo que al final del año fiscal anterior hubieran tenido las reservas técnicas constituidas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley No.55 de 20 de diciembre de 1984.

Artículo 6.- Aumento del patrimonio no justificado.

A los efectos previstos en el literal j) del artículo 696 del Código Fiscal, el patrimonio es la diferencia, en una fecha dada, entre el activo y el pasivo del contribuyente.

Se considera injustificado todo aumento que resulte de comparar el valor del patrimonio a la fecha de cierre del año fiscal con el valor del mismo a la fecha de incio del año fiscal respectivo, cuando dicho aumento no guarde relación con la renta neta gravable declarada, más los ingresos exentos o de fuente extranjera, menos el impuesto sobre la renta pagado.

Sin perjuicio de las reglas precedentes y para determinar el valor del patrimonio a las fechas que corresponda verificar, se considerarán todos los antecedentes e informaciones que proporcione el contribuyente y se obtengan de su contabilidad o documentación o de la que suministren, conforme a la ley, terceros, entidades públicas o privadas, bancos, proveedores, registros públicos y similares, así como también los gastos personales y familiares del contribuyente.

Artículo 7.- Valuación de los ingresos en especie.

Los que perciban ingresos en especie computarán como renta bruta el valor de los productos, bienes o servicios recibidos. Dicho valor se determinará de acuerdo con el precio de mercado de los bienes en el momento en que fueron recibidos o , en defecto del mismo, según avalúo practicado por peritos.

Artículo 8.- Revaluación de bienes.

No se computarán como renta bruta las sumas que se contabilicen por revaluaciones de bienes del activo mediante simples asientos de contabilidad.

 

CAPITULO II

FUENTE DE LA RENTA

Artículo 9.- Concepto.

Es objeto del impuesto la renta producida en territorio panameño, independientemente de la nacionalidad, domicilio o residencia del beneficiario, del lugar de celebración de los contratos, del lugar desde donde se pague o se perciba y de quién sea el pagador de la misma.

Se considera de fuente panameña la renta:

a) generada por actividades civiles, comerciales, industriales o similares y por el ejercicio de profesiones, oficios y toda clase de prestaciones de servicios efectuados, cumplidos o ejercidos dentro del territorio de la República. Cuando la prestación del servicio implique la realización de trabajos dentro y fuera del territorio nacional, sólo se reputarán de fuente panameña los servicios prestados dentro de éste y su importe se determinará en función de la proporción del valor de las horas-hombre trabajadas dentro y fuera del territorio nacional o en función de otros criterios económicos, debidamente comprobados y aceptados por la Dirección General de Ingresos;

b) proveniente del trabajo personal cuando consista en sueldos y otras remuneraciones que el Estado abone a sus Representantes diplomáticos, consulares y a otras personas a quienes encomienda la realización de funciones fuera del país;

c) proveniente de bienes inmuebles situados en el territorio de la República, tales como arrendamientos y las provenientes de explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, canteras y de otros depósitos naturales, desarrolladas en el territorio nacional;

ch) producida por cosas o derechos utilizados económicamente en la República y por capitales o valores invertidos económicamente en el territorio nacional, tales como intereses sobre préstamos y sobre depósitos de dinero, intereses sobre títulos y valores, dividendos u otra distribución de utilidades entre accionistas o socios, las utilidades de sucursales establecidas en Panamá de casas matrices ubicadas en el exterior, arrendamiento de bienes muebles utilizados en el país, regalías, subsidios preriódicos, ingresos por cesión del uso de marcas de fábrica o de comercio y patentes de invención, rentas vitalicias u otras rentas que revisten características similares;

d) los ingresos obtenidos por las empresas de transporte y comunicaciones, en la parte que corresponda a los fletes, pasajes, cargas, llamadas telefónicas, o cualquier otro medio de transmisión o recepción de imágenes o sonidos y otros servicios similares entre Panamá y el exterior o viceversa;

e) los ingresos de las empresas de seguros provenientes de operaciones de seguros y reaseguros que cubran riesgos locales, tal como se describen en el artículo 16 de la Ley No.56 de 20 de diciembre de 1984 y en el Decreto Ejecutivo No.190 de 30 de octubre de 1992;

f) El valor de las cesiones de primas a compañías del exterior en los casos de reaseguros, reafianzamientos o retrocesiones; y

Eliminado por el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.198 de 22 de diciembre de 1993. Gaceta Oficial N 22.443 de 30 de octubre de 1993.

g) toda renta o ingreso no contemplado en los incisos anteriores, que constituyan frutos civiles o naturales, siempre que sean obtenidos dentro de la República, ya sea por la utilización de bienes o por la realización de servicios.

Artículo 10. Fuente extranjera.

No es de fuente panameña la renta proveniente de las siguientes actividades:

a) facturar, desde una oficina establecida en Panamá, la venta de mercancías o productos por una suma mayor de aquella por la cual dichas mercancías o productos han sido facturados contra la oficina estabecida en Panamá, siempre y cuando dichas mercancías o productos se muevan únicamente en el exterior, así como la facturación de mercancías o productos que toquen puertos o aeropuertos nacionales en tránsito. A estos efectos son mercancías en tránsito las que lleguen al país para seguir al exterior, con documentos de embarque que indiquen que están consignadas a personas no residentes en la República y las mercancías que lleguen al país consignadas a personas residentes en la República, con documentos de embarque que indiquen que han de ser remitidas al exterior inmediatamente después de haber llegado;

b) dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior;

c) la prestación de servicios fuera del territorio de la República;

ch) distribuir utilidades o dividendos entre socios y accionistas, cuando tales utilidades o dividendos provienen de rentas de fuente no panameña, incluyendo las rentas provenientes de las actividade mencionadas en los literales a) y b) de este artículo;

d) intereses, comisiones financieras y otros rubros similares obtenidos por personas naturales o jurídicas, independientemente del lugar de su domicilio o constitución, provenientes de préstamos, depósitos de dinero o de cualquier otra operación financiera, realizados con prestatarios domiciliados fuera del país, y en tanto la prestación y el uso del dinero se efectúe fuera de Panamá, aunque el reembolso del capital e intereses se realice en el país;

Tampoco se considerarán de fuente panameña los intereses, comisiones financieras y otros rubros similares, provenientes de préstamos, líneas de créditos o de cualquier otro tipo de operación financiera realizada con personas jurídicas, independientemente del lugar de su domicilio o constitución, en tanto que estas personas perciban o devenguen exclusivamente ingresos que no se produzcan o no se consideren producidos dentro del territorio de la República de Panamá, inclusive los que devenguen por intereses, comisiones financieras y similares no gravables en la República de Panamá y los provenientes del Comercio Marítimo Internacional de Naves Mercantes inscritas legalmente en Panamá;

Texto del segundo párrado del literal d) tal como quedó modificado mediante el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N 198 de 22 de diciembre de 1993. Gaceta Oficial N 22.443 de 30 de diciembre de 1993.

e) de los fideicomisos establecidos a tenor de la Ley No.1 de 5 de enero de 1984, sobre bienes situados en el extranjero, dineros depositados por personas naturales o jurídicas cuya rent no sea de fuente panameña, acciones o valores de cualquier clase, emitidos por sociedades cuya renta no sea de fuente panameña, aún cuando tales dineros, acciones o valores estén depositados en la República de Panamá;

f) los cánones de arrendamientos que se paguen al arrendador en el caso de contratos de arrendamiento financiero internacional a que se refiere el artículo 2 de la Ley No.7 de 10 de junio de 1990;

g) las primas provenientes de seguros y reaseguros que cubran riesgos de personas o bienes en el exterior; y

h) la enajenación de acciones y cuotas de participación de una persona jurídica constituida bajo las leyes de la República de Panamá, cuando las actividades de dicha sociedad se realizan exclusivamente fuera del territorio nacional.

Texto del literal h) tal como fue modificado por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N 198 de 22 de diciembre de 1993. Gaceta Oficial N 22.443 de 30 de diciembre de 1993.

 

Artículo 11.- Ingresos y gastos de fuente panameña y de fuente extranjera

Cuando la Dirección General de Ingresos lleve a cabo investigaciones a contribuyentes cuyas rentas sean de fuente panameña y de fuente extranjera, podrá exigir que éstos informen sobre el monto de abos tipos de rentas y gastos a los efectos de la determinación de su renta neta gravable.

A falta de elementos suficientes de prueba que pueda aportar el contribuyente y si su contabilidad y documentación no revelare claramente la proporción o el monto de las rentas y gastos que corresponda atribuir a una y otra fuente, la Dirección General de Ingresos podrá utilizar todos los elementos de juicio para la determinación de la renta de fuente panameña.

Artículo 12.- Sucursales y filiales de entidades en el exterior.

Las sucursales y filiales establecidas en la República de Panamá de sociedades extranjeras, llevarán su contabilidad separada de la casa matriz y de otras sucursales o filiales en el exterior. El impuesto se liquidará con base a esa contabilidad separada, a cuyo efecto la Dirección General de Ingresos podrá efectuar todas las investigaciones necesarias a fin e que en la determinación de la renta neta gravable de los establecimientos del país, se computen las rnetas reales de fuente panameña.

Cuando por no haber llevado su contabilidad separada, no se pudiera establecer con exactitud los resultados de las actividades desarrolladas en el país, la Dirección General de Ingresos podrá utilizar todos los elementos de juicio para la determinación de la renta de fuente panameña.

La Dirección General de Ingresos podrá requerir los antecedentes o estados analíticos y certificaciones de profesionales extranjeros, debidamente autenticados por el cónsul panameño respectivo, cuando se tratare de documentos extranjeros que se consideren necesarios para aclarar las relaciones comerciales entre la sociedad local, la casa matriz del exterior y otras sucursales y filiales y para conocer precios de compra de venta recíprocos, valores de bienes del activo fijo y demás datos que pudieran ser necesarios pra la investigación relacionada con el cobro del impuesto no prescrito, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 727 y 728 del Código Fiscal.

 

CAPITULO III

EXONERACIONES

Artículo 13. - Rentas exoneradas.

Están exoneradas del impuesto las rentas derivadas:

a) del comercio marítimo internacional de naves mercantes nacionales inscritas legalmente en Panamá, aún cuando los contratos de transporte se celebren en el país o que el transporte de mercancías se haga desde el exterior a Panamá o desde Panamá hacia el exterior;

b) de embarcar, desembarcar o ambas cosas, en puerto panameño, pasajeros en barcos que efectúen travesías en aguas internacionales o a través del Canal de Panamá; así como transportar por vía aérea a Panamá o de regreso, los pasajeros que aquí aborden o desembarquen tales buques;

c) de la enajenación de naves o aeronaves inscritas en la marina mercante nacional o de registro panameño y que se dediquen al comercio internacional;

ch) de la explotación de naves matriculadas en países extranjeros, si el país en el cual están matriculadas dichas naves o aeronaves rige el principio de reciprocidad en cuanto al gravamen de los ingresos obtenidos en dicho país por naves inscritas en la marina mercante panameña o aeronaves de registro panameño;

Texto del literal ch) talcomo quedó modificado por el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N 198 de 22 de diciembre de 1993. Gaceta Oficial N 22.443 de 30 de diciembre de 1993.

d) de la explotación de naves o aeronaves de cualquier nacionalidad, por personas extanjeras residentes o no en el territorio nacional, siempre que el país de la nacionalidad de la personas natural o el país bajo cuyas leyes se haya constituido la persona jurídica, otorga una exención equivalente a las personas naturales de nacionalidad panameña o a las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de la República de Panamá, o a las personas que hayan fijado su domicilio en la República de Panamá en virtud del principio de reciprocidad;

Texto del literal d) tal como quedó modificado por el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N 198 de 22 de diciembre de 1993. Gaceta Oficial N 22.443 de 30 de diciembre de 1993.

e) de intereses que se reconozcan o paguen sobre los depósitos de cuentas de ahorro, a plazos o de cualquier otra índole, que se mantengan en las instituciones bancarias establecidas en la República, ya sean depósitos locales o extranjeros. También estrán exonerados del impuesto los intereses y comisiones que tales instituciones bancarias les reconzocan o paguen a bancos o instituciones financieras internacionales establecidas en el exterior, por préstamos, aceptaciones bancarias y otros instrumentos de captación de recursos financieros, aunque el producto de tales recursos sea utilizado por el banco prestatario en la generación de activos productivos, conforme a la definición prevista en el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.238 de 1970. En ningún caso esta exención se verá afectada por el hecho de que la suma que remese o acredite el banco establecido en Panamá, se envíe o acredite, directamente o a través de su casa matriz en el exterior, a un banco o institución financiera establecida en el exterior, aún cuando estos últimos tengan una sucursal establecida en la República de Panamá;

f) de intereses que reciban o devenguen las personas sobre préstamos concedidos para financiar la construcción de viviendas que sean de interés social, según lo certifique en cada caso el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Hacienda y Tesoro y el Ministerio de Vivienda aprobarán el convenio de préstamos con el propósito de verificar que los intereses convenidos se han reducido en la proporción del impuesto exonerado y podrán solicitar de los interesados aquellos documentos que estimen necesarios para otorgar la certificación;

g) de intereses que reciban o devenguen los bancos nacionales o extranjeros, provenientes de préstamos que concedan a los agricultores de la República de Panamá, dentro del ciclo de siembra, siempre y cuando el producto de estos préstamos se utilice en la producción de arroz, maíz, frijoles y sorgo y los mismos se pacten con un interés no mayor de ocho por ciento (8%) anual;

h) de intereses, comisiones y demás gastos que paguen el Gobierno Nacional, entidades autónomas, municipios, empresas estatales y demás entidades del Estado, a bancos o entidades del Estado, a bancos o entidades financieras, por razón de empréstitos contratados con éstos;

i) de intereses y comisiones que reciban o devenguen los bancos e instituciones financieras o de crédito, por razón de préstamos u otras facilidades de créditos destinados al sector agropecuario o agroindustrial, siempre que los préstamos u otras facilidades de crédito cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.51 de 20 de febrero de 1990, modificado por el artículo 1 de la Ley No.19 de 27 de noviembre de 1990. A los efectos de aplicar este literal, la Comisión Bancaria Nacional determinará el diferencial sobre la tasa de referencia del mercado;

j) de intereses que reciban o devenguen los bancos, entidades financieras y personas jurídicas, por los préstamos concedidos para financiar las inversiones forestales o las inversiones forestales indirectas a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley No.24 de 23 de noviembre de 1992;

k) de sumas recibidas o devengadas por personas en el exterior, en concepto de regalías provenientes de personas radicadas en la Zona Libre de Colón;

l) de dividendos y demás utilidades distribuidas a los accionistas o socios de las personas jurídicas a que se refiere el artículo 699-a del Código Fiscal;

ll) de sumas en concepto de bonificaciones que reciban los empleados públicos que se acojan al plan de retiro voluntario, a que se refiere al literal x) del artículo 708 del Código Fiscal;

m) de sumas recibidas con motivo de la terminación de la relación de trabajo en concepto de preaviso, prima de antigüedad, indemnización, bonificación y demás beneficios contemplados en convenciones colectivas y contratos individuales de trabajo, hasta la suma de Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00), más lo resultante del numeral 2 del literal j) del artículo 701 del Código Fiscal;

n) de cánones de arrendamientos provenientes de contratos de arrendamiento financiero internacional y de naves mercantes dedicadas al comercio marítimo internacional;

ñ) de premios pagados por las loterías del Estado y en las apuestas y premios en actividades explotadas por el Estado;

o) de los premios obtenidos en los juegos de suerte y azar realizados por entidades sin fines de lucro debidamente autorizados por la Junta de Control de Juegos;

p) de los premios obtenidos en concursos y eventos realizados con fines publicitarios;

q) de sumas recibidas en concepto de indemnizaciones por accidentes de trabajo y de seguros en general, las pensiones alimenticias y las prestaciones que pague la Caja de Seguro Social por razón de los riesgos que ésta asuma;

r) de bienes que se recibasn a título de herencia, legado o donación;

s) de los títulos prestacionales recibidos por los funcionarios y ex-funcionarios, emitidos a tenor del Decreto de Gabinete No.50 de 25 de noviembre de 1992;

t) de las exportaciones de bienes agrícolas, pecuarios, acuícolas y marinos no rtadicionales, según el artículo 19 de la Ley 2 de 1986;

Este literal fue derogado por la Ley 28 de 20 de junio de 1995. Gaceta Oficial N 22.810 de 22 de junio de 1995.

u) de la comercialización de árboles talados de bosques artificiales y cuya siembra en plantones se realice dentro de los siete (7) años contados a partir del 24 de arzo de 1986, en la medida en que estas siembras se hubieran realizado previo concepto favorable de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 2 de 1986;

v) de la comercialización de productos extraídos de plantaciones forestales, hasta el corte final de la plantación forestal y cuyo establecimiento se realice dentro de los veinticinco (25) años contados a partir del 27 de noviembre de 1992, en la medida en que los propietarios de estas plantaciones estén inscritos en el Registro Forestal de Recursos Naturales Renovables, según lo establece el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No.89 de 8 de junio de 1993;

x) de bonos, acciones y valores de sociedades dedicadas a la reforestación u sus actividades derivadas y afines y las ganancias que se obtengan en la enajenación de estos bonos, acciones y valores, siempre que se cumpla con lo determinado por el Decreto Ejecutivo No.89 de 8 de junio de 1993;

y) de las utilidades derivadas de los bienes, dineros, acciones y valores, a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 35 de la Ley No.1 de 5 de enero de 1984, cuando los mismos sean invertidos en viviendas, proyectos de desarrollo habitacionales o de desarrollo urbanístico de parques industriales en la República de Panamá; y

z) de toda otra renta exonerada por ley especial.

 

Artículo 14.- Personas exoneradas.

Están exonerads del impuesto las rentas percibidas o devengadas por:

a) personas naturales o jurídicas que gocen de tal exoneración en virtud de tratados públicos o de contratos autorizados o aprobados por ley;

b) el Estado, los municipios, las asociaciones de municipios y las instituciones estatales autónomas o semiautónomas;

c) las iglesias de cualquier culto o seminarios conciliares y sociedades religiosas o de beneficencia, cuando las rentas se obtengan por razón directa del culto de de la beneficencia. Las entidades anteriores y las mencionadas en el literal d) siguiente, acreditarán su carácter de entidades exentas del impuesto registrándose en la Dirección General de Ingresos a cuyos efectos presentarán copia autenticada de la autorización expedida por el Ministerio respectivo. Cualquier modificación del pacto social o de los estatutos de tales entidades deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección General de Ingresos dentro del mes siguiente a su aprobación;

ch) los asilos, hospicios, orfanatos, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, reconocidas como tales, siempre que las rentas se dediquen exclusivamente a la asistencia social, la beneficencia pública, la educación o el deporte. Para los efectos anteriores, se estimará la inexistencia de fines de lucro cuando, conforme a sus estatutos, las rentas y el patrimonio social de las entidades o instituciones se destinen a los fines de su cración y en ningún caso se distribuyan directa o indirectaente entre los socios, accionistas o asociados.

d) el personal extranjero del cuerpo diplomático acreditado en la República de Panamá;

e) el personal extranjero de cuerpo consular acreditado en la República de Panamá, salvo que pertenezcan a un país en el cual se cobre al personal de los consultados panameños cualquier impuesto que grave sus remuneraciones;

f) las instituciones oficiales y semioficiales de organismos internacionales y de gobiernos extanjeros;

g) los inversionistas extranjeros por los intereses que reciban, siempre y cuando el capital sobre el cual se pague el interés sea destinado exclusivamente a la construcción de viviendas para personas de escasos recursos según lo determine el Ministerio de Vivienda y el préstamo del capital sea garantizado por gobiernos o instituciones gubernamentales extanjeras;

h) las instituciones estatales y privadas de investigación y extensión agropecuaria que no tengan fines lucrativos, por las sumas donadas para el desarrollo de sus programas y que tiendan a mejorar los sistemas de transferencia de tecnología;

i) los artistas o agrupaciones de música clásica contratados por asociaciones sin fines de lucro, inscritas en el registro que para tal fin llevará el Instituto Nacional de Cultura, que tengan como exclusiva actividad la promoción, ejecución y difusión de los valores culturales, musicales y artísticos y que dediquen el producto de la actividad respectiva a estos fines, previa autroización emitida por la Dirección General de Ingresos y sólo por el monto de esa remuneración;

j) los productos agropecuarios que tengan ingresos brutos anuales menores de Cien Mil Balboas (B/.100.000.00).

k) las asociaciones cooperativas amparadas por la Ley No.38 de 22 de octubre de 1980, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 89 del Decreto No.31 de 6 de noviembre de 1981;

l) las empresas industriales amparadas en la Ley No.3 de 20 de marzo de 1986, incluyendo a las industrias de ensamblaje, que destinen el total de su producción a la exportación, con excepción de las industrias extractivas o que exploten recursos naturales del país. Las empresas que produzcan parcialmente para la exportación, excluídas (sic) las de ensamblaje, gozarán del referido beneficio en relación directa y proporcional a la producción que efectivamente destinen a la exportación. También estarán exoneradas del impuesto las rentas derivadas de las ventas de materias primas, productos semielaborados, envases y empaques de manufactura nacional, siempre que tales bienes sean las únicas ventas realizadas por el contribuyente y sean suministrados exclusivamente a empresas que destinen no menos del noventa por ciento (90%) de sus productos a la exportación;

ll) las empresas industriales amparadas en la Ley No.3 de 20 de marzo de 1986, establecidas o que se establezcan en los distritos de David, Renacimiento, Santiago, Chitré, Bugaba, La Chorrera, Los Santos, Las Tablas, Aguadulce, Natá, Penonomé y en la Provincia de Colón, además del beneficio señalado por el literal b) del artículo 9 de dicha Ley, estarán exoneradas durante los primeros cinco (5) años de producción de la empresa, del cien por ciento (100%) del impuesto sobre la renta y del cincuenta por ciento (50%) durante los tres (3) años subsiguientes, respecto de las ganancias provenientes de sus ventas al mercado doméstico;

m) las empresas que se acojan al régimen de Zonas Turísticas Especiales establecido por el Decreto de Gabinete No.102 de 20 de junio de 1972, estarán exoneradas del pago del cien por ciento (100%) del impuesto sobre la renta durante un período de trece (13) años contados a partir de la fecha de la firma del contrato con la Nación ;

n) las micro y pequeñas empresas comprendidas en la Ley No.9 de 19 de enero de 1989, sin perjuicio de los beneficios que otorga la Ley No.3 de 20 de marzo de 1986, estarán exoneradas del cien por ciento (100%) del impuesto sobre la renta durante los primeros cinco (5) años, del stenta y cinco por ciento (75%) durante los cinco (5) años subsiguientes y del veinticinco por ciento (25%) durante el resto de la existencia del negocio. Las empresas perderán el beneficio anterior y los otros beneficios concedidos por la mencionada Ley, si dentro de los dos (2) años siguientes a su inscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa Manufacturera del Ministerio de Comercio e Industrias, ocupan menos de dos (2) trabajadores. Las empresas deberán cumplir con todas las condiciones y requisitos establecidos por la referida Ley No.9 de 1989;

ñ) las empresas que se acojan al régimen establecido por la Ley No.8 de 16 de junio de 1987, mediante la celebración de contratos de exploración y explotación, estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta por las utilidades provenientes de sus actividades durante los primeros quince (15) años de producción o hasta que recuperen la totalidad de la inversión inicial, cualquiera que ocurra primero. De ahí en adelante el contratista pagará en concepto de impuesto sobre la renta y en sustitución de cualquier otro impuesto sobre ingresos al cual esté sujeto como resultado de sus operaciones bajo este tipo de contrato, el veinticinco por ciento (25%) de la producción neta de hidrocarburos, el cual será retenido por el Estado e incluído (sic) dentro del cincuenta por ciento (50%) que retiene el Estado según el artículo 47 de la referida Ley No.8 de 1987;

o) las empresas manufactureras, ensambladoras, de procesamiento de productos terminados o semielaborados que impliquen un valor agregado local, de exportación de servicios y las de servicios generales, que se establezcan en las Zonas Procesadoras para la Exportación a que se refiere la Ley No.25 de 30 de noviembre de 1992, estarán exoneradas del cien por ciento (100%) del impuesto sobre la renta derivada de sus actividades dentro de las referidas zonas. No gozarán de la exoneración las personas extranjeras cuando la legislacón de sus respectivos países les permita deducir o acreditar, de los impuestos a pagr en su país de origen, el impuesto sobre la renta pagado en Panamá; y

p) toda otra persona expresamente exonerada por ley especial.

Artículo 15.- Exoneración según el monto de la renta neta gravable.

Está exonerada la renta neta gravable de las personas naturales que no exceda de Tres Mil Balboas (B/.3,000.00) anuales.

Artículo 16.- Están sujetas al impuesto las remuneraciones recibidas por los trabajadores de misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de organismos internacionales.

Están sujetos al impuesto sobre la renta los salarios, honorarios, sueldos y demás remuneraciones personales que reciban los ciudadanos panameños y los extranjeros residentes en Panamá que presten sus servicios en las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, así como en organismos internacionales, siempre que no formen parte del respectivo personal debidamente acreditado, el cual se rige por la Convención de Viena y el Decreto de Gabinete No.280 de 1970.

También están sujetas al impuesto, las remuneraciones por servicios percibidos de personas o entidades exentas, salvo que tales remuneraciones se encuentren expresamente exentas del impuesto por disposición del Código Fiscal o de leyes especiales.

Texto del artículo 16 tal como quedó modificado por el Decreto Ejecutivo N 198 de 22 de diciembre de 1993. Gaceta Oficial N 22.443 de 30 de diciembre de 1993.

Artículo 17.- Contabilización de rentas gravables y exentas.

El contribuyente obligado a llevar libros de contabilidad, que obtengas rentas gravables y exentas, deberá registrarlas en forma separada.

 

CAPITULO IV

RENTA GRAVABLE

SECCION PRIMERA

CONCEPTO DE RENTA GRAVABLE

Artículo 18.- Concepto.

Renta gravable del contribuyente es la diferencia que resulta al restar de la renta bruta los costos y gastos deducibles.

SECCION SEGUNDA

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES

Artículo 19.- Principios generales.

El contribuyente podrá deducir los costos y gastos en que incurra en el año fiscal necesarios para la producción de la renta de fuente panameña o para la conservación de su fuente.

Son gastos para la conservación de la fuente de ingresos los que se efectúen para mantenerla en condiciones de trabajo, servicio o producción, sin que la fuente aumente de valor por razón del gasto.

Son gastos necesarios para la producción de la renta, los demás indispensables para obtener la renta.

Además de cumplir con lo establecido en los párrafos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 de este Decreto, para ser deducible el gasto debe haber sido efectivamente realizado o causado y estar debidamente documentado mediante factura o documento equivalente legalmente emitido. No serán deducibles los gastos en que se incurra con posterioridad a la obtención de las rentas, motivados por el empleo o destino que se le da a la renta después de obtenida.

Los gastos deberán atribuirse, según corresponda, a la renta gravable, a la exenta o a la de fuente extranjera. Cuando el gasto se realice para obtener indistintamente renta gravable y renta exenta o de fuente extranjera, sólo será admisible su deducción en la proporción respectivo, conforme a los comprobantes y a la contabilidad del contribuyente. A falta de éstos o en el caso de que la contabilidad no refejara un resultado acorde con la realidad o por cualquier otro motivo las proporciones no pudieran determinarse con claridad según tales comprobantes, la porción deducible se establecerá proporcionalmente a los ingresos totales de los referidos tipos de rentas.

Cuando se recupere un gasto que haya incidido en la determinación de la renta neta gravable de un año o años anteriores, el importe de la recuperación deberá rebajarse del total de costos y gastos deducibles en el año de la recuperación.

Artículo 20.- Contabilidad de ingresos y gastos.

El contribuyente computará sus ingresos, costos y gastos en el año fiscal según el sistema habitual de contabilidad que siga, sea el fiscal según el sistema habitual de contabilidad que siga, sea el sistema denominado "devengado" o el de lo "recibido". El sistema deberá ser homogéneo para los ingresos y para los gastos. Adoptado un sistema, el contribuyente podrá cambiarlo, haciendo los ajustes correspondientes en el año fiscal y poniendo previamente el cambio en conocimiento de la Dirección General de Ingresos.

Artículo 21.- Reglas para deducir gastos únicamente en el mismo año fiscal.

Los gastos correspondientes a un (1) año fiscal no podrán deducirse de la renta de ningún año posterior, salvo los gastos que por su propia naturaleza no fueran determinables con exactitud en el año en que debieron ser deducidos. En este caso, el gasto puede ser deducido únicamente en el año en que se determina el monto exacto del mismo.

Cuando por cualquier causa el contribuyente deje de deducir gastos correspondientes a un (1) año fiscal, los mismos podrán deducirse sólo mediante una declaración rectificativa del correspondiente año fiscal.

No obstante lo anterior, el contribuyente no podrá deducir los siguientes gastos, sino en el año fiscal en que efectivamente los pague:

a) en el caso de que el contribuyente sea persona jurídica, los gastos deducibles en que incurra frente a sus directores, dignatarios, ejecutivos y accionistas o frente a los cónyuges o parientes de tales personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o frente a otras personas jurídicas subsidiarias del contribuyente o afiliadas a éste;

b) en el caso de que el contribuyente sea persona natural, los gastos deducibles en que incurra frente a su cónyuge o parientes del contribuyente o de su cónyuge dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o rente a personas jurídicas controladas por éstos o por l contribuyente.

Para los efectos de los dos literales anteriores, se reputa:

1. Afiliada: persona jurídica dirigida o controlada económica, financiera o administrativamente, de manera directa o indirecta, por el contribuyente.

2. Subsidiaria: persona jurídica controlada o dirigida por el contribuyente directamente, o por intermedio o con el concurso de una o varias afiliads del contribuyente o de personas jurídicas vinculadas al contribuyente o a las afiliadas de éste.

Las normas contenidas en los literales a) y b) precedentes no son aplicables en el caso de que los contribuyents a que ellas se refieren sigan el mismo sistema habitual de contabilidad y registren las partidas de que se trate en el mismo año fiscal.

Artículo 22.- Costos y gastos no documentados.

Cuando un costo o gasto carezca de la factura o documento equivalente emitido de acuerdo con los requisitos legales, el mismo no podrá deducirse. Sin embargo, si el costo o gasto cumple con las demás condiciones establecidas en el artículo 19 de este Decreto, podrá ser deducido si el contribuyente lo comprueba a satisfacción de la Dirección General de Ingresos.

No obstante, se admitirá la dedución de gastos documentados por los contribuyentes en razón de compras y servicios recibidos por personas que carezcan de la debida organización administrativa y contable para cumplir a cabalidad con la obligación de documentar sus operaciones.

 

SECCION TERCERA

ENUNCIACION DE GASTOS DEDUCIBLES

Artículo 23. Remuneraciones por trabajos o servicios.

Serán deducibles las remuneraciones que se paguen o acrediten los trabajadores del contribuyente, siempre que el trabajador preste efectivamente sus servicios para la producción de renta grvable o conservación de su fuente, y en tanto el salario pagado sea proporcional a la cantidad y calidad del trabajo prestado. La Dirección General de Ingresos establecerá como parámetro el salario promedio existente en la actividad económica del contribuyente. (Artículo 34 del Decreto 60 de 1965)

El contribuyente podrá deducir el doble del salario devengado por los trabajadores discapacitados a su servicio, hasta un importe máximo de seis (6) meses de salario del discapacitado en cada año fiscal. Si el trabajador discapacitado prest servicios durante menos de seis (6) meses en un mismo año fiscal, el contribuyente podrá deducir como gasto el salario mensual efectivamente devengado por el trabajador y una suma adicional equivalente a dicho salario mensual. Para tener derecho a esta deducción adicional, el contribuyente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo No.88 de 7 de junio de 1993.

Artículo 24.- Dietas.

En los casos de dietas que algunas personas devengan por la concurrencia a sesiones de consejos o juntas directivas, el importe de las mismas será deducible cuando las sesiones hayan sido efectivamente realizadas y que conste en actas firmadas por el secretario.

Artículo 25.- Aguinaldos, bonificaciones y otras remuneraciones extraordinarias.

Serán deducibles para el empleador:

a) Las ganancias que voluntariamente distribuya a sus trabajadores. Esta deducción en los casos de trabajadores que sean parientes del empleador dentro del cuarto grado de consanguinidad y de afinidad o tengan más del quince por ciento (15%) de las acciones o de la participación en la empresa, quedará limitada al equivalente a un mes de sueldo.

b) Las sumas pagadas o acreditadas voluntariamente a los trabajadores del contribuyente en concepto de bonificacines y aguinaldos, no podrán exceder en total, para los efectos de la deducción, del equivalente a un mes de sueldo del trabajador, siempre que éste no exceda de setecientos cincuenta balboas (B/.750.00), salvo que las mismas hayan sido previamente pactados en contratos de trabajo o acuerdos de la junta directiva de la empresa. En este caso, la deducibilidad no estará condicionada a los límites aquí establecidos.

Artículo 26.- Prestaciones laborales.

Son deducibles las indemnizaciones y demás prestaciones laborales previstas en la legislación y pagadas efectivamente por el contribuyente, en cuanto las mismas no estén cubiertas por seguros.

Parágrafo 1. En el caso de la prima de antigüedad establecida por el artículo 224 del Código de Trabajo, los contribuyentes que no se incorporen a cualquiera de los fondos mencionados en el artículo 27 de este Decreto, podrán optar por cargr a ganancias y pérdidas los importes pagados en el año fiscal en concepto de la prima de antigüedad o asignar una partida anual para constituir una reserva destinada a hacer frente al pago de la misma. En el caso de que opte por la reserva, el contribuyente podrá deducir anualmnte el uno con noventa y dos por ciento (1.92%) del total de la planilla de sueldos, salarios, gastos de representación y otras compensaciones que pague a sus trabajadores.

Si al momento de entrar en vigencia este Decreto, el contribuyente tiene en su planilla trabajadores con derecho adquirido a la prima de antigüedad, el importe que en su día pague por este concepto a dichos trabajadores será imputado, en primer lugar, a ganancias y pérdidas por la parte correspondiente al compromiso adquirido con anterioridad a la fecha de vigencia de este Decreto.

Parágrafo 2. Los contribuyentes que se incorporen a cualquiera de los fondos mencionados en el artículo 27 registrarán como gasto anual en concepto de la prima de antigüedad, el cómputo actuarial establecido que determine la institución con la cual se hayan inscrito según la Ley No.17 de 31 de marzo de 1975.

Parágrafo 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo final del parágrafo 1 de este artículo, los importes que se paguen en concepto de prima de antigüedad se imputarán a la reserva hasta agotar la misma, cargando a ganancias y pérdidas el valor de tales gastos que no sean cubiertos con la reserva.

Cuando se disuelva una sociedad o terminen las operaciones del contribuyente, una vez cubierta la prima de antigüedad que legalmente corresponda pagar, el saldo no utilizado de la reserva se considerará como renta gravable en el año fiscal en que ocurran aquellas circunstancias.

Artículo 27.- Formación de fondos para jubilaciones, pensiones y otros beneficios.

Las asignaciones para la formación de fondos para pagar jubilaciones, pensiones y otros beneficios similares a los trabajadores, podrán ser deducidas como gastos por el contribuyente en cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando los planes de su constitución y administración:

1) Hayan sido aprobados por la Caja de Seguro Social, la que para otorgar la autorización deberá verificar la solvencia y factibilidad del plan propuesto y que se encuadre dentro de los propósitos que integran el sistema de la Caja de Seguro Social;

Mediante Sentencia proferida el 31 de octubre de 1994, la Corte Suprema de Justicia, Sala 3a. de lo Contencioso-Administrativo, declaró NULO POR ILEGAL el ordinal 1) del literal a) del artículo 27 del Decreto Ejecutivo N 170 de 1993, por contravenir el artículo 2 de la Ley 10 de 16 de abril de 1993.

2) se contituyan mediante un fideicomiso exclusivamente con tal propósito y sea administrado de manera ajena a las actividades regulares de la empresa.

Las prestaciones que reciban los beneficiarios conforme a este tipo de plan privado estarán sujetas al impuesto sobre la renta.

b) cuando los fondos o planes se ajusten a las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley No.10 de 6 de abril de 1993, con sujeción al límite indicado en el artículo 7 de dicha ley.

Si se trata de aportes individuales provenientes de planes individuales, el contribuyente podrás deducir su contribución o aporte al plan, pero la porción deducible de los aportes anuales no podrá ser superior al diez por ciento (10%) de su ingreso bruto anual, ya sea que estos aportes se han a uno o más planes.

El beneficiario pagará el impuesto sobre la renta sobre el equivalente a los aportes que se hayan realizado al fondo al momento de recibirlo en su totalidad o se comiencen a hacer efectivos los pagos periódicos del fondo.

Artículo 28.- Impuestos.

Los impuestos nacionales y municipales que afecten los capitales, ventas y demás operaciones vinculadas a la actividad productora de renta gravable, son deducibles en el año fiscal en que se causen. También es deducible el impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles con crédito fiscal (I.T.B.M.), en los casos previstos en la parte final de los artículos 26 y 28 del Decreto No.59 de 24 de marzo de 1977.

No son deducibles el impuesto sobre la renta, ni el importe de las sanciones pecuniarias e intereses causados por violación de normas jurídicas.

Artículo 29.- Arrendamientos.

La deducción de los arrendamientos de bienes mueble o inmuebles, es admisible por la parte de dichos bienes afectada directamente a la producción de renta gravable. Si dicha parte no pudiera establecerse por la contabilidad y documentación del contribuyente, se determinará proporcionalmente a los ingresos afectados a las actividades gravables, exentas y de fuente extranjera.

En ningún caso es deducible valor alguno que se atribuya al espacio ocupado por el contribuyente que realiza su actividad en inmuebles de su propiedad.

Artículo 30.- Regalías

Son deducibles las regalías pagadas o acreditadas.

Se entiende por regalías los pagos, cuotas, porcentajes o compensaciones otrogados a terceros por el derecho del uso de patentes, invenciones, fórmulas, procesos, técnicas, marcas de fábrica o cualquier otra propiedad de derecho reservado o registrado.

Artículo 31.- Reparaciones y mantenimiento.

Son deducible las reparaciones, mantenimiento o mejoras no permanentes de los activos que utilice el contribuyente en su actividad y que no constituyan importes capitalizables en concepto de adición, mejoras o sustitución de los bienes.

Artículo 32.- Cuentas incobrables.

El contribuyente podrá deducir las cuentas incobrables otando por uno de los siguientes dos sistemas:

a) cargando anualmente a ganancias y pérdidas el valor de dichas cuentas en el año fiscal; o

b) cargando anualmente una cifra a ganancias y pérdidas para la constitución de una reserva destinada a hacer frente a contingencias de esa naturaleza, según lo establecido en el artículo 34 de este Decreto.

Adoptado el sistema de la reserva, el contribuyente podrá cambiarlo haciendo los ajustes necesarios a fin de que las imputaciones a la cuenta de ganancias y pérdidas sólo puedan hacerse una vez agotada la reserva constituida con anterioridad y poniendo previamente el cambio en concocimiento de la Dirección General de Ingresos.

Artículo 33.- Requisitos para la imputación anual de las cuentas incobrables a ganancias y pérdidas.

Para poder cargar anualmente las cuentas incobrables a ganancias y pérdidas, éstas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) haber sido cuentas productoras de renta gravable;

b) estar debidamente contabilizadas y haber sido computadas como renta bruta; y

c) que el contribuyente compruebe la insolvencia del deudor o la prescripción de la deuda. Serán pruebas de insolvencia del deudor, entre otras, la mora superior a un (1) año, la cesación de pagos, la quiebra, la desaparición o paralización de operaciones del deudor o la iniciación del cobro judicial.

En el caso de que la cuenta incobrable sea deducida como gasto y fuera recuperada totasl o parcialmente en el futuro, el importe recuperado deberá rebajarse del total de costos y gastos deducibles en el año de la recuperación.

Artículo 34.- Constitución de una reserva para cuentas incobrables.

Si de acuerdo con el artículo 32 de este Decreto el contribuyente optare por el sistema de constituir una reserva para hacer frente a las partidas incobrables, sólo será deducible como gasto anual una provisión equivalente al uno por ciento (1%) del total de las ventas al crédito de bienes o prestaciones de servicios realizadas en cada año fiscal. En ningún momento, el saldo de la reserva podrá ser mayor del diez por ciento (10%) del saldo de las cuentas y documentos por cobrar comerciales al finalizar el año fiscal, sin incluir los saldos de las cuentas por cobrar a personas o entidades mencionadas en el artículo 36 de este Decreto.

El contribuyente imputará a la reserva las cuentas incobrables que se produzcan el el año fiscal, sin perjuicio de cargar a ganancias y pérdidas las cuentas incobrables no cubiertas por la reserva. Sólo podrán imputarse a la reserva y, en su caso, a la cuenta de ganancias y pérdidas, las partidas incobrables que cumplan con los requisitos de los literales a), b) y c) del artículo anterior.

Si la cuenta incobrable es recuperada total o parcialmente en el futuro, el importe recuperado deberá rebajarse del total de costos y gastos deducibles en el año de la recuperación.

Si en un año fiscal el saldo de la reserva excede del diez por ciento (10%) del saldo de cuentas por cobar, las asignaciones adicionales que efectúe el contribuyente no serán deducibles y el mismo deberá ajustar el monto de la reserva a dicho límite. El exceso de la reserva deberá rebajarse del total de costos y gastos deducibles en el año fiscal en que se produzca.

Artículo 35.- Tratamiento de los préstamos incobrables en el caso de bancos e instituciones financieras.

Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 36 de este Decreto, los bancos y entidades comprendidos en el Decreto de Gabinete No.238 de 2 de julio de 1970 y las entidades financieras comprendidas en la Ley No.20 de 24 de noviembre de 1986, podrán deducir como gastos el monto de los préstamos que consideren incobrables y que carguen a ganancias y pérdidas en sus libros de contabilidad en el año fiscal correspondiente, siempre que los mismos cumplan con las condiciones previstas en el literal a) del artículo 33 de este Decreto y en la parte no garantizada con depósitos de dinero o derechos reales. En el caso de que el préstamo haya sido deducido como gasto y fuera recuperado total o parcialmente en el futuro, el importe recuperado del monto de los préstamos, deberá rebajarse del total de costos y gastos deducibles en el año fiscal en que se registre la recuperación.

Artículo 36.- Cuentas incobrables no deducibles.

No son deducibles las cuentas incobrables provenientes de deudas contraídas (sic) entre:

a) cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

b) una sociedad colectiva, en comandita simple o de responsabilidad limitada y sus respectivos socios;

c) sociedades en comandita por acciones o anónimas, y sus directores, dignatarios o principales accionistas, o los cónyuges o parientes de ellos dentro del cuarto grado de onsanguinidad o segundo de afinidad; y

ch) sociedades afiliadas y subsidiarias, tal como las mismas se definen en el artículo 21 de este Decreto.

Tampoco se admitirá la deducción de cuentas contra el Tesoro Nacional, entidades estatales o municipios, salvo que se trate de créditos prescritos.

Artículo 37.- Pérdidas por dños en los bienes.

Son deducibles las pérdidas producidas por deterioro, perjuicio, destrucción, extravío, rotura o descomposición de bienes productores de renta gravable, ocasionados por fuego, inundación, delito, tornado, terremoto, o por cualquier otra causa fortuita o de fuerza mayor, en el importe no cubierto o no compensado por seguro o por indemnización.

Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, para que la pérdida sea deducible se deberá comprobar la existencia del daño y, en el caso de delito, la preexistencia de la especie desaparecida y que se haya puesto el hecho en conocimientode las autoridade competentes.

Artículo 38.- Gastos de transporte, alimentación y hospedaje.

Es deducible para el empleador el importe de los gastos de transporte, alimentación y hospedaje que se efectúen dentro y fuera del país, siempre y cuando sean necesarios para la producción de la renta gravable o la conservación de su fuente y guarden proporción con la naturaleza de la actividad que desarrolla el contribuyente. De igual forma, el trabajador podrá deducir tales gastos cuando no se requiera rendición de cuentas en forma alguna.

Los contribuyentes que utilicen vehículos de su propiedad para la realización de actividades poductoras de renta gravable, podrán deducir la totalidad de los gastos requeridos para el funcionamiento y mantenimiento de los vehículos.

No es deducible el gasto de transporte del contribuyente desde su domicilio a su oficina o lugar de trabajo y viceversa.

Artículo 39.- Honorarios por servicios profesionales y técnicos.

Se considerarán gastos deducibles los honorarios por servicios profesionales y técnicos que cumplan con las condiciones siguientes:

a) que el servicio profesional o técnico haya sido efectivamente prestado, no bastando para su comprobación el pago del mismo ni la existencia del contrato;

b) en el caso de honorarios profesionales, que el servicio haya sido prestado por profesionales idóneos; y

c) en el caso de servicios técnicos, que el servicio haya sido prestado por personal calificado.

En todos los casos, deberá existir una relación entre el beneficio recibido por el contribuyente y el valor de los honorarios por servicios profesionales o técnicos efectivamente prestados.

Artículo 40.- Gastos de representación.

Serán deducibles para el contribuyente los gastos de representación que se paguen como remuneración adicional al sueldo, salario o retribución regular del trabajador. El trabajador deberá adicionar dichas partidas a su renta bruta y podrá deducir como gasto el veinticinco por ciento (25%) de las asignaciones hasta un máximo de seis mil balboas (B/.6,000.00) al año.

No obstante, sobre los pagos realizados por las instituciones públicas en concepto de gastos de representación, no podrá practicarse la deducción del veinticinco por ciento (25%) antes señalada, por estar sujetos a la retención definitiva de cinco por ciento (5%) en concepto de impuesto sobre la renta.

Artículo 41.- Gastos de atención a clientes y promoción de negocios.

Son deducibles los gastos de atención a clientes y de promoción de negocios, debidamente comprobados, en que se incurra durante el curso normal de sus actividades.

No son deducibles los gastos en que se incurra o se paguen para mantener o sufragar actividades de entretenimiento, festejos, recreo o expansión del contribuyente.

Artículo 42.- Gastos deducibles en arrendamientos.

De la renta bruta que se obtenga de los arrendameintos, podrán deducirse:

a) los impuestos nacionales y municipales que graven el inmueble;

b) la depreciación de edificios, apartamentos, condominios, casas y otras construcciónes y, en su caso, de los biene muebles arrendados;

c) los gastos de mantenimiento de los inmuebles arrendados y sus reparaciones, en tanto no constituyan mejoras substanciales de los mismos;

ch) los gastos de administración cuando la misma esté a cargo de un tercero;

d) los gastos comunes de los condominios arrendados;

e) los sueldos y remuneraciones personales pagados a empleados y profesionales y las prestaciones sociales de los mismos;

f) los gastos por suministros de servicios comunes, tales como luz eléctrica, teléfono y agua, así como las primas de seguros, cuando no estén a cargo de los arrendatarios;

g) el valor del arrendamiento del terreno cuando éste no pertenezca al dueño de la mejora construida en dicho terreno;

h) partidas incobrables en concepto de cánones de arrendamiento, considerándose tales los que tengan una morosidad mayor de un (1) año;

i) intereses por préstamos contratados para la construcción, adquisición, mejoras o reparación del inmueble arrendado; y

j) cualquier otro gasto relacionado con la producción de la renta gravable o la conservación de su fuente.

Artículo 43.- Gastos deducibles en subarrendamientos.

De la renta bruta que se obtenga de los subarrendamientos, podrán deducirse los siguientes gastos:

a) los arrendamientos que paguen los subarrendadores; y

b) los gastos a que se hace referencia en el artículo anterior, siempre y cuando se encuentren a cargo del subarrendador y que no hayan sido transferidos al subarrendatario.

Artículo 44.- Gastos deducibles de compañías de seguros.

De la renta bruta de las compañías de seguro a que se refiere el artículo 5 de este Decreto, se deducirá lo pagado por concepto de:

a) siniestros;

b) pólizas dotales y contratos vencidos;

c) rentas vitalicias;

ch) beneficios especiales sobre pólizas vencidas;

d) rescates;

e) gastos por ajustes de siniestros;

f) devoluciones de primas;

g) reclamaciones;

h) primas cedidas a reaseguradores y reafianzadores;

i) contratos premiados en sorteos;

j) comisiones por reaseguros o refianzamientos tomados;

k) el saldo que al final del ejercicio tengan las reservas técnicas ordenadas por el artículo 25 de la Ley No.55 de 20 de diciembre de 1984; y

m) los demás gastos ocasionados en la producción de la renta gravable o la conservación de su fuente.

Entre otros gastos, las compañías reaseguradoras podrán deducir las reservas técnicas legalmente admitidas, las reservas por siniestros ocurridos pendientes de reclamación o en trámite de pago, las reservas para riesgos catastróficos o de contingencia autorizados por la Comisión Nacional de Reaseguros y las demás reservas autorizadas por la Comisión Nacional de Reaseguros.

Artículo 45.- Deducción de costos y gastos en las rentas vitalicias.

Los beneficiarios de rentas vitalicias gravables podrán deducir el cincuenta por ciento (50%) del importe anual de dichas rentas hasta la recuperación total del capital invertido. Cuando se haya recuperado el valor de la inversión efectuada para constituir la rent vitalicia, cualquier ingreso que se obtenga por concepto de ésta deberá ser computado íntegramente como renta bruta del beneficiario.

Artículo 46.- Deducción en el caso de cesión de activos intangibles.

Los que han cedido activos intangibles por un precio global pagadero de una sola vez, podrán deducir como costo el valor invertido en la adquisición de tal activo o, en su caso, los gastos en que hayan incurrido para su registro, inscripción o similares.

Si, por el comentario, el precio de la cesión o del arrendamiento del activo intangible se paga en cuotas, el contribuyente considerará como costo una proporción del importe de cada cuota que reciba en el año fiscal.

A los efectos del párrafo anterior y para determinar la proporción de costo de cada cuota, se procederá como sigue:

a) si de la operación o contrato de cesión o de arrendamiento o por cualquier otro medio puede determinarse el valor total de las cuotas a recibir, el costo anual de cada cuota estará dado por la relación que exista entre el costo total y el valor total de las cuotas a recibir. Este porcentaje se aplicará a las cuotas que reciba el contribuyente en cada año fiscal;

b) si no pudiere determinarse por ningún medio el valor total de las cuotas a recibir, como en el caso de regalías sin plazo de duración del contrato, se presume que el contribuyente tiene un costo igual al diez por ciento (10%) de cada cuota que reciba en el año fiscal, que podrá deducir hasta la completa recuperación del captial invertido.

Artículo 47.- Donaciones.

Son deducibles para el contribuyente los gastos o erogaciones en concepto de donaciones en dinero o en especie:

a) entidades del Gobierno Central, entidades autónomas, semiautónomas y organismos descentralizados del Estado, así como a municipios y juntas comunales;

b) igleseias de cualquier culto o seminarios conciliares y sociedades religiosas o de beneficencia, asilos, hospicios, orfanatos, instituciones educativas y fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, expresamente reconocidas por la Dirección General de Ingresos, la que para otorgar tal reconocimiento deberá tomar en consideración que las mismas hayan sido previamente aprobadas para esos fines por el Ministerio competente. También son deducibles las cuotas pagadas por el contribuyente en concepto de afiliación a las referidas entidades;

c) partidos políticos o a candidatos a puestos de elección popular. Cada contribuyente podrá deducir, en cada período fiscal, hasta un monto total de Diez Mil Balboas (B/.10,000.00); y

ch) otras entidades previstas en la ley.

Cuando la donación sea en especie, el valor de la misma en el caso de bienes nuevos será el costo de adquisición según factura. Tratándose de bienes usados, el valor de la donación será el valor de costo menos la depreciación acumulada.

Las donaciones en tiempo o en espacio en los medios de comunicación social y los servicios que se presten a favor de las personas naturales o jurídicas mencionadas en este artículo, serán deducibles hasta por el valor en que las mismas se hubiesen registrado, facturado y declarado como ingresos por el contribuyente.

Texto del artículo tal como quedó modificado por el artículo 1 del decreto Ejecutivo N 359 de 31 de agosto de 1994 . Gaceta Oficial N 22.613 de 1 de septiembre de 1994

Artículo 48.- Deducción por venta de viviendas de interés social.

El contribuyente podrá deducir de su renta gravable la suma de Mil Balboas (B/.1,000.00) en la primera venta de cada vivienda nueva de interés social prioritario y de Setecientos Cincuenta Balboas (B/.750.00) en la primera venta de cada unidad de vivienda nueva de interés social, cuya construcción se haya iniciado a partir del 17 de febrero de 1990. Para estos efectos se consideran viviendas nuevas de interés social prioritario y de interés social, las que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 4 del Decreto de Gabinete No.44 de 17 de febrero de 1990).

Artículo 48a.- Inversiones indirectas en las actividades agropecuarias y agroindustriales.

Para los efectos del segundo párrafo del literal ch) del artículo 697 del Código Fiscal, sólo son deducibles las inversiones en bonos nominativos en empresas que se dedican a actividades agroindustriales o acuícolas. Esta inversión podrá ser hecha mediante la adquisición de bonos nominativos emitidos por empresas dedicadas a actividades agroindustriales, según el Decreto 7 de 12 de marzo de 1987, o actividades acuícolas.

Las empresas emisoras quedan obligadas a mantener actualizados anualmente los registros contables idóneos referentes a estas inversiones, y a obtener una certificación de un Contador Público Autorizado que indique que los fondos producto de la emisión de bonos a que se refiere este artículo, fueron utilizados en cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley. Dicha certificación deberá mantenerse a disposición de la Dirección General de Ingresos.

Para los efectos del segundo párrafo del literal ch) del artículo 697 del Código Fiscal, también son deducibles las inversiones en accciones nominativas emitidas por empresas que se dedican a actividades agroindustriales, acuícolas o agropecuarias, según el Decreto 7 de 12 de marzo de 1987.

La deducción de que trata este artículo puede ser tomada por el tenedor original del bono nominativo en actividades agroindustriales y acuícolas, o de la acción nominativa, en los dos casos anteriores y en actividades agropecuarias, o por el tenedor posterior, sólo en este último caso, si el tenedor original o los tenedores anteriores no se hubiesen acogido a dicho beneficio.

La aplicación del beneficio múltiple no está permitida, y en caso que se diere, sólo se reconocerá la del primer tenedor.

Texto del artículo 48a.- tal como fue adicionado por el artículo 22 del Decreto Ejecutivo N 274 de 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial N 22.956 de 22 de enero de 1995.

SECCION CUARTA

DEPRECIACIONES

Artículo 49.- Reglas generales.

Las depreciaciones anuales permitidas por razón de desgaste o agotamiento son aquellas efectuadas sobre activos fijos empleados por el contribuyente en su negocio, industria o profesión y en actividades vinculadas con la producción de renta gravable.

Si se tratase de activos fijos dedicados indistintamente a la producción de renta gravable, exenta y de fuente extranjera, las deducciones por depreciaciones serán hechas en la proporción respectiva, tomando en consideración criterios tales como la cantidad de tiempo que dichos bienes se destinen a la producción de cada renta, las unidades producidas o la renta gravable, exenta y de fuente extranjera.

En los casos de bienes cuya incorporación al activo fijo se realiza luego de iniciado el año fiscal o cuya adquisición, construcción o producción se efectúa por etapas, la depreciación que corresponda en el año fiscal se comutará a partir de la fecha en que el bien se destina a la producción de renta gravable.

Artículo 50.- Valor sobre el cual se calcula la depreciación.

El valor del bien sobre el cual se debe calcular la depreciación será el de su costo y, en su caso, el de las mejoras permanentes incorporadas al mismo. El valor del costo incluirá, además del valor de factura, los gastos en que se incurra con motivo de la compra, instalación y montaje del bien, tales como comisiones de compra, gastos de seguro y fletes hasta el lugar de instalación del bien, el impueto de importación y otros relacionados con la compra e instalación y los intereses en que se incurra durante el período de construcción.

Para los activos construídos por o para el contribuyente, los importes capitalizados deben incluir el costo de las unidades completas adquiridas mediante compra, el costo de los materiales de contrucción utilizados, los costos de mano de obra y prestaciones sociales y los costos indirectos que le fueren aplicables, tales como el diseño, la inspección, los impuestos, los intereses ocasionados por préstamos obtenidos específicamente para ese fin y en que se incurra durante el período efectivo de la construcción y hasta el momento en que el activo esté en condiciones de entrar en servicio.

Cuando se introduzcan mejoras de carácter permanente que prolonguen la vida útil del bien depreciable, el valor sobre el cual se calculará la depreciación será el saldo aún no depreciado más el costo de las mejoras. Al introducirse las mejoras se determinará la nueva vida útil del bien y con tal base se establecerá la depreciación.

Cuando se trate de un bien que haya sido adquirido mediante la permuta de otro bien ya usado, más un pago en dinero o en especie, la depreciación se calculará sobre la suma del valor según libros del bien cedido más el monto del pago que se haga, sea en dinero o en especie.

Artículo 51.- Forma de calcular la depreciación.

La depreciación se determinará anualmente calculando el número de años de vida útil económica del bien depreciable, aplicando cualquiera de los siguientes métodos:

a) el directo de de cálculo en línea recta, aplicando un porcentaje fijo sobre el valor del costo original;

b) el de valor decreciente, aplicando un porcentaje fijo sobre el saldo decreciente del valor de costo; y,

c) el de la suma de los dígitos de los años de vida útil dividiendo el valor de costo original entre dicha suma y multiplicando, cada año, el cociente por el dígito de este año, en forma creciente o decreciente.

No obstante, el contribuyente podrá aplicar otros métodos de depreciación para alguno, algunos o todos sus bienes.

En ningún caso se admitirá la depreciación sobre revaluaciones de bienes.

Artículo 52.- Vida útil económica de los bienes depreciables.

La depreciación se calculará tomando en cuenta la vida útil económica de los bienes, que dependerá de la actividad y condiciones en que se utilicen los bienes, los turnos normales de la actividad, la calidad de mantenimiento, las posibilidades de obsolescencia y las tablas de depreciación de reconocodio valor técnico. No obstante, en ningún caso se permitirán vidas útiles económicas menores de tres (3) años para bienes muebles y treinta (30) años para bienes inmuebles.

Se entiende por obsolescencia el desuso o falta de adaptación de un bien a su finción propia, o la inutilidad que pueda preverse como resultado de un cambio de condiciones o circunstancias físicas o económicas, que determinen clara y evidentemente la necesidad de abandonarlo por inadecuado, en una época anterior al vencimiento de su vida útil económica probable. Dada esta circunstancia, el contribuyente podrá optar entre seguir efectuando la depreciación anual del bien obsoleto, de acuerdo con el método que esté aplicando, o no practicar depreciación desde el momento de su retiro y darlo de baja por su valor según libros en ese momento.

Artículo 53.- Compra de negocios con bienes depreciables.

En las transferencias, ventas o fusiones de negocios por un valor global, el contribuyente determinará cuál es el período que resta de vida útil ecnonómica a los bienes depreciables y, con base en los precios de mercado de tales bienes, establecerá la depreciación anual que puede deducir. Igualmente, el contribuyente deberá efectuar una distribución del valor total en los distintos activos fijos adquiridos a base de los valores relativos de tasación u otros métodos adecuados.

Artículo 54.- Depreciación en casos de arrendamientos.

En el caso de mejoras realizadas por el arrendatario, éste podrá depreciar el costo de las mismas tomando como base el plazo del contrato de arrendameinto. Si el arrendatario desocupa definitivamente el local arrendado antes del vencimiento del plazo anteriormente señalado, podrá amortizar el saldo no depreciado de las mejoras en el año fiscal en que se produzca dicha desocupación.

Artículo 55.- Gastos de exploración.

Los gastos de exploración pagados o en que se incurra en el año fiscal son deducibles para los contribuyentes que se dedican a la minería.

El contribuyente también podrá amortizar gastos de esa naturaleza que se hayan diferido o en que se incurra en otras concesiones o zonas investigadas que no constituyan una fuente productora de renta. El plazo mínimo para amortizar los mismos será de cuatro (4) años. En caso de que la actividad cese antes del período establecido, el contribuyente podrá cargar el saldo remanente a ganancias y pérdidas en el último año de producción. En todo caso, el valor del activo diferido se determinará una vez que se haya excluido el valor residual del equipo salvado y otros materiales rescatados.

Artículo 56.- Gastos de investigación y desarrollo.

El contribuyente podrá amortizar los gastos de investigación en que incurra en la búsqueda original y planeada que emprenda con la expectativa de obtener nuevos conocimientos y comprensión científicos o técnicos, que sean útiles en el desarrollo de un nuevo producto, servicio o proceso, o en la realización de una mejora significativa en un producto, servicio o proceso existente.

El contribuyente también podrá amortizar los gastos de desarrollo en que incurra antes de iniciar su producción comercial, en la conversión de descubrimientos u otros conocimientos obtenidos de la investigación, en un plan o concepción para la producción de materiales, productos, procesos, sistemas o servicios nuevos o mejorados substancialmente.

El contribuyente podrá cargar a ganancias y pérdidas los gastos antes descritos en el año fiscal en que se incurra o en un plazo mayor. En el caso de la industria minera, el plazo máximo para la amortización será de cinco (5) años contados a partir del inicio de la producción comercial. La Dirección de Recursos Minerles del Ministerio de Comercio e Industrias certificará la fecha en que se inició la producción comercial.

Artículo 57.- Agotamiento de minas y canteras.

En la explotación de minas, canteras y otros recursos naturales no renovables, se admitirán deducciones por agotamiento en función de las unidades poducidas o extraídas. A tal fin, se calculará el valor del contenido probable de tales yacimientos al día primero del año fiscal y se sumará a las unidades producidas en dicho año. La relación de las unidades producidas en el año y la suma anterior, produce la tasa de amortización para ese año, la cual se aplicará porcentualmente sobre el valor del activo, para obtener la deducción por agotamiento. Esa misma operación se hará en los años siguientes hasta la completa amortización del yacimiento mineral.

El valor del contenido probable de los yacimientos y de las nuevas reservas probadas a que se refiere el párrafo anterior, serán certificados por la Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias.

La deducción por amortización minera no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos netos, después de deducir del ingreso bruto de extracción todos los gastos de operación, con excepción de la amortización minera prmitida. Esta limitación se aplicará por separado a cada lugar en el cual se extraiga el mineral y el ingreso bruto de extracción y los gastos de operaciones se asignarán a cada lugar de acuerdo con las normas de contabilidad financiera. Las deducciones por amortización minera se calcularán independientemente para cada uno de los lugares donde se extraiga el mineral y de acuerdo con la clase de mineral.

Artículo 58.- Agotamiento en explotaciones forestales.

En las explotaciones forestales se admitirá una deducción calculada en función de las unidades extraídas, cuando dicha explotación origine una desvalorización del inmueble o una reducción de su rendimiento económico. Para calcular esta deducción se seguirá el procedimiento indicado en el artículo anterior.

Los costos capitalizados de plantaciones y árboles deben amortizarse dentro del término de vida del rendimiento económico de las cosechas.

Artículo 59.- Gastos de actividades agropecuarias.

En las actividades agrícolas, los gastos de producción ocasionados por una cosecha podrán ser deducidos en el año fiscal en que se incurran o paguen, o podrán ser diferidos y deducidos en el año fiscal en que se obtengan los ingresos provenientes de dicha cosecha. Si dichos ingresos se obtienen en diferentes años fiscales, los gastos de producción podrán ser deducidos en la proporción respectiva.

Los costos y gastos en que se incurra o paguen en la siembra de plantaciones de carácter permanente, deberán ser capitalizados y amortizados en el plazo que determine el contribuyente.

El ganado dedicado a la producción de leche y el hato reporductor de ganado dedicado a la cría, se considerarán activos fijos, siempre que se lleve un sistema contable adecuado que permita acumular su costo, identificándolo por cabeza, lote o grupo de ganado que posea las mismas características y edad. Los animales reproductores se deben depreciar en base a la vida de reproducción que se estima para cada tipo, dependiendo de la experiencia en cada caso individual.

Artículo 60.- Gastos de organización y de preoperación y otras amortizaciones.

El contribuyente tendrá la opción de deducir los gastos de organización y de preoperación en el año fiscal en que se incurran o paguen o en un plazo máximo de cinco (5) años.

También serán deducibles, de acuerdo con las condiciones contractuales en cada caso, las amortizaciones por derechos de llave, concesiones, marcas de fábrica o de comercio, procedimientos de fabricación, patentes industriales, fórmulas y otros activos intangibles similares, cuando tales derechos o procedimientos hayan constituído (sic) renta gravable para los cedentes de los mismos.

 

SECCION QUINTA

COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES

Artículo 61.- Costos y gastos no deducibles.

No son deducibles los costos y gastos que no sean necesarios para la producción de la renta de fuente panameña o para la conservación de su fuente, ni aquellos generados por negocios, actividades o inversiones cuya renta esté exonerada del impuesto.

Entre otros, y sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal y en leyes especiales, no son deducibles:

a) los gastos personales de subsistencia y educación del contribuyente y de su familia;

b) los gastos por razón de edificaciones o mejoras permanentes que aumentan el valor de bienes muebles o inmuebles, entendiéndose que dichas edificaciones o mejoras estarán sujetas a depreciación;

c) los intereses de capitales invertidos por los dueños del negocio;

ch) las sumas retiradas a cuenta de utilidades por el dueño del negocio si se trata de una persona natural;

d) las sumas que excedan de los topes o límites máximos establecidos en este Decreto para gastos deducibles;

e) las utilidades del año fiscal que se destinen al aumento de capitales y a la constitución de fondos de reserva similares cuya deducción no se admite expresamente en el Código Giscal, en leyes especiales o en este Decreto;

f) las donaciones o contribuciones que no revistan el carácter de propaganda o no estén comprendidas en el artículo 47 de este Decreto;

g) las donaciones en tiempo o en espacio en los medios de comunicación social y en servicios que se presten a favor de las personas naturales o jurídicas, que no se encuentren incluidas dentro de los supuestos contemplados en el artículo 47 de este Decreto;

h) los pagos o acreditamientos en concepto de regalías efectuados por contribuyentes establecidos en la Zona Libre de Colón a beneficiarios domiciliados en el exterior;

i) las sumas pagadas a personas que no presten realmente servicios personales al contribuyente;

j) los gastos en que se incurra o se paguen para mantener o sugrafar actividades de entretenimiento, festejos, recreo o expansión del contribuyente; y

k) cualquier otro gasto no especificado en este artículo que no sea indispensable para la producción de la renta o la conservación de su fuente.

Texto del artículo 61 tal como quedó modificado por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N 359 de 31 de agosto de 1994. Gaceta Oficial N 22.613 de 1 de septiembre de 1994.

 

SECCION SEXTA

INVENTARIOS

Artículo 62.- Definición de inventarios.

Se entiende por inventarios:

a) los productos que un negocio posee para la venta en el curso ordinario de sus operaciones;

b) los productos en la etapa de manufactura; y

c) los productos o materias que directa o indirectamente serán utilizados en la producción de mercancía para la venta.

Artículo 63.- Obligación de practicar inventarios físicos.

Todo contribuyente que obtenga renta gravable de la manufactura o elaboración, ensamblaje, transformación, producción, extracción, adquisición o enajenación de materias primas, mercaderías, productos o frutos nacionales o de cualesquiera otros bienes nacionales o extranjeros, de los cuales mantengan normalmente existencias al final del año fiscal, está obligado a practicar un inventario físico al comienzo del negocio y una vez por lo menos durante cada año fiscal.

El inventario de cierre de un año regirá para el próximo venidero a efecto de establecer la comparación entre el monto de las existencias al principio y al final de cada año fiscal.

Artículo 64.- Método para consignar el inventario.

Los inventarios deben consignarse agrupando los bienes conforme a su naturaleza, con la especificación necesaria dentro de cada grupo, indicándose claramente la cantidad, la unidad que se toma como medida, la denominación del bien y sus referencias, el precio de la unidad y el valor total de las unidades. Deben expresarse las referencias de los registros contables de donde se ha tomado el precio correspondiente.

Artículo 65.- Valor de los bienes del inventario.

El valor de los bienes se consignará en el inventario de acuerdo con los métodos que se indican a continuación:

a) Las mercaderías compradas en plaza o importadas se registrarán por su costo, que incluirá el precio de compra, los derechos de importación y otros impuestos sobre las compras, los costos de transporte, manejo y cualesquiera otros atribuíbles (sic) directamente a los costos de adquisición en que se incurra, directa o indirectamente, hasta colocar las mercaderías en el domicilio del comprador.

El costo de los inventarios puede ser determinado en base a cualquiera de los siguientes métodos:

1) valor del costo que corresponda específicamente a la mercadería inventariada;

2) primeras entradas, primeras salidas (PEPS): a través del cual se presume que las primeras unidades adquiridas o producidas son las primeras en venderse, por lo que la existencia al final del ejercicio quedarán valorizadas según el costo de las últimas adquisiciones.

3) costo promedio: mediante el cual las cantidades y costos del inventario al comienzo del período se suman a las compras o producción durante el período y se computa un nuevo costo promedio. El costo de la mercadería vendida y el inventario final se valúan al promedio determinado en esa forma;

4) al por menor: para utilizar este método, el contribuyente deberá mantener registros de sus compras de mercancías con los valores de costo y de precio de venta, así como de sus ventas de mercancías a los precios de venta. El valor de costo del inventario al por menor se determinará de la siguiente forma: a) se obtendrá un cociente, dividiendo el total del costo de la mercancía disponible para la venta, entre el total de la misma a precio de venta; b) dicho cociente se aplicará como porcentaje sobre el inventario físico a precio de venta al final del año fiscal. Para la determinación de este porcentaje se debe considerar el importe de los aumentos y disminuciones de los precios de vnetas sobre los establecidos originalmente, por descuentos, rebajas o incrementos de precios.

b) para las mercaderías elaboradas por el contribuyente se aplicará el costo de producción de los artículos terminados y los artículos que a la fecha del inventario físico estén semielaborados serán valorados de acuerdo con su estado de eleboración.

c) las materias primas serán consignadas al costo de adquisición. Cuando la materia prima provenga de la explotación hecha por el mismo contribuyente, el costo se determinará sin considerar los gastos de exploración y perforación.

ch) para los frutos y productos agrícolas se determinará el costo sumando el alquiler de la tierra, el importe de fertilizantes, semillas, estacas o plantas, los salarios de trabajadores, el costo de pastos, el importe de lubricantes, combustibles y la reparación de maquinaria y todos los gastos en que se incurran o paguen para la obtención de los frutos o productos hasta que estén en condiciones de venta. Cuando resulte impráctico determinar el costo unitario del producto o los costos fluctúan demasiado como resultado de las variacines en la producción, o cuando el producto tenga mercado o realización inmediata, se podrá utilizar preferentemente el valor neto realizable o el precio de venta. No obstante, esta opción no es aplicable al intercambio, quien deberá valorar su inventario sobre las bases del costo de adquisición.

d) el ganado de cría será consignado al precio que tenga al mayoreo en el mercado de la región. El ganado de engorde será valuado, a opción del contribuyente, por su costo de adquisición o por el precio que tenga al mayoreo en el mercado de la región.

Cualquiera que sea el método elegido por el contribuyente, éste deberá ser técnicamente apropiado al negocio de que se trate, aplicado en forma constante y de fácil fiscalización.

Artículo 66.- Otros métodos para determinar el valor del inventario.

El contribuyente podrá consignar en el inventario el valor de los bienes por métodos diferentes a los expuestos en el artículo anterior, siempre que los mismos cumplan con las condiciones establecidas en el último párrafo del referido artículo. No obstante, en ningún caso se admitirá la utilización del método de margen bruto.

Adoptado un método, el contribuyente deberá aplicarlo por un período mínimo de cinco (5) años y, después de dicho plazo, sólo podrá cambiarlo si informa a la Dirección General de Ingresos en oportunidad de la presentación de la declaración jurada anual. En tal caso, el cambio tendrá efecto a partir del año fiscal en que se informe del mismo a la Dirección General de Ingresos.

La Dirección General de Ingresos podrá impugnar el inventario practicado por el contribuyente y adoptar el método que considere más adecuado a la naturaleza del negocio.

 

CAPITULO V

RENTA NETA GRAVABLE

Artículo 67.- Concepto.

La renta neta gravable resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente las rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o promoción y los arrastres de pérdidas, legalmente autorizados. Las personas naturales podrán rebajar, además, las deducciones personales y familiares a que se refiere el artículo 709 del Código Fiscal.

Artículo 68.- Deducción personal básica anual.

a) Cada contribuyente individual tiene derecho a una deducción básica anual de ochocientos balboas (B/.800.00) o a una cifra proporcional por períodos menores.

b) La pareja de cónyuges que declare conjuntamente tiene derecho a una deducción básica anual de mil seiscientos balboas (B7.1,600.00), o a una cifra proporcional por períodos menores.

Se considera pareja de cónyuges la unida por el vínculo del matrimonio o la que lleve vida marital en condiciones de estabilidad y singularidad durante cinco (5) años por los menos, comprobada con dos testigos legalmente idóneos o por otros medios, a satisfacción de la Dirección General de Ingresos y en la forma y momento que esta última establezca.

Cada año fiscal, la pareja de cónyuge puede optar entre declarar conjunta o separadamente, y en cada caso utilizarán la deducción básica que corresponda. Esta opción se ejercerá al momento de presentar al empleador la declaración de deducciones personales y, en el caso de no asalariados, al presentar la declaración jurada anual ante la Dirección General de Ingresos.

Artículo 69.- Deducción por dependientes.

Cada contribuyente individual o cada pareja de cónyuges, tiene derecho a un deducción anual de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) por cada dependiente que sostenga o eduque, siempre que se trate de:

a) parientes en línea recta ascendente o descendente hasta el segundo grado de consanguinidad;

b) menores de dieciocho (18) años de edad;

c) estudiantes no mayores de veinticinco (25) años de edad;

d) incapacitados por causa mental o física;

Se considera que cualquiera de las personas anteriores son sostenidas por el contribuyente individual o por la pareja de cónyuges, cuando, residiendo o no en el país, el ingreso bruto anual de cada uno de ellos sea menor de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00).

Párrafo eliminado en virtud del artículo 5 del Decreto Ejecutivo N 198 de 22 de diciembre de 1993. Gaceta Oficial N 22.443 de 30 de diciembre de 1993.

En el caso de los menores de dieciocho (18) años de edad, el mismo debe, además, vivir con el contribyente o con la pareja de cónyuges. Se requeririá de una certificación expedida por el corregidor o autoridad municipal más cercana al domicilio del contribuyente, para los casos en los cuales el contribuyente no esté obligado a mantener al menor de acurdo con el Código Civil.

Tratándose de un estudiante menor de veinticinco (25) años, el contribuyente o la pareja de cónyuges deberán comprobar la condición de estudiante mediante un certificado expedido anualmente por la institución en que el dependiente cursa sus estudios regulares, el que deberá contener los datos de identificación del dependiente y la naturaleza de los estudios cursados.

Si se trata de una persona mental o físicamente incapacitada, la prueba de dicha incapacidad se probará mediante un certificado expedido por la Caja de Seguro Social o por un médico o por el juez competente, en el que consten los datos de identificación y el domicilio del dependiente y sus situación de incapacidad mental o física para trabajar.

Artículo 70.- Deducciones proporcionales.

Las deducciones anuales a que se refieren los artículos 68 y 69 de este Decreto, se calcularán proporcionalmente para períodos menores, computándose como mes entero la fracción de un mes.

Artículo 71.- Dependientes comunes a varios contribuyentes.

Si un dependiente es común a más de un contribuyent o pareja de cónyuges, por encontrarse compartido su sostenimiento o educación, la deducción deberá ser efectuada íntegramente sólo por uno de los contribuyentes, a opción de los mismos. Si no hubiera acuerdo entre ellos, corresponderá la deducción al que tenga mayores ingresos en el año fiscal y si ambos tuvieren iguales ingresos, la deducción se parcticará proporcionalmente a los ingresos de cada uno.

Artículo 72.- Gastos médicos.

El contribuyente podrá deducir los gastos médicos efectuados dentro del territorio nacional, para él y sus dependientes, siempre que los mismos estén debidamente comprabados a través de facturas expedidas de acuerdo con la ley o por las certificaciones expedidas por las compañías de seguros cuando sea el caso.

Se considerarán gastos médicos:

a) las primas correspondientes a pólizas de seguro de hospitalización y atención médica que cubran los gastos mencionados en el literal b) siguiente, incluyéndose como parte de esta suma el monto de los gastos efectuados por el asegurado que no le fueron pagados o reembolsados por las compañías de seguros; y

b) las sumas pagadas en concepto de hospitalización, diagnóstico, cura, prevención alivio o tratamiento de enfermedades, siempre que tales sumas no estén cubiertas por pólizas de seguro.

Si los cónyuges declaran por separado, cualquira de ellos puede deducir la totalidad o parte de los gastos médicos en que hayan incurrido tanto su cónyuge como sus dependientes. Las deducciones de ambos no podrán exceder los gastos médicos totales en que se incurra en el año fiscal.

Artículo 73.- Contribuciones al seguro educativo.

El contribuyente podrá deducir las contribuciones al Fondo de Seguro Educativo que haya pagado directamente o a través de las retenciones del empleador.

Artículo 74.- Intereses por préstamos hipotecarios.

Las personas naturales podrán deducir las sumas pagadas en concepto de intereses por préstamos hipotecarios, incluyendo comisiones de apertura, renovación y cierre del contrato de préstamo, que se hayan destinado o se destinen exclusivamente a la adquisición, construcción, edificación o mejoras de la vivienda principal de uso propio del contribuyente, siempre que la misma esté ubicada en la República de Panamá y se encuentre inscrita a su nombre en el Registro Público.

Esta deducción no podrá exceder de quince mil balboas (B/.15,000.00) anuales. Si la vivienda perteneciere proindiviso a varios contribuyentes, el monto de la deducción podrá prorratearse entre ellos.

Tratándose de una pareja de cónyuges copropietarios o no de la vivienda, que se encuentran obligados por el contrato de préstamo garantizado con hipoteca, éstos podrán hacer la deducción en la declaración de ambos o de cualquiera de ellos en cualquier proporción, pero en ningún caso el total de los intereses deducidos podrá superar el total de intereses en que se incurran en el año fiscal o el límite de quince mil balboas (B/.15,000.00).

La deducción contemplada en este artículo no procederá si el propietario del inmueble es una persona jurídica.

Artículo 75.- Intereses pagados en concepto de préstamos para la educación.

Las personas naturales podrán deducir los intereses pagados en concepto de préstamos que se destinen exclusivamente a la educación del contribuyente, de sus dependientes o de las personas que sostenga o eduque. En estos casos los estudios deberán realizarse en instituciones ubicadas dentro del territorio nacional, salvo que el préstamo fuera otorgado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Artículo 76.- Deducciones en caso de sucesiones.

En ningún caso de sucesiones se podrán efectuar las deducciones personales a que se refiere este Capítulo, pero la proporción de tales deducciones que corresponda al causante es deducible por el período transcurrido desde el primer día de su año fiscal hasta la fecha de su fallecimiento.

Artículo 77.- Pensiones alimenticias.

Las pensiones alimenticias que pague el contribuyente no podrán deducirse de su renta gravable, pero el mismo podrá deducir la partida por dependiente si correspondiere.

En caso de que la pensión alimenticia sea pagada por un cónyuge, si el que recibe la misma tiene a su vez dependientes a su cargo, podrá practicar las deducciones por dependientes conforme a lo dispuesto en los artículo 69 y 71 de este Decreto.

Artículo 78.- Régimen general de arrastre de pérdidas.

Sin perjucio de otros regímenes de arrastre de pérdidas legalmente establecidos a los cuales el contribuyente pueda tener derecho, las pérdidas que el mismo sufra en un año fiscal a partir del año fiscal de 1991, podrán deducirse en los cinco (5) años fiscales siguientes, a razón del veinte por ciento (20%) de la referida pérdida por año y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80. La porción de dicha cuota no deducida en un año no podrá deducirse en años posteriores ni causará devolución alguna por parte del Estado. Las deducciones solamente podrán efectuarse en la declaración jurada del impuesto sobre la renta, no así en la declaración estimatoria.

El derecho de deducir estas pérdidas es intransferible, aún en los casos de consolidaciones o fusiones.

Artículo 79.- Arrastre de las pérdidas por los actos vandálicos de 1989.

Los contribuyentes que sufrieron pérdidas por los actos vandálicos acaecidos a partir del día 20 de diciembre de 1989, podrán deducir hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) del saldo de la pérdida imputable a tales actos vandálicos que no haya sido deducida en el año fiscal 1989, con arreglo y sujeción a lo dispuesto en este artículo y en el artículo 80 de este Decreto. Las deducciones solamente podrán efectuarse en la declaración jurada del contribuyente y no así en la declaración estimatoria.

Para poder practicar la deducción, el contribuyente deberá acreditar ante la Dirección General de Ingresos que ha dado cumplimiento a los dispuesto en los artículos 3 a 6 del Decreto de Gabinete No.60 de 23 de febrero de 1990.

Los contribuyentes que en su declaración jurada del año fiscal 1989 hubiesen absorbido, con cargo as su renta bruta de ese año, el cien por ciento (100%) de las pérdidas sufridas por los actos vandálicos antes referidos, no podrán deducir suma alguna por este concepto en ningún año fiscal posterior.

La pérdida fiscal derivada de los actos vandálicos mencionados, se pdorá deducir en conco (5) años. La porciónde la cuota parte no deducida en un año no podrá deducirse en años posteriores, ni causará devolución alguna de parte del Estado. El plazo de cinco (5) años antes referido correrá a partir del año fiscal de 1991.

Cualquier importe que en el futuro reciba el contribuyente en concepto de indemnización que cubra, en todo o en parte, los daños o perjuicios ocasionados por los referidos actos vandálicos, deberá rebajarse de la pérdida declarada originalmente y el contribuyente deberá presentar declaraciones de rentas rectificativas para hacer los ajustes correspondientes.

El derecho de deducir estas pérdidas es instransferible, aún en los casos de consolidaciones o fusiones.

Artículo 80.- Procedimiento y orden para practicar las deducciones provenientes de incentivos y beneficios fiscales.

Una vez determinada la renta gravable y a los efectos de practicar las deducciones por las leyes de fomento a la industria, agricultura, o empleo y los regímenes de pérdidas, así como las referidas a las personales según el artículo 709 del Código Fiscal, el contribuyente procederá a deducir:

a) las sumas de las deducciones personales, si fuera el caso;

b) las sumas ciertas o exactas que establezcan las respectivas leyes y que no requieran, para su fijación, de la previa determinación de la renta gravable;

c) el cincuenta por ciento (50%) de la pérdida ocasionada por los actos vandálicos del año 1989 cuando proceda.

De la nueva renta gravable así establecida, deducirá: a) el monto correspondiente a las deducciones autorizadas por las leyes de fomento en cuyo cálculo se deba tomar en cuenta la nueva renta gravable; y b) el monto que resulte de los regímenes legales establecidos para el arrastre de pérdidas en operaciones.

 

CAPITULO VI

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 81.- Contribuyentes.

Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, independientemente de su nacionaslidad, domicilio o residencia, que perciban o devenguen rentas gravables. También se consideran contribuyentes, los fideicomisos constituidos conforme a la ley y a las sucesiones hasta cuando se efectúe la adjudicación de los bienes.

Salvo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 706 del Código Fiscal, el impuesto de las personas jurídicas se aplicará sobre la renta neta gravable determinada en el año fiscal sin deducir de ella lo que por concepto de dividendo o utilidades deban repartir entre sus accionistas o socios.

Las personas naturales que permanezcan por más de ciento ochenta (180) días corridos o alternos en el año fiscal en el territorio nacional, y perciban o devenguen rentas sujetas al impuesto, deberán determinar el mismo de acuerdo con las reglas establecidas en el Código Fiscal y en este Decreto y pagarlo aplicando la tabla señalada en el artículo 700 de dicho Código, sin importar el tipo de visa que requieran para permanecer en el país.

Los impuestos a cargo de una persona natural casuados al tiempo de su muerte, seán cubiertos por sus herederos como una deud de la sucesión. Los impuestos causados después de la muerte se continuarán liquidando a cargo de la herencia hasta que se haga la adjudicación de bienes. Hecha ésta, los herederos serán contribuyentes individuales por la parte de la renta sujeta al impuesto que le corresponda a cada uno.

En los casos de fideicomisos constituídos de acuerdo con la Ley No.1 de 5 de enero de 1984, se considera contribuyente al fiduciario, quien dterminará el impuesto de acuerdo con las reglas generales aplicables a las personas naturales.

Se considerarán como un solo contribuyente, las agrupaciones artísticas, musicales, profesionales, cantantes, concertistas, profesionales del deporte y demás agrupaciones similares.

Artículo 82.- Responsables.

Son responsables del pago del impuesto las personas naturales y jurídicas a quienes el Orgno Ejecutivo atribuya la obligación de retener el tributo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 731 del Código Fiscal.

 

CAPITULO VII
REGIMENES ESPECIALES

SECCION PRIMERA

REGIMEN DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

PARTE 1. De las Microempresas o Empresas Pequeñas o Medianas

 

Artículo 83.- Requisitos para acogerse al régimen especial.

Podrán acogerse al régimen tributario previsto en la primera parte del artículo 699-a del Código Fiscal, las personas jurídicas que reúnan los siguientes requisitos:

a) que sólo emitan acciones o cuotas de participación nominativas;

b) que sólo tengan como accionistas o socios a personas naturales;

c) que perciban ingresos brutos anuales que no excedan de doscientos mil balboas (B/.200,000.00); y

ch) que sean propietarias de microempreas o de empresas pequeñas o medianas, tal como éstas se definen en el artículo siguiente.

Artículo 84.- Concepto de micro, pequeña y mediana empresa como unidad o conjunto económico.

A los efectos del artículo 699-a del Código Fiscal y de este Decreto, se reputan microempresas o empresas pequeñas o medianas las que no resulten del fraccionamiento, de manera directa o indirecta, de una empresa en dos o más contribuyentes. Se entiende que una empresa, considerada como unidad o conjunto económico, ha sido fraccionada cuando los diversos elementos, unidades o establecimientos que la integran y que concurran a la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, pertenecen a dos o más contribuyentes que actúan bajo una dirección o administración común.

Artículo 85.- Determinación del impuesto sobre la renta.

A partir del año fiscal 1991, las personas jurídicas a que se refiere el artículo 83 determinarán el impuesto sobre la renta de conformidad con las tarifas establecidas en los artículos 699, 699-a y 700 del Código Fiscal, en la siguiente forma:

a) cuando sus ingresos brutos anuales no excedan de cien mil balboas (B/.100,000.00), se aplicará la tarifa del artículo 700 del Código Fiscal sobre la totalidad de la renta neta gravable.

b) cuando sus ingresos brutos anuales exceden de cien mil balboas (B/.100,000.00), sin sobrepasar los doscientos mil balboas (B/.200,000.00), se aplicarán las tarifas en forma combinada sobre la renta neta gravable que resulte de las siguientes operaciones:

1) en primer término, se calculará la relación porcentual existente entre la renta neta gravable del año y los ingresos brutos del mismo año, a cuyo efecto se dividirá el importe de la renta neta gravable entre el monto de los ingresos brutos;

2) esta relación porcentual se multiplicará por cien mil balboas (B/.100,000.00), para obtener la proción de la renta neta gravable que pagará el impuesto sobre la renta conforme a la tarifa para las personas naturales establecida en el artículo 700 del Código Fiscal;

3) el mismo porcentaje se multiplicará por el monto de los ingresos brutos del año que exceden de cien mil balboas (B/.100,000.00), para obtener la porción de la renta conforme a las tarifas para las personas jurídicas contempladas en los artíuclos 699 y 699-a del Código Fiscal, tarifas que se aplicarán en la siguiente forma:

3.1. los primeros treinta mil balboas (B/.30,000.00) de esta porción, pagarán el impuesto sobre la renta a la tasa el veinte por ciento (20%) contemplada en el parágrafo 1 del artículo 699-a del Código Fiscal;

3.2. la porción que exceda los primeros treinta mil balboas (B/.30,000.00), quedará sujeta a la tarifa general del artículo 699 del Código Fiscal.

Artículo 86.- Exención del impuesto de dividendos y del complementario.

En atención a lo establecido en el artículo 699-a del Código Fiscal, las personas jurídicas a que se refiere el artículo 83 de este Decreto quedarán exentas del pago del impuesto complementario. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 733 del Código Fiscal, no estarán sujetos a impuesto los pagos que, en concepto de dividendos o distribución de utilidades, reciban los accionistas o socios de estas personas jurídicas.

 

PARTE II. De los contribuyentes a que se refiere el

parágrafo 1 del artículo 699-a del Código Fiscal

Artículo 87.- Requisitos para acogerse a este régimen especial.

Podrán acogerse al régimen tributario previsto en el parágrafo 1 del artículo 699-a del Código Fiscal, las personas jurídicas que reúnan los siguientes requisitos:

a) que no sean filiales o subsidiarias de otras personas jurídicas;

b) que no estén controladas por otras personas jurídicas. Se entiende que una sociedad está controlada por otras cuando éstas, en conjunto, sean propietarias de más de la mitad de las acciones o cuotas de participación emitidas y en circulación; y

c) que sean propietarias de empresas no fraccinadas, tal como éstas se definen en el artículo 84.

Artículo 88.- Determinación del impuesto sobre la renta.

A partir del año fiscal 1991, las personas jurídicas a que se refiere el artículo anterior deterinarán el impuesto sobre la renta a pagar de conformidad con las tarifas establecidas en los artículos 699 y 699-a del Código Fiscal, de la siguiente forma:

a) la renta neta gravable hasta treinta mil balboas (B/.30,000.00), pagará el impuesto a la tasa del veinte por ciento (20%).

b) la renta neta gravable excedente de treinta mil balboas (B/.30,000.00), pagará el impuesto de conformidad con la tarifa general contemplada en el artículo 699 del Código Fiscal.

Artículo 89.- Exención del impuesto de dividendos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 733 del Código Fiscal, no estarán sujetos a impuesto los pgos y acreditamientos que, en concepto de dividendos o distribución de utilidades, reciban los accionistas o socios de las personas jurídicas a que se refiere el artículo 87 de este Decreto.

 

PARTE III. Disposiciones generales

Artículo 90.- Comprobación de los requisitos.

Las personas jurídicas que se acojan a estos regímenes especiales deberán adjuntar a su declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, la siguiente documentación:

a) en el caso de sociedades anónimas, una declaración jurada del presidente y del secretario de la sociedad, en la que se identifiquen debidamente sus accionistas y el respectivo número de acciones de su propiedad al cierre del año fiscal;

b) en el caso de otro tipo de sociedades, una declaración jurada del socio que tenga el uso de la razón social, donde se identifiquen los socios y sus cuotas de participación al cierre del año fiscal;

c) una declaración jurada de cada accionista o socio en el sentido de que es dueño real y en pleno dominio de las acciones o cuotas de participación de su propiedad;

ch) una declaración jurada de contador público autorizado, certificando que las personas jurídicas a que se refiere la presente sección de este Decreto, no son el resultado, de manera directas o indirecta, del fraccionamiento de un empresa en varias personas jurídicas y que no están controladas, ni son afiliadas o subsidiarias de otras personas jurídicas.

La presentación de la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta servirá de comprobación del monto de los ingresos brutos anuales. En atención a lo dispuesto por el artículo 712 del Código Fiscal, la misma deberá ser preparada y refrendada por contador público autorizado, en cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando se trate de contribuyentes que se dediquen a actividades de cualquier índole cuyo capital sea mayor de cien mil balboas (B/.100,000.00);

b) cuando se trate de contribuyentes que tenan un volumen anual de ventas mayor de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

 

SECCION SEGUNDA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA ENAJENACION DE INMUEBLES

Artículo 91.- Concepto General.

El régimen establecido en esta sección cpomprende todas las operaciones que representen la transferencia de dominio de inmuebles por naturaleza a título oneroso, sea que el precio esté dado en efectivo, en especie, al contado o a plazos, e incluye permutas, las daciones en pago, aportes a personas jurídicas y similares.

Queda exceptuada de este régimen la enajenación de bienes que, siendo muebles por naturaleza, se reputan por la Ley inmuebles, tales como las naves y aeronaves.

Artículo 92.- Opción del contribuyente.

El contribuyente determinará y pagará el impuesto sobre la renta derivada de la enajenación onerosa de bienes inmuebles, en cualquiera de las siguientes formas, a su opción:

a) Pagando como requisito previo al otorgamiento de escritura pública contentivas del convenio de transferencia del dominio, el impuesto sobre la renta a la tasa del cinco por ciento (5%) sobre la suma de los siguientes valores:

1) el valor catastral del inmueble en la fecha en que lo haya adquirido el trasmitente;

2) el valor de las mejoras efectuadas sobre el inmueble;

3) el diez por ciento (10%) del referido valor catastral y el de las mejoras, por cada año calendario completo transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación del inmueble y, en su caso, entre la fecha de incorporación de las mejoras y la de enajenación.

El contribuyente que se acoja a esta opción no tendrá que presentar declaración del impuesto sobre la renta a propósito de la ganancia dimanante de la enajenación del inmueble.

b) Pagando como requisito previo al otorgamiento de la escritura pública, el impuesto de transferencia de que trata la Ley 106 de 1974 a la tasa del dos por ciento (2%) sobre la suma que resulte mayor entre:

1) el valor pactado en dicha escritura;

2) el valor catastral que tuviere el inmueble en la fecha en que lo haya adquirido el trasmitente, más el valor de las mejoras efectuadas sobre el inmueble, más un suma equivalent l cinco por ciento (5%) del referido valor catastral y el de las mejoras, por cada año clendario completo que haya transcurrio entre la fecha de adquisición y la de la enajenación del inmueble y, en su caso, entre la fecha de incorporación y declaración de las mejoras y la de enajenación.

Posteriormente, al presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, el contribuyentedeberá determinar el impuesto sobre la renta derivado de la enajenación, aplicando el procedimiento establecido en el acápite a) del artículo 701 del Código Fiscal y en los artículos 93 y siguientes de este Decreto.

Desde el período fiscal de vigencia de la Ley 28 de junio de 1995, el impuesto de transferencia pagado por el enejenante podrá ser deducible únicamente del impuesto sobre la renta causado por la enajenación del bien inmueble objeto de la transferencia, determinado de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrado anterior, y hasta la concurrencia del monto de este último impuesto.

Texto del artículo 92 tal como quedó modificado por el artículo 29 del Decreto Ejecutivo N 274 de 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial N 22.956 de 22 de enero de 1996.

Artículo 93.- Determinación de la renta gravable.

Para determinar la ganancia dimanante de la enajenación de un inmueble, al valor de la enajenación se le restará la suma de los siguientes importes:

a) El costo básico del bien. Se entiende por costo básico:

1) Para los inmuebles que se enajenen a partir del 1 de julio de 1965, por la primera enajenación, se tomará el valor del catastro al 30 de junio de 1965. Para la segunda y sucesivas enajenaciones, se tomará el costo de la adquisición o, a elección del contribuyente, el valor en el catastro a la fecha de la adquisición.

2) Para los inmuebles que se enajenen o que se hayan enajenado entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1965, se tomará el valor en el catastro a la fecha de la enajenación, si se trata de la primera transferencia, y por la segunda y sucesivas enajenaciones en dicho período se tomará el costo de adquisicón, o a la elección del contribuyente, el valor en el catastro a la fecha de su adquisición.

3) En cualesquiera de los casos anteriores, si el inmueble no estuviere registrado en el catastro, se tomará el costo de adquisición.

4) Para los inmuebles recibidos por donación o asignación hereditaria se tomará el valor sobre el cual se haya pagado el correspondiente impuesto sobre la donación o asignación hereditaria. Cuando la donación o asignación hereditaria no esté sujeta a tales impuestos, se tomará como costo básico el valor catastral del inmueble en la fecha en que se perfeccione la donación o se abra la sucesión.

5) En el caso de bienes depreciables utilizados en una actividad sujeta al impuesto sobre la renta, cuando el contribuyente opte por tomar el costo de adquisición, éste no podrá ser mayor al valor que se obtiene restando de su costo original las depreciaciones practicadas hasta la fecha de la enajenación.

b) El importe de las mejoras incorporadas al inmueble para conservar o aumentar su valor.

En ningún momento se computará el valor de las mejoras realizadas por el contribuyente e incorporadas al inmueble antes del 1 de julio de 1965, salvo que tales mejoras hayan sido efectuadas e incorporadas con posterioridad a la fecha del reavalúo mencionado en la parte final del literal a) del artículo 701 del Código Fiscal.

Se entiende por incorporada la mejora, en los casos de construcciones, edificios, ampliaciones y similares, cuando las obr se encuentre terminada y debidamente aprobada por las autoridades competentes conforme a las disposiciones legales pertinentes. La fecha que conste en el certificado respectivo será la de la incorporación de la mejora al inmueble.

c) El importe de los gastos necesarios para efectuar la transacción.

Se entiende por tales las comisiones de compra y venta, los gastos notariales, los de registro y similares. En ningún caso se computará como gasto el impuesto de asignaciones hereditarias y donaciones ni el de inmueble.

ch) El 10% anual sobre el costo básico.

Este porcentaje se aplicará separadamente sobre el costo básico del bien y sobre el de sus mejoras. Se computará tantas veces como años completos calendarios, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre, hayan transcurrido entre la fecha de incorporación al patrimonio del enajenante y la fecha de su enajenación y, en su caso, entre la fecha de incorporación de las mejoras y la de la enajenación.

En ningún caso la deducción del 10% podrá superar el monto de la ganancia obtenida en la enajenación.

Artículo 94.- Procedimiento para calcular el impuesto.

Establecida la ganancia para cada inmueble, se dividirá por la cantidad de años calendarios completos de doce meses, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre, contenida en el lapso transcurrido entre la fecha de la incorporación del bien al patrimonio del enajenante y la fecha de su enajenación. Ambas fechas serán las de presentación al Diario del Registro Público del documento que haya sido efectivamente inscrito. El resultado de esa división se sumará a la renta gravable del enajenante obtenida en otras fuentes en el año en que efectuó la enajenación.

Del monto así obtenido se calculará la tasa efectiva aplicabel conforme a las tarifas de los artículos 699 y 700 del Código Fiscal. Una vez obtenida, esa tasa efectiva se multiplicará por la ganancia total de la enajenación del inmueble, prescindiendo de las ganancias de otras fuentes, y el resultado será el impuesto que corresponde a la enajenación.

Si el contribuyente realiza dos o más enajenaciones en un año fiscal, el cuociente a que se refieren los dos párrafos anteriores se obtendrá calculando el promedio que pondere el monto total de las diferentes ganancias y el tiempo en que cada inmueble etuvo en el patrimonio del enajenante. La fórmula para la aplicación del promedio ponderado será consignada en los formularios que distribuya la Dirección General de Ingresos.

Si en alguna de las enajenaciones resultara pérdida, ésta se descontará antes de la aplicación de la fórmula indicada en el párrafo anterior, de las ganancias en otras enajenaciones de inmuebles realizadas en el mismo año fical. A tal fin, se comenzará por la operación del inmueble que haua permanecido más tiempo en poder del contribuyente.

Texto del artículo 94 tal como quedó modificado por el artículo 30 del Decreto Ejecutivo N 274 de 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial N 22.956 de 22 de enero de 1996.

Artículo 95.- Operaciones de cambio, permuta o aportes de inmuebles.

En las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se encuentran sujetas al impuesto. Cada una establecerá la ganancia por la transferencia del inmueble, siguiendo las regals establecidas en los artículos anteriores. El valor de enajenación será el precio de mercado de los bienes permutados a la fecha de la enajenación.

Cuando se aporten inmuebles a personas jurídicas que se constituyan o ya constituidas, y aunque el precio se reciba en acciones, cuotas de participación o derechos, se aplicará el impuesto a tal enajenación siguiendo las reglas de los artículos anteriores. En estos casos, el valor del bien permutado se determinará de acuerdo con el precio de mercado.

En el caso de disolución de personas jurídicas y distribución de bienes inmuebles a los socios o accionistas, la persona jurídica pagará el impuesto correspondiente a tales enajenaciones siguiendo las reglas de los artículos anteriores.

Artículo 96.- Enajenación de bienes inmuebles depreciables.

En el caso de enajenación de bienes inmuebles depreciables que formen parte del activo del negocio, los contribuyentes deberán efectuar los cáluclos para determinar la ganancia obtenida en la enajenación siguiendo el procedimiento señalado en los artículos 93 y 94 de este Decreto. En estos casos el costo básico será el saldo según libros.

Artículo 97.- Fraccionamientos y urbanizaciones.

En el caso de enajenación de lotes provenientes de fraccionamientos, con o sin urbanización, se determinarán los costos unitarios, el prorrateo de los gastos de urbnización y mejoras y todos los otros que sean comunes a los distintos lotes y cuya deducción se encuntre autorizada por el Código Fiscal y este Decreto.

El mismo criterio se aplicará en los casos de enajenación de casas y de apartamentos bajo el régimen de la propiedad horizontal.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anterioes, cuando el contribuyente enajene en el año fiscal más de diez lotes de tierra o más de cinco apartamentos o casas, podrá optar entre liquidar el impuesto ocnforme a las normas de esta sección, o determinar su renta gravable y pagar el impuesto conforme a las reglas generales establecidas en el Código Fiscal y en este Decreto. La opción deberá manifestarse ante la Dirección al presentarse la declaración anual de renta y comprenderá todas las enajenaciones en el año fiscal. Ejercida la opción, no puede ser cambiada sin la autorización previa de la Dirección General de Ingresos, la que se otorgará si no existe perjuicio fiscal y sólo para tener vigencia desde el año siguiente a la fecha en que el cambio de sistema fue solicitado.

 

SECCION TERCERA

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y PRODUCTORAS DE PELICULAS

Artículo 98.- Empresas distribuidoras locales.

Los contribuyentes distribuidores locales de películas computarán como renta bruta el cincuenta por ciento (50%) de los importes que reciban de las empresas exhibidoras.

Artículo 99.- Empresas productoras y distribuidoras extranjeras.

Las empresas productoras y distribuidoras extranjeras de películas, programas y demás producciones para radio y televisión trasmitidas en el país por cualquier medio, pagarán el impuesto mediante retención definitiva, a una tasa del seis por ciento (6%) aplicada sobre la totalidad de los importes pagados o acreditados a ellas por cualquier persona o por cualquier empresa distribuidora, exhibidora, televisora o de televisión por cable y satélite o por cualquier persona o empresa que realice otro tipo de transmisión de imágenes o sonidos.

 

SECCION CUARTA

ZONAS LIBRES

Artículo 100.- Régimen de tributación - Zonas Libres.

Quedan sujetas al régimen de tributación establecido en el literal d) del artículo 701 del Código Fiscal, las personas naturales y jurídicas autorizadas por las respectivas administraciones de zonas libres o por leyes especiales que las crean, según el caso, que realicen actividades generadoras de renta de fuente panameña.

Artículo 101.- Actividades.

Son actividades generadoras de renta de fuente panameña dentro de las zonas libres, las siguientes:

a) Operaciones interiores: Las ventas realizadas desde una zona libre a adquirentes ubicados en el resto del territorio aduanero de la República de Panamá.

b) Operaciones exteriores:

1. Las transacciones de ventas de mercancías nacional o extranjera para su exportación o reexportación.

2. El manejo de transporte, almacenaje y servicios correlativos con el movimiento de las mismas, así como las comisiones causadas a su vez, por la realización de estas actividades por los agentes de movimiento de mercancías.

3. Los traspasos de mercancías dentro de una zona libre o de una zona libre a otra, destinadas al exterior. En todo caso cuando la operación consista en las transferencias e ingresos de materiales de construcción importados para el uso de las empresas que operan en la Zona Libre de Colón, ésta se considerará una operación interior, salvo prueba en contrario.

Artículo 102.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria en las zonas libres, las personas naturales o jurídicas que, dentro de dichas zonas libres, generen renta gravable de cualesquiera de las operaciones mencionadas en el artículo anterior, ya sea a nombre propio o por encargo de terceros, tales como exportadores, reexportadores, mayoristas, agentes de movimiento de mercancía, comisionistas, consolidadores de carga, consignatarios, almacenadores, embaladores o empacadores.

Artículo 103.- Agentes de Movimiento de Mercancía.

Se consideran Agentes de Movimiento de Mercancías, las personas que, radicadas en una zona libre, presten servicios relacionados con el movimiento de mercancías, a nivel nacional o internacional, por cuya prestación se reciba una retribución económica, tales como:

a) Manejo de transporte o agente de carga;

b) Almacenaje o depósito;

c) Servicios relacionados con la distribución física de la mercancía con transportistas consolidada o individualizada, tales como:

1. distribución y entregas o recibo de mercancía.

2. empaque y embalaje.

3. Estiba y embarque.

El hecho de que la prestación del servicio se realice en forma discontinua o esporádica dentro de un período fiscal no desvirtúa la calidad de "agente de movimiento de mercancía".

No obstante, las actividades accesorias realizadas como consecuencia directa de ventas de mercancías propias y aquellas ordenadas por una autoridad competente, no se considerarán, a estos efectos, como actividades de un agente de movimiento de mercancía.

Artículo 104.- Agentes de movimiento de mercancía que realizan otras operaciones exteriores.

Los contribuyentes identificados o clasificados como agentes de movimiento de mercancías, que a su vez realicen otras operaciones exteriores en su propio nombre, pagarán el adelanto al impuesto sobre la renta así:

a) Como "agentes de movimiento de mercancía":

B/.8,500.00.

b) Por sus propias operaciones exteriores incluyendo en éstos los traspasos y comisiones recibidas sobre operaciones exteriores:

El monto respectivo que señale la tabla a que se refiere el literal 105c de este Decreto.

Artículo 105.- Tributación.

Por la renta neta gravable obtenida por las diferentes actividades u operaciones que realicen las personas naturales o jurídicas establecidas o que se establezcan en las zonas libres, se tributará así:

a) Operaciones interiores: de conformidad con las tarifas contenidas en los artículo 699 y 700 del Código Fiscal, según el sujeto pasivo de que se trate,

b) Operaciones exteriores: de conformidad con la tarifa del quince por ciento (15%) señalada en el párrafo 2 del literal d) del artículo 701 del Código Fiscal.

Los trabajadores de las personas naturales o jurídicas establecidas en las zonas libres del país, pagarán el Impuesto sobre la Renta conforme al artículo 700 del Código Fiscal.

Parágrafo Transitorio: A partir del 1 de julio de 1995 las tarifas aplicables a la renta neta gravable obtenida en operaciones exteriores, serán las siguientes:

VENCIMIENTO DEL APLICACIÓN DE LAS TARIFAS

AÑO FISCAL

2.5% a 8.5%

15%

31/7/95 11 meses 1 mes
31/8/95 10 meses 2 meses
30/9/95 9 meses 3 meses
31/10/95 8 meses 4 meses
30/11/95 7 meses 5 meses
1/12/95 3 6 meses 6 meses
31/1/96 5 meses 7 meses
28/2/96 4 meses 8 meses
31/3/96 3 meses 9 meses
30/4/96  2 meses 10 meses
31/5/96 1 meses 11 meses
30/6/96 -- -- 12 meses

   A estos efectos, el contribuyente calculará el impuesto anual aplicando, separadamente, las dos tarifas sobre la renta neta gravable. Al monto resultante de cada cálculo, se le aplicará la proporción de meses correspondiente y el importe total a pagar será el monto resultante de la suma de ambos cálculos.

Artículo 105a.- Nuevos contribuyentes.

Los nuevos contribuyentes que inicien operaciones exteriores por primera vez en las zonas libres, por el primer año fiscal o fracción estarán sujetos al siguiente tratamiento:

a) No adelantarán ningún impuesto por razón de las operaciones exteriores.

b) El impuesto que cause la declaración jurada correspondiente a ese primer año de operación o fracción, se pagará a la tarifa del 15% para operaciones exteriores.

No obstante, los que adquieran establecimientos o negocios radicados dentro de zonas libres, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 750 del Código Fiscal.

Artículo 105b.- Adelanto al impuesto sobre la renta.

Los contribuyentes mencionados en el artículo 102 de este Decreto, deberán realizar un adelanto al impuesto sobre la renta así:

a) Para las operaciones interiores de conformidad con las tarifas establecidas en los artículos 699 ó 700 del Código Fiscal, sobre la renta gravable estimada para el siguiente período fiscal.

b) Para las operaciones exteriores:

1. Se calculará sobre el volumen total de operaciones exteriores del año anterior, determinando el monto correspondiente a pagar en la tabla para reexportaciones.

2. Los agentes de movimiento de mercancía tributarán, por tal actividad, el anticipo de B/.8,500.00.

Artículo 105c.- Cálculo del adelanto.

Para la determinación del adelanto al impuesto sobre la renta que deben pagar los contibuyentes por las operaciones exteriores, se tomará como referencia la siguiente tarifa de reexportaciones establecida por la Ley N 28 de 20 de junio de 1995.

Las reexportaciones en millones de balboas pagarán un adelanto al Impuesto sobre la Renta así:

Adelanto

Hasta 2.0 millones B/. 8,500.00

De 2.0 a 5.0 millones 30,000.00

De 5.0 a 10.0 millones 60,000.00

De 10.0 a 20.0 millones 100,000.00

De 20.0 a 40.0 millones 175,000.00

De 40.0 a 80.0 millones 275,000.00

De 80.0 a 120.0 millones 400,000.00

Más de 120.0 millones 500,000.00

Parágrafo: Los contribuyentes identificados o clasificados como agentes de movimiento de mercancías, que a su vez realicen otras operaciones exteriores, deberán aplicar la tabla de referencia por sus operaciones exteriores que realicen y sumar a este monto los B/.8,500.00 que corresponden al adelanto como agentes de movimiento de mercancía.

Artículo 105d.- Aplicación de la tabla.

Para los efectos del adelanto al impuesto sobre la renta por operaciones exteriores a que se refiere el literal d) del artículo 701 del Código Fiscal, la tabla de referencia se aplicará sobre las operaciones exteriores consistentes en:

1. exportación,

2. reexportación,

3. traspasos,

4. comisiones.

Artículo 105e.- Pago del adelanto.

El adelanto al impuesto sobre la renta se pagará mediante tres (3) partidas iguales con vencimiento a los seis(6), nueve (9) y doce (12) meses siguientes a la fecha de finalización del año fiscal del contribuyente.

Artículo 105f.- Excepciones a la aplicación del adelanto.

Todos los contribuyentes que inicien operaciones interiores o exteriores en las Zonas Libres quedan exceptuados de la obligación de pagar el adelanto al impuesto sobre la renta, por su primer período fiscal.

Así mismo quedan exceptuadas las personas establecidas en las zonas libres que no realicen operaciones exteriores, tal como se definen en el artículo 101 de este Decreto.

Artículo 105g.- Crédito Fiscal.

Cuando el cálculo del impuesto según la decalración jurada de renta en concepto de operaciones exteriores sea inferior al pago del adelanto para ese mismo año fiscal, el contribuyente podrá utilizar el excedente del adelanto al impuesto sobre la renta como crédito fiscal en el año inmediatamente posterior, aplicándolo de la siguiente manera:

a) Al impuesto estimado del período siguiente.

b) De persistir saldo crédito se aplicará, por último, a la jurada de aquel período, es decir, cuando el estimado anterioremente referido se conviente en jurada.

c) De persistir un saldo, aún, después de haberse efectuado los acreditamientos o imputaciones, dicho saldo no podrá ser aplicado a ningún saldo anticipado ni jurado.

Este crédito no podrá ser objeto de negociación o cesión alguna, aún cuando esté pendiente de su legal uso para el subsiguiente período, pues su origen o causa jurídica radica en un anticipo debidamente aplicado de conformidad con las reglas legales.

Artículo 105h.- Obligación de llevar contabilidad separada.

Las personas naturales o jurídicas establecidas o que se establezcan en cualquier zona libre, comprendidos entre ellas los agentes de movimiento de mercancías, deberán llevar contabilidad separada de sus operaciones interiores y exteriores y de los inherentes a la actividad de agentes de movimiento de mercancías.

Cuando la Dirección General de Ingresos lleve a cabo las investigaciones a contribuyentes que realicen operaciones dentro de las zonas libres, podrá exigir, en todo caso, que éstos informen sobre los montos de ingresos de los distintos tipos de operaciones, así como de sus gastos, a los efectos de la determinación de las obligaciones que emanan de las distintas operaciones.

A falta de elementos suficientes de pruebas que pueda aportar el contribuyente, su contabilidad y su documentación que revelaren claramente la proporción o el monto de los ingresos y gastos que correspondan atribuir a los distintos tipos de operaciones, la Dirección General de Ingresos podrá utilizar todos los elementos que permite la ley para la determinación de las obligaciones en ambos tipos de operaciones tributarias dimanantes de las operaciones que realiza el contribuyente.

Artículo 105j.- Obligación de facturar.

Es obligación de todo contribuyente que opere en una zona libre intrumentar por medio de facturas y registrar separadamente, todas las operaciones exteriores e interiores y demás servicios o prestaciones que realice a nombre propio o a cuenta de terceros y, a su vez, detallar y/o clasificar plenamente los traspasos, comisiones, mandatos, consignaciones y agencias para su cabal identificación.

Artículo 105k.- Requisitos de la factura.

La instrumentación y/o facturación de las operaciones interiores, exteriores y de agente de movimiento de mercancía contendrá por lo msnos los siguientes requisitos: nombre, Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) y numeración continua, destinatario y dirección, detalle y propietarios de la mercancía, número de clave, tipo de operación, monto total de la operación y fecha de expedición.

Parágrafo Transitorio.- Se concede plazo hasta el 1 de enero de 1996, para que las personas radicadas en las zonas libres cumplan con todos los requisitos exigidos por este Decreto para la instrumentación de sus operaciones.

Artículo 105l.- Cesión del negocio.

De conformidad con el artículo 750 del Código Fiscal, cuando una persona natural o jurídica cese en sus actividades por venta, cesión o traspaso a otra de su negocio o industria, la persona adquirente quedará afecta a la obligación de pagar los impuestos correspondientes a lo adquirido que se adeuden por el vendedor o cedente.

Artículo 105m.- Dividendos y distribución de utilidades provenientes de rentas de operaciones exteriores.

Las personas naturales o jurídicas a que se refiere el literal b) del artículo 702 del Código Fiscal no estarán obligadas a pagar el impuesto de dividendos u otras distribuciones de utilidades a los accionistas o socios provenientes de rentas obtenidas en operaciones exteriores, excepto que por dichos deividendos u otras distribuciones de utilidades la persona haya tributado impuesto sobre la renta en un país extranjero y se le haya reconocido algún crédito por el impuesto a las tasas vigentes en Panamá. En consecuencia, estas personas estarán obligadas a pagar el impuesto correspondiente en Panamá al monto del crédito concedido.

La constancia a que se refiere el párrafo segundo de este artículo deberá ser presentada a la Dirección General de Ingresos dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que se haya sido reconocido el crédito solicitado en el país extranjero y, con la presentación de dicha constancia, deberán hacer el pago adicional a que se refiere dicho párrafo segundo.

La falta de presentación de tal constancia o de pago del impuesto adicional dentro del plazo de tres (3) meses arriba estipulado, será sancionada por la Dirección General de Ingresos, conforme a las disposiciones legales.

Texto de la Sección Cuarta - Zonas Libres, tal como quedó modificada por el artículo 24 del Decreto Ejecutivo N 274 de 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial N 22.956 de 22 de enero de 1996.

 

 

SECCION QUINTA

DIVIDENDOS U OTRAS DISTRIBUCIONES DE

UTILIDADES Y DE LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES

Artículo 106.- Impuesto sobre dividendos u otras distribuciones de utilidades a accionistas o socios.

Los accionistas o socios pagarán el impuesto a la renta sobre las utilidades o dividendos que reciban, a la tasa del diez por ciento (10%) mediante retención definitiva practicada por la persona jurídica qe les pague o acredite los mismos. Hecha la retención, el accionista o socio no incluirá en su declaración de renta las sumas que reciba en concepto de utilidades o dividendos. Tampoco podrá incluir como deducciones los gastos o erogaciones en que haya incurrido para la obtención de las utilidades o dividendos.

Tratándose de dividendos de acciones al portador, la retención a que se refiere el párrafo anterior será del veinte por ciento (20%).

Si la persona jurídica que ha hecho la distribución de las utilidades o dividendos no ha practicado la retención que corresponde, ésta y los accionistas y socios serán responsables del pago del impuesto sobre la renta que corresponda sobre las utilidades o dividendos distribuidos. En caso de que la persona jurídica haya practicado la retención pero no la haya ingresado al Tesoro Nacional, solamente la persona jurídica será responsable del pago del impuesto y de las sanciones por defraudación fiscal que establece el numeral 3 del artículo 752 del Código Fiscal.

Las personas jurídicas no estarán obligadas a hacer las retenciones antes referidas sobre aquella parte de sus rentas que provengan de utilidades o dividendos, siempre que la sociedad que haya distribuido tales utilidades o dividendos haya efectuado la retención del impuesto sobre las mismas.

Las personas jurídicas tampoco estarán obligadas a practicar las retenciones antes referidas, sobre aquella parte de sus rentas que provengan de utilidades o dividendos, siempre que la persona jurídcia que distribuya los mismos haya estados a su vez exenta de la obligación de hacer la retención.

Las sumas retenidas serán remitidas a la oficina recaudadora del impuesto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la retención.

El pago de las retenciones al Tesoro Nacional se hará en dinero, aún cuando las utilidades o dividendos se hayan distribuido (sic) en acciones, valores o en otras especies.

Artículo 107.- Origen del dividendo.

Con excepción de los dividendos o distribución de utilidades a accionistas o socios derivadas de ls actividades contempladas en el parágrafo 2 del artículo 694, en el artículo 699-a, en el literal b) del artículo 702, en los literales e), f), l), m) y o) del artículo 708, en el artículo 733-a del Código Fiscal y de los casos previstos en leyes especiales, la retención definitiva del impuesto de dividendos o distribución de utilidades procede cualquiera sea el origen de la renta que obtuvo la persona jurídica, o que se trate de liquidación o distribución de reservas y cualquiera sea la forma de pago, en efectivo, en especie, en acciones de otras sociedades, en valores públicos o privados de cualquier naturaleza o en acreditamientos.

Se sujetarán al régimen de esta Sección las utilidades o diviendos que distribuyan a sus socios o accionistas las personas jurídicas establecidas o que se establezcan en la Zona Libre de Colón o en cualquier otra zona libre que exista o sea creada, por la parte que provenga de ganancias obtenidas por tales personas jurídicas en sus operaciones interiores.

No corresponderá el impuesto sobre dividendos o distribución de utilidades, sobre aquella parte de las rentas de la persona jurídica que provenga de dividendos u otras distribuciones de utilidades recibidas por ésta de manos de otras sociedades, siempre que estas últimas:

a) estando obligadas a ello, hayan pagado sobre esa parte de las rentas, el impuesto sobre dividendos o distribución de utilidades; o

b) haya estado exenta del impuesto de dividendos o distribución de utilidades sobre esa parte de las rentas.

Artículo 108.- Imputación de las distribuciones.

Siempre que una persona jurídica haya distribuido, por lo menos, el cuarenta por ciento (40%) de las utilidades sujetas al impuesto de dividendos o distribución de utilidades, o en su caso, haya pagado el diez por ciento (10%) del cuarenta por ciento (40%) de estas utilidades en concepto de impuesto complementario en un año fiscal, podrá distribuir parcial o totalmente en dicho año fiscal, en concepto de dividendos o distribución de utilidades a sus accionistas o socios las rentas exentas de ese año y las retenidas de años anteriores.

Artículo 109.- Sucursales de personas jurídicas extranjeras.

Las sucursales domiciliadas en Panamá de personas jurídicas extranjeras pagarán el impuesto de dividendos mediante retención definitiva del diez por ciento (10%) o veinte por ciento (20%) según el caso, esto es, según que la sociedad madre tenga acciones al portador o nominativas. La retención se hará sobre el cien por ciento (100%) de la renta neta gravable obtenida por la sucursal panameña, menos los impuestos pagados por esa misma renta en el país. La suma retenida se pagará junto con la presentación de la declaración jurada correspondiente.

Artículo 110.- Determinación del impuesto complementario.

De acuerdo con lo dispuesto por la segunda frase del primer párrafo del artículo 733 del Código Fiscal, en el caso de que la persona jurídica no distribuya sus utilidades, o de que la suma total distribuida sea menor del cuarenta por ciento (40%) del monto de las ganancias netas del año fiscal correspondiente, menos el impuesto sobre la renta pagado por la misma, la persona jurídica deberá retener y pagar al Fisco, en concepto de impuesto complementario, el diez por ciento (10%) de la diferencia.

A los efectos de la determinación del impuesto complementario, la persona jurídca procederá de la siguiente forma:

a) a la renta neta gravable decarada le restará su propio impuesto. La diferencia se denominará saldo resultante;

b) si se distribuyen utilidades por una cifra igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del saldo resultante, no se ocasionará el impuesto complementario, debiendo la persona jurídica practicar solamente la retención del diez por ciento (10%) o veinte por ciento (20%), según corresponda, sobre los dividendos o las utilidades distribuidas;

c) si no se distribuyen utilidades la persona jurídica deberá practicar la retención del impuesto complementario, aplicando el diez por ciento (10%) sobre el carenta por ciento (40%) del saldo resultante;

ch) si la distribución de utilidades o dividendos es por un importe inferior al cuarenta por ciento (40%) del saldo resultante, la persona jurídica deberá practicar la retención del impuesto complementario aplicando el diez por ciento (10%) sobre la diferencia entre el cuarentas por ciento (40% del saldo resultante, menos el importe efectivamente distribuido (sic) entre los accionistas o socios.

Se considera que no hau distribución de utilidades, si, pasada la fecha en que la persona jurídica deba preentar su declaración jurada de renta para el año fiscal vencido, de acurdo con los plazos establecidos en elos artículos 710 y 714 del Código Fiscal, ésta aún no ha efectuado tal distribución o no ha capitalizado sus utilidades correspondientes al referido ejercicio fiscal.

Artículo 111.- Plazo para el pago.

El impuesto complementario será pagado por la persona jurídica dentro de los mismos plazos establecidos en este Decreto para el pago del impuesto estimado sobre la renta de la misma a que se refiere el artículo 134 de este Decreto.

Artículo 112.- Distribución de utilidades sobre las cuales en años anteriores haya incidido el impuesto complementario.

Cuando en un año fiscal se distribuyan utilidades que provengan de ganancias sobre las cuales haua incidido el impuesto complementario en un año fiscal, al impuesto del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%), según el caso, aplicable sobre el monto total de la distribución, se acreditaá proporcionalmente el impuesto complementario pagado o que se haya de pagar en dicho año fiscal. A tal efecto, las personas jurídicas deberán llevar un registro desglosado del origen de las ganancias obtendias en cada año fiscal.

Artículo 113.- Excepción del impuesto complementario.

Además de las exoneraciones establecidas expresamente por la ley, no se aplicará el impuesto complementario sobre las distribuciones de dividendos o utilidades derivadas de las operaciones exteriores que realicen las personas jurídicas establecidas o que se establezcan en cualquier zona libre legalmente creada en el territorio nacional.

En el caso de que dichas personas jurídicas efectúen indistintamente operaciones interiores y exteriores, deberán efectuar los desgloses correspondientes a fin de aplicar el procedimiento previsto en el artículo 110 de este Decreto y pagar el impuesto complementario exclusivamente sobre las rentas de operaciones interiores.

Si por no llevar su contabilidad separada, no fuera posible efectuar los desgloses de operaciones interiores y exteriores o tales desgloses no fueren satisfactorios a juicio de la Dirección General de Ingresos, el impuesto complementario se aplicará sobre el total de operaciones.

Artículo 114.- Capitalización de utilidades.

Las ganancias retenidas en un año fiscal podrán capitalizarse en cualquier año fiscal subsiguiente. Esta capitalización no estará sujeta al pago del impuesto de dividendos o de distribución de utilidades.

El contribuyente que capitalice sus utilidades perderá el crédito fiscal dimanante del impuesto complementario a que se refiere el artículo 110 de este Decreto, pagado sobre las utilidades así capitalizadas y dicho crédito no podrá ser imputado a distribuciones futuras de sus utilidades.

Dentro del período de cinco (5) años siguientes al de la capitalización de utilidades, las personas jurídicas que efectúen dicha capitalización no podrán adquirir sus propias acciones o cuotas de participación, ni otorgar préstamos a sus accionistas o socios. Los préstamos que los accionistas o socios adeuden a la sociedad al momento en que ésta capitalice las utilidades retenidas, debebrán cancelarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la capitalización. Se exceptúan de esta disposición los préstmos otorgados a sus accionistas o socios por sociedades dedicadas a la actividad bancaria o financiera.

Los contribuyentes que inclumplan estas normas quedarán obligagados al pago del impuesto de dividendos o de distribución de utiliades, con los recargos e intereses respectivos.

 

SECCION SEXTA

CONTRIBUYENTES NO RESIDENTES

Artículo 115.- Determinación y pago del impuesto.

Salvo la exoneración dispuesta por el literal v) del artículo 708 del Código Fiscal y por el tercer párrafo del artículo 81 de este Decreto, las agrupaciones artísticas, musicales, deportivas, los artistas, cantantes, concertistas, profesionales del deporte y profesionales en general, que vengan al país por cuenta propia o bajo contrato con personas naturales o jurídicas establecidas en Panamá y perciban ingresos gravables en Panamá, pagarán el impuesto sobre la renta maediante una retención definitiva del quince por ciento (15%), a cargo del empresario contratante, tasa que será aplicada a la totalidad de lo pagado o acreditado por los servicios que presten. Para estos efectos, los miembros que compongan una agrupación se considerarán como un sólo contribuyente, sean o no personas jurídicas.

En el caso de que el ingreso realmente percibido o devengado sea superior a lo declarado como ingreso gravable, la persona natural o jurídica que haya contratado a las agrupaciones o a las personas antes mencionadas, será sancionado con multa de cinco (5) a diez (10) veces el impuesto que se debió pagar.

Las sumas retenidas deberán ser remitidas a la Dirección General de Ingresos dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que deba verificarse el pago o acreditamiento conforme al contrato.

El empresario contratante depositará fianza mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional, por el cien por ciento (100%) del valor en que se calcule el impuesto. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, al aplicar lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Ley 13 de 20 de septiembre de 1965 sobre Migración, no autorizará ningún contrato de que trata dicho Decreto Ley sin que previamente se le presente esta fianza, la cual devolverá al interesado una vez recibida Certificación de la Dirección General de Ingresos de estar a paz y salvo el transeúnte.

 

SECCION SEPTIMA

INTERESES POR PRESTAMOS Y VALORES Y

GANANCIAS O PERDIDA EN ENAJENACION DE VALORES

Artículo 116.- Intereses y comisiones pagados o acreditados a beneficiarios en el exterior.

Salvo las exoneraciones previstas en el artículo 708 del Código Fiscal, los intereses, comisiones y otros cargos por razón de préstamos o financiamientos, pagados o acreditados a acreedores domiciliados en el exterior, pagarán el impuesto sobre la renta mediante una retención definitiva del seis por ciento (6%) aplicada a la totalidad de lo pagado o acreditado directa o indirectamente. La persona que efectúe el pago o acreditamiento estará obligada a practicar la retención del impuesto y remitirlo a la Dirección General de Ingresos dentro de los quince (15) días siguientes al momento del pago o acreditamiento.

Artículo 117.- Régimen de ganancias y pérdidas en la enajenación de bonos, acciones y demás valores.

Para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, dimanantes de la enajenación de bonos, acciones y demás valores emitidos por el Estado. Igual tratamiento tendrán las ganancias y las pérdidas provenientes de la enajenación de los valores de que trata el literal e) del artículo 701 del Código Fiscal, cuando dichos valores hubiesen sido emitidos por personas registradas en la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 118.- De los intereses sobre bonos, acciones y demás valores registrados en la Comisión Nacional de Valores y en una bolsa de valores.

Los intereses que se paguen o acrediten sobre pagarés, bonos, títulos financieros, cédulas hipotecarias u otros valores de obligación registrados en la Comisión Nacional de Valores, causarán impuesto sobre la renta de cinco por ciento (5%), que deberá ser retenido por la persona jurídica que los pague o acredite. Estas rentas no se consideran parte de la renta bruta de los contribuyentes, quienes no quedan obligados a incluir las mismas en su declaración de renta.

Parágrafo 1. Las sumas retenidas deberán ingresarse al Tesoro Nacional dentro de los diez (10) días hábiles siguinetes a la fecha de pago o acreditamiento, mediante declaración jurada en formularios que suministrará la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro. El incumplimiento de estas obligaciones se sancionará conforme lo ordena el Código Fiscal.

Parágrafo 2. Estarán exentos del pago de este impuesto los intereses dimanantes de estos valores, siempre y cuando la venta de los mismos haya sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores y los valores en cuestión sean colocados a través de una bolsa de valores debidamente establecida en la República de Panamá.

 

SECCION OCTAVA

IMPUESTO SOBRE PAGOS RECIBIDOS CON MOTIVO

DE LA TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO

Artículo 119.- Determinación del impuesto sobre la renta.

En los casos de pagos recibidos con motivo de la terminación de la relación de trabajo se procederá así:

a) las sumas que reciba el trabajador en concepto de preaviso, prima de antigüedad, indemnización, recargo, bonificación y demás beneficios pactados en convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo, no son acumulables al salario y demás prestaciones, remuneraciones e ingresos que perciba el trabajador durante el año fiscal en que termine la relación de trabajo;

b) el trabajador tendrá derecho a una deducción del uno por ciento (1%) de la suma total recibida con motivo de la terminación de la relación de trabajo a que se refiere el literal a), por cada período completo de doce (12) meses de duración de la relación de trabajo;

c) el trabajador tendrá igualmente, derecho a una deducción adicional de cinco mil balboas (B/.5,000.00) del saldo que resulte después de aplicar la deducción a que se refiere el numeral anterior;

ch) contra este último saldo no cabe ninguna deducción;

d) el impuesto sobre la renta que casua la suma que resulte después de aplicadas las deducciones a que se refieren los literales b) y c) será calculado en base a la tarifa establecida en el artículo 700 del Código Fiscal.

 

SECCION NOVENA
SOCIEDADES DE ABOGADOS

Artículo 120.- Forma de determinar y pagar el impuesto sobre la renta.

Conforme a lo establecido en el artículo 706 del Código Fiscal, las sociedades constituidas por abogados para el ejercicio de la abogacía, podrán deducir de su renta gravable el importe de las utilidades o ganancias distribuidas a sus socios por su participación en dichas sociedades.

Los socios pagarán el impuesto sobre las utilidades o ganancias recibidas y las rentas de otras fuentes, a la tarifa del artículo 700 del Código Fiscal.

 

SECCION DECIMA

EMPRESAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Artículo 121.- Forma de determinación del impuesto.

Salvo la exoneración prevista en el literal e) del artículo 708 y el literal b) del parágrafo dos del artículo 694 del Código Fiscal, se consideran de fuente panameña, independientemente del lugar de constitución o domicilio, los ingresos obtenidos por las empresas de transporte y comunicaciones en la parte que corresponda a los fletes, pasajes, cargas, llamadas telefónicas, télex, fax, o sonidos y otros servicios similares entre Panamá y el exterior o viceversa.

Estos contribuyentes tendrán la opción de considerar como renta neta gravable de las operaciones mencionadas en este artículo, el diez por ciento (10%) del valor bruto de los ingresos recibidos por tales operaciones o determinar su renta neta gravable de acuerdo con las normas generales del Código Fiscal y de este Decreto.

Salvo en el caso de las Empresas de Transporte aéreo en donde el porcentaje aplicable será de tres por ciento (3%) del valor bruto de los ingresos recibidos o determinar su renta neta gravable de acuerdo con las normas generales del Código Fiscal y de este Decreto.

Para los efectos de determinar el valor bruto de los ingresos, de las empresas de transporte aéreo, se tomará en cuenta la cantidad de kilómetros o millas recorridos dentro de la jurisdicción de la República de Panamá desde el exterior o viceversa.

Texto del artículo conforme fue modificado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N 437 de 19 de octubre de 1994. Gaceta Oficial N 22.659 de 8 de noviembre de 1994.

SECCION DECIMA PRIMERA
CONTRATISTAS DEL CANAL DE PANAMA

Artículo 122.- Forma de determinación y pago del impuesto.

Los contratistas del Canal de Panamá y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América residentes en Panamá estarán sujetos al impuesto sobre la renta en la República de Panamá, sobre una base no discriminatoria y de conformidad con las leyes y reglamentos de Panamá, sobre su ingreso derivado de contratos con la Comisión del Canal de Panamá y las Fuerzas de Defensa de los Estados Unidos, a menos que la tasas impositiva sobre el ingreso aplicable al contratista residente en los Estados Unidos sea substancialmente equivalente a la tasa impositiva sobre el ingreso para dicho año en la República de Panamá, según se determina conforme lo dispuesto en el parágrafo 5 del Acuerdo firmado entre los Gobiernos de la República de Panamá y de Estados Unidos de América en septiembre de 1986.

 

SECCION DECIMA SEGUNDA

TRATAMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES

Artículo 123.- Determinación del impuesto en el caso de construcciones.

En el caso de empresas de construcción o de empresas que realicen trabajos sobre inmuebles y cuyas operaciones generadoras de renta afecten a más de un año fiscal, el contribuyente podrá, a su opción, aplicar cualquiera de los siguientes métodos:

a) asignar a cada año fiscal la renta gravable que resulte, de aplicar sobre los importe efectivamente recibidos en dicho año, el porcentaje de ganancia neta calculado para toda la obra. Este porcentaje podrá ser modificado por la parte correspondiente a los años fiscales siguientes, en caso de evidente modificación del cálculo efectuado.

b) asignar al valor de la obra ejecutada en cada año fiscal, el porcentaje de ganancia calculado sobre el valor total de la obra y de ese resultado deducir los costos y gastos efectivamente incurridos en el respectivo año fiscal.

c) asignar al año fiscal en que se termine la obra la totalidad de las rentas brutas y los gastos y costos respectivos.

En los casos de los literales a) y b), la diferencia que se obtenga en definitiva al comparar la ganancia neta al final de la obra con la establecida mediante cualesquiera de los procedimientos indicados en dichos literales, incidirá en el año fiscal en que la obra concluya. En el caso del literal c), la renta gravable que se tomará en cuenta será la que corresponda a la totalidad de la obra.

 

SECCIÓN DECIMA TERCERA
CRÉDITO POR INVERSIÓN DIRECTA E INDIRECTA

Artículo 123a.- Del crédito por inversiones.

A los efectos del artículo 6 de la ley 28 de 20 de junio de 1995, los contribuyentes tienen derecho al crédito fiscal por inversión, hasta por el veinticinco por ciento (25%) solamente del Impuesto sobre la Renta liquidado en cada período fiscal, siempre que:

a) No estén acogidos a leyes de incentivos para promover la realización de actividades económicas específicas o el otorgamiento de créditos fiscales con la misma finalidad, otorgados por otras leyes especiales.

Parágrafo: En el caso del sector agropecuario, estos contribuyentes podrán acogerse a este crédito, siempre que no tengan contratos leyes con la Nación u otros contratos o registros especiales.

b) Realicen las inversiones señaladas en el artículo siguiente, aún cuando para ello utilice el sistema de arrendamiento financiero.

c) O que realice las inversiones en forma indirecta, cuando procedan.

Artículo 123b.- Inversiones que dan derecho al crédito.

Las inversiones que dan derecho al crédito en Impuesto sobre la Renta son:

1. Inversiones en investigación y desarrollo tecnológico relacionadas con el mejoramiento genético y adquisición de tecnología de punta en su sector.

2. Inversiones en infraestructura que asegure la obtención y/o continuidad en el suministro de energía eléctrica y dotación de agua necesarias para las operaciones productivas.

3. Inversiones en el campo de la comunicación relacionadas con infraestructura y equipo de transporte para que dichas operaciones generen reducción directa de costos de operación en la actividad productiva.

4. Inversiones en actividades portuarias y aeroportuarias relacionadas con infraestructura y equipo que produzca reducción directa de costos de operación en dichas actividades productivas.

5. Inversiones en capacitación de personal de planta, indispensable en las operaciones productivas.

Quedan comprendidas en estas inversiones las siguientes erogaciones debidamente comprobadas:

- Honorarios de instructores

- Viáticos y transporte

- Matrícula y costos de cursos

- Materiales didácticos de los respectivos programas de capacitación.

6. Inversiones en la producción de artículos nuevos o en la expansión de la capacidad de producción relacionadas con infraestructura y equipo que produzca un incremento en las actividades productivas de la empresa.

Artículo 123c.- Comprobación de la inversión directa e indirecta.

Para acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior, el contribuyente deberá comprobar mediante certificación-decalración de un Contador Público Autorizado:

a. El monto de la inversión realizada y que la misma corresponde a las actividades reconocidas en el artículo anterior.

b. Que no se acoge a ningún otro beneficio de otras leyes de incentivos.

c. Que tales inversiones sean necesarias para la producción de bienes o prestación de servicios.

A estos efectos, el Contador Público Autorizado acompañará a su certificación-declaración, un dictamen de alguna autoridad pública competente, académica, tecnológica o científica debidamente reconocida, o de entidades privadas de reconocida capacidad o idoneidad, dedicadas a dicha actividad.

Las inversiones relacionadas con la capacitación de personal de planta deberán efectuarse de acuerdo a planes y programas vigentes de capacitación, los cuales deberán estar refrendados por autoridad competente académica, tecnológica o científica debidamente reconocida y/o autorizada para emitir dichos dictámenes.

El contribuyente pondrá a disposición de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, las certificaciones-declaraciones y demás dictámenes o comprobaciones a que se hace referencia en los literales anteriores, cuando así sea requerida. La Dirección General de Ingresos emitirá los instructivos pertinentes al contenido de dichas certificaciones-declaraciones y dictámenes.

Ver Resolución N 201-039 de 5 de enero de 1996. Gaceta Oficial N 22.956 de 22 de enero de 1996.

Artículo 123d.- Inversiones directas e indirectas.

Las inversiones enunciadas en el artículo 123b podrán ser:

a) Directa: Cuando el contribuyente las realice con sus recursos económicos o financieros. Quedan comprendidos en ellas, las realizadas a través de arrendamiento financiero.

b) Indirectas: Cuando las mismas se realicen por medio de adquisición de bonos, acciones y otros valores emitidos por empresas que ejecuten o se dediquen a las actividades 1, 2 y 3 del artículo 123b.

Artículo 123e.- Aplicación del crédito.

El crédito se aplicará al impuesto sobre la renta que se liquide en cada período fiscal, hasta cubrir el cien por ciento (100%) de la inversión, siempre que:

a) La inversión anual (directa e indirecta) se realice en el año fiscal de 1995 o dentro de los cinco (5) años fiscales siguientes del contribuyente.

b) La ainversión sea de algunas de las mencionadas en el artículo 123b de este Decreto.

Artículo 123f.- Condiciones y requisitos de la inversión indirecta.

En el caso de inversiones indirectas éstas deberán, además de lo establecido en el artículo 123c de este Decreto, cumplir con lo siguiente:

a) Que sean inversiones destinadas a las actividades mencionadas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 123b de este Decreto.

b) Que la empresa que emite los títulos o valores inicie la inversión de la respectiva actividad, a más tardar en el año fiscal subsiguiente al que se hizo la inverión indirecta.

c) Que los títulos de valores referidos (bonos, acciones, otros) estén autorizados y/o registrados en la Comisión Nacional de Valores, por la sociedad emisora de los mismos, en caso de una oferta pública.

 

Las inversiones a través de bonos deberán ser registradas debidamente con registros contables idóneos a fin de que permitan a la Administración Tributaria su identificación y fiscalización.

d) Que los títulos, bonos, acciones o valores emitidos en las inversiones indirectas sean nominativos.

e) Que el contribuyente, entendiéndose por tal la persona que efectúe la inversión indirecta mediante la adquisición de tales bonos, acciones u otros valores, obtenga una certificación por parte de la empresa emisora de tales bonos, acciones o valores, haciendo constar el recibo de los fondos producto de la inversión, la cual obrará como prueba ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, cuando así se le requiera. Dicha certificación emitida por la empresa emisoa de los valores referidos, deberá estar refrendada por un Contador Público Autorizado e incluirá el nombre y Registro Único de Contribuyente (RUC) del contribuyente beneficiado.

Artículo 123g.- Inversión en bienes depreciables.

Las inversiones realizadas de conformidad con el artículo 123b de este Decreto, que consistan a su vez en adquisiciones de bienes depreciables, no podrán considerar como gasto deducible dicha depreciación para la determinación de la renta gravable del contribuyente.

Artículo 123h.- Inversión a través de arrendamiento financiero.

Para los efectos del 2 párrafo del parágrafo 1 y del parágrafo 4 del literal d) del artículo 702 del Código Fiscal, en las inversiones a través de arrendamiento financiero, se procederá así:

a) Se considerará que la inversión es realizada por el arrendador, cuando éste asume el crédito fiscal a que se refiere el artículo 123a de este Decreto. El monto de la inversión será el costo total del bien adquirido. En este caso, no procede la deducibilidad de la depreciación como gasto, de los bienes depreciables.

Consecuentemente, el arrendatario sólo tendrá derecho a la deducibilidad de los cánones incurridos en el período fiscal de que se trate, en concepto de gasto.

b) Cuando se considere inversionista al arrendatario, éste no tendrá derecho a utilizar el crédito fiscal si deducie como gasto los cánones de arrendamiento pagados a el arrendador permitidos por el artículo 23 de la Ley 7 de 1990, en base a que dicho régimen de incentivo es excluido del crédito fiscal a que se refiere el literal d) del artículo 702 del Código Fiscal.

Consecuentemente, el arrendador sólo tendrá derecho a la deducibilidad de la depreciación, como gasto, de los bienes depreciables adquiridos.

Artículo 123i.- Excepción del plazo de inversión.

Seexceptúan de las restricciones de plazo para la realización de las inversiones contempladas en el literal a) del artículo 123e de este Decreto, a las empresas instaladas en las zonas procesadoras para la exportación y las que se dediquen a la exploración y/o explotación de minerales metálicos para la exportación.

Artículo 123j.- De las certificaciones o reconocimientos.

Las empresas que se acojan al crédito a que se refiere esta Sección, deberán mantener a disposición de la Dirección General de Ingresos las respectivas certificaciones o reconocimientos que las autoridades competentes emitan con relación a la tecnología de punta y otras inversiones calificadas para los efectos de este crédito, asó como para los efectos que no se encuentran acogidos a otros incentivos o créditos fiscales otorgados por otras leyes especiales.

Artículo 123k.- De las definiciones.

Para los efectos de esta Sección, se adoptan las siguientes definiciones:

MEJORAMIENTO GENETICO: Es el arte y la ciencia de cambiar y mejorar la herencia de las plantas y de los animales con el fin de incrementar su productividad y por ende su valor económico. Incluye la producción vegetal (producción de cultivos y de bosques) y la producción animal (producción de rubros pecuarios y producción pesquera); ya sea considerada en estado primario y como producto final.

TECNOLOGÍA DE PUNTA: Se refiere a las transformaciones fundamentales que provienen de descubrimientos de las ciencias básicas, que llegan a revolucionar o transformar o dar un giro al panorama tecnológico, ejerciendo una influencia decisiva sobre la estructura económica y productiva del país a nivel nacional o que alcance a un núcleo importante de la población.

La cuatro áreas de tecnología de punta son: equipos y procedimientos industriales, microelectrónica, biotecnología y nuevos materiales.

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO: Se refiere a aquella actividad más relacionada con el capital de inversiones y particularmente con los niveles de bienestar social a nivel nacional o que alcance a un núcleo importante de la población. Los mayores demandantes de tecnología y desarrollo son los productos generados por la tecnología de punta.

Texto de la Sección Décima Tercera, Crédito por inversión Directa e Indirecta, tal como fue adicionada por el artículo 25 del Decreto Ejecutivo N 274 de 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial N 22.956 de 22 de enero de 1996.

CAPITULO VIII
DECLARACION, FORMA DE DETERMINACION Y PAGO DEL IMPUESTO

Artículo 124.- Año fiscal.

Para los efectos del impuesto anual, el añogravable comprende un período de doce (12) meses así:

1. Período calendario general que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.

2. Período especial, que solicitado por el contribuyente, comienza el primer día del respectivo mes solicitado, hasta completar el período de doce (12) meses.

A los efectos de la aplicación del impuesto anual, éste se aplicará por la totalidad del período fiscal del contribuyente correspondiente a la vigencia de la respectiva ley.

Texto del artículo 124 tal como quedó modificado por el artículo 26 del Decreto Ejecutivo N 274 de 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial 22.956 de 22 de enero de 1996.

Artículo 125.- Declaración jurada.

Toda persona natural o jurídica que deba cubrir el impuesto por su cuenta o de otras personas preentará, por si mismo o por apoderado debidamente constituído (sic), dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación de su año fiscal, una declaración jurada enformularios oficiales suministrados gratuitamente por la Dirección General de Ingresos. La decalración se presentará ante las Administraciones Regionales de Ingresos y contendrá información sobre las rentas que haya obtenido durante el período fiscal anterior, así como de las utilidades que haya distribuído (sic) entre sus accionistas o socios y todo otro anexo o dato que sea requerido por la Dirección General de Ingresos por ser necesario para la precisa determinación del impuesto.

El contribuyente estará obligado a presentar la declaración aún cuando no estuvieran disponibles los formularios oficiales o no se haya provisto a tiempo de los mismos.

En su declaración, el contribuyente determinará el impuesto a pagar, deduciendo las partidas estimadas que hubiere abonado, las retenciones de que hubiere sido objeto, el crédito a su favor acumulado de períodos fiscales anteriores y otras rebajas legalmente autorizadas.

Artículo 126.- Declaración estimada.

Junto con la declaración jurada, el contribuyente presentará una declaración estimada de la renta neta gravable que probablemente obtendrá en el período fiscal siguiente al cubierto por la declaración jurada. La renta neta gravable estimada no podrá ser inferior a la renta neta gravable consignada en la declaración jurada y deberá ser mayor en los casos previstos en el artículo 698-a del Código Fiscal y en leyes especiales.

Artículo 127.- Declarantes iniciales o que declaran por primera vez.

Toda persona no sujeta a ninguno de los regímenes de retención contemplados, que en el transcurso del año fiscal se constituya en contribuyente, así como aquellas que, estando sujetas a un régimen de retención, perciban otros ingresos gravables en el transcurso del año fiscal, deberán presentar:

a) Declaración jurada;

Los contribuyentes deberán establecer la renta neta gravable correspondiente a los meses de operación del afo fiscal en que inician sus actividades y aplicar a dicha renta la tarifa para persona natural o para persona jurídica, según el caso.

b) Declaración estimada;

La renta neta gravable de su declaración estimada no podrá ser inferior a la renta neta gravable de la declaración jurada para el período corto de que se trate. Por tratarse de contribuyentes que inician operaciones, no se requiere la anualización de sus rentas.

Artículo 128.- Adopción de períodos fiscales especiales.

El contribuyente que estime necesaria la adopción de un período fiscal especial, deberá presentar junto al memorial en que fundamenta su solicitud:

a) Declaración jurada;

El contribuyente deberá establecer en su declaración jurada la renta neta gravable correspondiente a los meses del año fiscal que anteceden al inicio del período especial autorizado y aplicar a dicha renta la tarifa para persona nautral o para persona jurídica, según el caso.

b) Declaración estimada;

Para establecer la renta neta gravable de su declaración estimada para el período especial que se autoriza el contribuyente deberá anualizar la renta neta gravable declarada para el período corto, dividiendo dicha renta entre la cantidad de meses del año fiscal que anteceden al período especial autorizado y el resultado se multiplica por doce (12).

Artículo 129.- Extensión del plazo para presentar las declaraciones.

Antes del vencimiento del plazo establecido para presentar la declaración jurada anual, los contribuyentes podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos una extensión de dicho plazo hasta por un período máximo de tres (3) meses, previo el pago del impuesto que el contribuyente estime causado. Si luego de la presentación de la declaración jurada resultan imuestos por pagar en exceso de lo ya abonado por el contribuyente, se causarán los recargos e intereses respectivos sobre el saldo insoluto del impuesto. La falta de presentación o la presentación tardía de la declaración jurada anual, no exime al contribuyente del pago del impuesto estimado ni de los intereses y sanciones que correspondan sobre el mismo.

Artículo 130.- Requisitos de las declaraciones.

Las declaraciones juradas serán preparadas y refrendadas por un contador público autorizado, en cualquiera de los casos siguientes:

a) cuando se trate de contribuyentes que se dediquen a actividades de cualquier índole, cuyo capital sea mayor de cien mil balboas (B/.100.000.00);

b) cuando se trate de contribuyentes que tengan un volumen anual de ventas mayor de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

El contador público autoriado que consigne datos falsos en las declaraciones de rentas, será sancionado con multa de veinticinco baboas (B/.25.00) a mil balboas (B/.1,000.00), sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley No.57 de 1 de septiembre de 1978. Dichas multas serán impuestas por la Dirección General de Ingresos y la segunda instancia corresponderá al Organo Ejecutivo.

Artículo 131.- Terminación de negocios.

Toda persona que por terminación de su negocio, actividad o profesión, deje de estar sujeta al impuesto relativo al mismo, deberá presentar dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha terminación, la declaración jurada y el balance final y deberá pagar de una vez el impuesto correspondiente hasta el momento de cese del negocio.

Artículo 132.- Contribuyentes eximidos de presentar declaración jurada anual.

No están obligados a presentar la declaración jurada anual:

a) el trabajador que devenga un solo salario, siempre que el empleador haya retenido la totalidad del impuesto conforme a las normas del Código Fiscal y de este Decreto;

b) las personas que reciban una jubiliación o pensión de la Caja de Seguro Social y no tengan otro empleo o ingreso sujeto al impuesto o cuyo único ingreso adicional sea el indicado en el literal anterior;

c) las personas naturales o jurídicas que hayan tenido en el año fiscal como único ingreso utilidades o dividendos sobre las cuales se haya retenido el impuesto del diez por ciento (10%) o veinte por ciento (20%) según correponda;

ch) las personas naturales o jurídicas que perciban ingresos provenientes de intereses exentos;

d) las personas que obtengan ingresos que provengan exclusivamente de las actividades indicadas en los literales a), b), c) y d) de este artículo;

e) las personas naturales que ejerzan profesiones o actividades con carácter de independientes, cuya renta neta gravable sea de mil balboas (B/:1,000.00) o menos en el año fiscal respectivo, siempre y cuando sus ingresos brutos no asciendan a más de tres mil balboas (B/.3,000.00) anuales; y

Texto del literal e) tal como quedó modificado por el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N 198 de 22 de diciembre de 1993. Gaceta Oficial N 22.443 de 30 de diciembre de 1993.

f) las personas naturales que se dediquen a la actividad agropecuaria y que tengan ingresos brutos anuales menores de cien mil balboas (B/.100,000.00).

Texto del literal f) tal como quedó modificado por el artículo 27 del Decreto Ejecutivo N 274 del 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial N 22.956 de 22 de enero de 1996.

La persona natural o jurídica que no esté obligada a presentar declaración jurada anual de renta, deberá presentar una declaración jurada indicando las circunstancias que la eximan de tal obligación cuando solicite la expedición del certificado de paz y salvo.

Artículo 133.- Declaración jurada de beneficiarios en el exterior.

En todos los casos previstos en los artículos 148 y 149 de este Decreto los beneficiarios en el exterior de rentas de fuente panameña, excepto que se trate de rentas sobre las cuales se hayan practicado retenciones definitivas de acuerdo con el Código Fiscal y este Decreto, deberán presentar a la Dirección General de Ingresos dentro del plazo establecido en el artículo 125 de este Decreto, por sí o por apoderado, su declaración jurada anual de las rentas obtenidas en el año fiscal, calculando su impuesto y deduciendo las retenciones practicadas sobre las mismas.

La diferencia entre el impuesto calculado conforme a las tarifas de los artículos 699 o 700 del Código Fiscal, según corresponda, y las retenciones practicadas, será pagado al Tesoro Nacional en un pago único a más tardar el 30 de junio de cada año.

En estos casos no existe obligación de calcular y pagar impuestos estimados.

Si los beneficiarios de las renas no presentaran su declaración, la Dirección General de Ingresos, sobre la base de las informaciones proporcionadas por los agentes de retención, formulará de oficio la liquidación correspondiente y dispondrá que el agente de retención que ella escoja proceda a retener la diferencia del impuesto faltante en cualquier pago o acreditamiento que el mismo debe efectuar en el futuro, hasta agotar el saldo adeudado por el beneficiario.

La obligación de presentar la declaración anual de que trata este artículo no alcanza a personas en el exterior que han recibido en el año fiscal rentas de fuente panameña de parte de un solo agente de retención. En este caso y por las diferencias de impuesto que determine la Dirección General de Ingresos, el agente de retención respectivo será responsable del impuesto.

Artículo 133a.- Tarifas del impuesto.

Las tarifas del impuesto sobre la renta aplicables a las rentas netas gravables son:

a) Para las personas naturales:

Después de aplicacar las deducciones establecidas en el artículo 709 del Código Fiscal, las personas naturales pagarán por su renta gravable el impuesto sobre la renta de conformidad con la tarifa siguiente:

Si la renta neta gravable es: El impuesto será de:

Hasta B/.3,000 Cero

De más de B/.3,000 52% por el excedente de

hasta B/.3,250 B/.3,000 hasta B/.3,250.

De más de B/.3,250 B/.130 por los primeros

hasta B/.4,000 B/.3,250 y 4% sobre el

excedente hasta B/.6,000.

 

De más de B/.4,000 B/.160 por los primeros

hasta B/.6,000 B/.4,000 y 6.5% sobre el

excedente hasta B/.6,000.

De más de B/.6,000 B/.290 por los primeros

hasta B/.10,000 B/.6,000 y 11% sobre el

excedente hasta B/.10,000.

De más de B/.10,000 B/.730 por los primeros

hasta B/.15,000 B/.10,000 y 16.5% sobre el

excedente hasta B/.15,000.

De más de B/.15,000 B/.1,555 por los primeros

hasta B/.20,000 B/.15,000 y 19% sobre el

excedente hasta B/.20,000.

De más de B/.20,000 B/.2,505 por los primeros

hasta B/.30,000 B/.20,000 y 22% sobre el

excedente hasta B/.30,000.

De más de B/.30,000 B/.4,705 por los primeros

hasta B/.40,000 B/.30,000 y 27% sobre el

excedente hasta B/.40,000.

De más de B/.40,000 B/.7,405 por los primeros

hasta B/.50,000 B/.40,000 y 30% sobre el

excedente hasta B/.50,000.

De más de B/.50,000 B/.10,405 por los primeros

hasta B/.200,000 B/.50,000 y 33% por el

excedente hasta B/.200,000.

De más de B/.200,000 30% sobre el total de la renta

neta gravable.

b) Para las personas jurídicas:

Las personas jurídicas pagarán por su renta neta gravable del año fiscal 1995 y en los ejercicios siguientes, el impuesto sobre la renta de acuerdo con una tarifa de treinta por ciento (30%).

Las personas jurídicas que estén inscritas en el Registro Oficial de la Industria Nacional y las que tengan contratos con la Nación basados en el Decreto de Gabinete 413 de 1970, o contrato ley de fomento a la industria, pagarán por su renta neta gravable la tarifa siguiente:

hasta B/.500,000 30%

más de B/.500,000 B/.150,000 más 34% sobre el excedente

de B/.500,000.

El artículo 133a.- ha sido adicionado en virtud del artículo 23 del Decreto Ejecutivo N 274 de 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial N 22,956 de 22 de enero de 1996.

Artículo 134.- Pago del impuesto.

El impuesto determinado por el contribuyente en su declaración jurada según lo dispuesto por el artículo 125, será pagado de un solo contado dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la misma. Si la diferencia entre el impuesto determinado y las partidas estimadas pagadas fuera favorable al contribuyente, el saldo será aplicado para cancelar las partidas de su declaración estimatoria y si aún persistiere saldo a su favor, el mismo le será acreditado para futuros pagos o devuelto en caso que no tuviera que pagar el impuesto.

El impuesto estimado podrá ser pagado de un solo contado o en tres partidas iguales, dentro de los seis (6) , nueve (9) y doce (12) meses siguientes a la fecha de finalización del año fiscal del contribuyente.

La Dirección General de Ingresos determinará la forma, lugar y procedimiento de pago.

Artículo 135.- Facilidades de pago.

Siempre que los derechos del Fisco queden suficientemente asegurados y sin perjuicio de la aplicación de los intereses y recargos que legalmente correspondan, el Director General de Ingresos podrá concertar arreglos de pago de deudas tributarias morosas y permitir el pago de tributos en partidas mensuales, sin afectar, en todo caso, las fechas de vencimiento normales.

Artículo 136.- Compensación de deudas.

La Dirección General de Ingresos podrá decretar de oficio o a petición de parte, la compensación de los créditos líquidos y exigibles generados a partir del 1 de enero de 1992 a favor del contribuyente o responsable por concepto de tributos, incluyendo sus recargos e intereses, con sus deudas tributarias igualmente líquidas y exigibles, referente a períodos no prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que éstos sean administrados por la Dirección General de Ingresos.

También son compensables en las mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior, los créditos por trivutos con los que provengan de multas firmes.

Los créditos líquidos y exigibles generados a partir del 1 de enero de 1992 a favor del contribuyente por concepto de tributos, podrán ser cedidos a otros contribuyentes o responsables, en la forma que determine el Organo Ejecutivo, al solo efecto de ser compensados con deudas tributarias que tuviese el cesionario.

Artículo 137.- Documentos idóneos para el pago del impuesto.

Los contribuyentes podrán cancelar sus deudas en concepto de impuesto sobre la renta con:

a) créditos fiscales provenientes de préstamos hipotecarios preferenciales previstos en la Ley No.3 de 20 de mayo de 1985, modificada por la Ley No.11 de 26 de septiembre de 1990;

b) créditos fiscales provenientes de préstamos forestales preferenciales establecios por la Ley No.24 de 23 de noviembre de 1992;

c) certificados de abono tributario establecidos por la Ley No.108 de 30 de diciembre de 1974; y

ch) cheques fiscales establecidos por el Decreto de Gabinete No.16 de 30 de mayo de 1991, modificado por el Decreto de Gabinete No.25 de 5 de mayo de 1993, en los casos de morosidades anteriores al 1 de enero de 1990.

 

CAPITULO IX

RETENCIONES
SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 138.- Obligación de retener.

Los empleadores deducirán y retendrán mensualmente, o cuando paguen a sus trabajadores y comisioistas, el importe del impuesto que éstos deben pagar por razón de los sueldos, salarios, comisiones y otras remuneraciones periódicas que devenguen o perciban, a que se refiere el artículo 704 del Código Fiscal.

Artículo 139.- Obligaciones de las entidad públicas.

La Contraloría General de la República, las entidades autónomas del Estado y los municipios, que paguen a los servidores públicos sueldos, salarios, gastos de representación, dietas, pensiones, bonificaciones, movilizaciones, honorarios y otras remuneraciones por servicios personales o profesionales, retendrán mensualmente o en cada período de pago, las sumas que correspondan en concepto de impuesto sobre la renta y expedirán a dichos trabajadores los recibos que correspondan a esas retenciones.

Artículo 140.- Procedimiento para practicar las retenciones.

A los efectos de las retenciones que deben practicar las entidades públicas y las personas naturales y jurídicas del sector privado, sobre las remuneraciones que paguen a sus funcionarios y trabajadores, incluyéndose las remuneraciones por períodos inferiores al mes, las mismas se ajustarán a las instrucciones y tablas de retención elaboradas por la Dirección General de Ingresos.

Para la aplicación de estas tablas los empleadores deberán tomar en cuenta la declaración de deducciones personales que le deben presentar sus fincionarios y trabajadores, conforme a las normas que imparta la Dirección General de Ingresos. En el caso de que el trabajador no hubiere presentado al empleador el formulario de deducciones personales o lo presentare con defectos, el emplador hará la retención considerando a tal trabajador como contribuyente si ndependientes y sin obligación de suministrar alimentos a otras personas de acuerdo con el Código Civil, hasta que el trabajador no satisfaga dicho requisito; por lo tanto, en estos casos solo se computará como deducible la suma básica de ochocientos balboas (B/.800.00) anuales y el seguro educativo.

Para los efectos del cómputo de la retención, los empleadores tomarán en consideración los aporte al fondo de pensiones y jubilaciones que en el año fiscal correspondiente deban hacer sus empleados en base a los planes que establece la Ley No.10 de 16 de abril de 1993.

Artículo 141.- Pago de las retenciones efectuadas a los trabajadores.

En el caso de empleadores integrados al régimen de la Caja de Seguro Social, las retenciones efectuadas a los trabajadores en concepto del impuesto sobre la renta y seguro educativo serán dterminadas y pagadas a través del sistema de planilla preelaborada con facturación directa administrada por la Caja de Seguro Social.

Los empleadores que no utilicen este sistema deberán pagar directamente al Tesoro Nacional el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores.

Artículo 142.- Fracciones de remuneraciones inferiores a un balboa.

Cuando se paguen o acrediten remuneraciones con fracciones inferiores a un balboa (B/.1.00) no se tomará en cuenta la fracción cuando sea cincuenta centésimos de balboa (B/.0.50) y se redondeará a un balboa (B/.1.00) cuando sea superior a cincuenta centésimos de balboa (B/.0.50).

Artículo 143.- Trabajadores con ás de un empleo u otras rentas.

Los trabajadores que haun recibido simultáneamente dentro del año fiscal remuneraciones de más de un empleador y los que obtengan además rentas gravables de otras fuentes, salvo que se trate de dividendos u otras distribuciones de utilidades a los accionistas o socios de personas jurídicas sobre los cuales se hayan retenido el impuesto correspondiente, deberán presentar su declaración jurada anual como los demás contribuyentes, dentro de los plazos legales y pagarán su impuesto conforme a las normas generales del Código Fiscal y de este Decreto.

La diferencia entre el impuesto que les corresponda y las retenciones hechas por su empleador durante el año fiscal será la cifra que deberán pagar directamente al Tesoro Nacional. La renta declarada, deduciendo las sumas provenientes de sueldos y salarios sobre los cuales se retuvo el impuesto.

Artículo 144.- Modificación de las deducciones personales.

Cuando se modifiquen las causas de las deducciones personales de que trata el artículo 709 del Código Fiscal y que han sido declaradas ante el empleador, tales como nacimientos, defunciones y matrimonios, los trabajadores se lo harán saber al empleador utilizano el formulario de deducciones personales, a los fines de que est últime ajuste las retenciones que debe practicar. Esta información de los trabajadores debe indicar las fechas exactas en que ocurrieron las modificaciones.

El ajuste de las retenciones se efectuará por el empleador a partir del mes siguiente a aquel en que recibió la comunicación del trabajador.

Artículo 145.- Declaraciones de deducciones personales falsas o erróneas.

La declaración de deducciones personales formulada por el trabajador ante el empleador tendrá el carácter de declaración jurada y el trabajador será responsable por cualquier información falsa o errónea sobre su contenido. Tal responsabilidad también alcanzará al empleador si se comprueba que entre éste y el trabajador hubo un entendimiento para evadir o reducir el impuesto.

Artículo 146.- Responsabilidades de los agentes de retención.

El agente de retención que, estando obligado a ello, no haga la retención de las sumas correspondientes al impuesto sobre la renta de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, será solidariamente responsable con el contribuyente respectivo del pago del impuesto relativo a las cantidades sobre las cuales se debió practicar la retención.

Si el agente de retención no practicara la misma o no remite al Tesoro Nacional, dentro del plazo etablecido, las sumas retenidas, no podrán deducir como gastos los pagos sujetos la obligación de retener, salvo que el pago de las retenciones al Tesoro Nacional se haga dentro del mismo año fiscal en que las sumas pertinentes se deducen como gastos.

Si el agente de retención practicó las retenciones pero no remitió las sumas retenidas al Tesoro Nacional, el contibuyente quedará eximido de su responsabilidad por el impuesto que pudiera corresponderle sobre los importes sujetos a la retención practicada, salvo que haya estado en conocimiento de la omisión del agente de retención y no la haya denunciado a la Dirección General de Ingresos.

Artículo 147.- Remuneraciones provenientes del exterior o pagadas por personas no obligadas a la retención.

En el caso de remunceraciones que provengan del exterior, pagadas a personas radicadas en Panamá y que constituyan renta de fuente panameña, o pagadas por personas o entidades no obligadas a practicar la retención, tales como organismos internacionales, embajadas y similare, los contribuyentes que perciban tales remuneraciones quedan obligadas a pagar al Tesoro Nacional, mensualmente, el impuesto que corresponda coforme a la tabla de retención. Tales ingresos se harán directamente al Tesoro Nacional, a cuyo efecto la Dirección General de Ingresos impartirá las normas correspondientes para facilitar y hacer efectivo este procedimiento.

Las mismas personas de que trata este artículo quedan igualmente obligadas a presentar directamente su declaración anual de renta gravable y serán consideradas a todos los efectos del Código Fiscal y este decreto como los demás contribuyentes.

Artículo 148.- Retenciones sobre remesas al exterior.

Toda persona natural o jurídica que pague o acredite en cuenta a beneficiarios radicados en el exterior o a otras personas a cuenta de aquellos, rentas de fuente panameña, renta gravable de cualquier clase, excepto intereses o la distribución de utilidades a los accionistas o socios de una persona jurídica, deberá deducir y retener la cantidad que resulte de aplicar las tarifas establecidas en los artículos 699 y 700 del Código Fiscal, según sea el caso.

Se considera que también existe acreditamiento desde el momento que la persona dispone de las rentas correspondientes por cuenta del beneficiario radicado en el exterior, para realizar operaciones de cualquier naturaleza por cuenta de aquel, ya sea en el país o en el extranjero.

Corresponde igualmente la retención si los pgos o acreditamientos se efectúan al apoderado o representante local del beneficiario radicado en el exterior. Si al efectuarse el pago o acreditamiento no se hiciera la retención, sin prjuicio de las sanciones que le correspondan a la persona que pagó o acreditó la renta, el apoderado o repreentante continuará como responsable del impuesto y deberá pagar al Tesoro Nacional, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del pago o acreditamiento, una suma igual al monto del impuesto.

Para calcular el importe de la retención deberán sumarse al monto que se pague o acredite, las cantidades que se hubiesen pagado o acreditado al beneficiario durante el año fiscal y sobre ese total se aplicarán las tarifas de los artículos 699 o 700 del Código Fiscal, según corresponda. Del impuesto así establecido se deducirán las retenciones ya efectuadas en el año fiscal.

Artículo 149.- Sumas sobre las cuales se aplicará la retención a las remesas a beneficiarios radicados en el exterior.

A los efectos de las retenciones establecidas en el artículo anterior y salvo los casos especialmente previstos en el Código Fiscal y en este Decreto, las tarifas de los artículos 699 y 700 del Código Fiscal se aplicarán sobre:

a) la totalidad de las remesas en concepto de comisiones y remuneraciones por trabajo personal prestado en relación de dependencia;

b) la totalidad de las remesas de alquileres, regalías, rentas vitalicias y otros tipos de rentas;

c) el diez por ciento (10%) de las remesas en los casos de empresas de transporte y comunicaciones cuando, de acuerdo con el artículo 121 de este Decreto, las empresas hubieren optado expresamente por aplicar la regla de considerar como renta neta gravable el diez por ciento (10%) de sus ingresos brutos de fuente panameña.

Texto del artículo 149 tal como quedó modificado por el Decreto Ejecutivo N 16 de 17 de enero de 1996. Gaceta Oficial N 22.964 de 1 de febrero de 1996.

SECCION SEGUNDA
DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS CREDITOS
DIMANANTES DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES A
QUE SE REFIEREN LOS NUMERALES 5, 6 Y 7 DEL
ARTICULO 709 DEL CODIGO FISCAL

NORMA GENERAL

Artículo 150.- Régimen de determinación de créditos por parte de los empleadores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 704 del Código Fiscal, se establece un régimen opcional que autoriza a los empleadores a determinar y pagar a sus trabajadores, directamente, el monto de los créditos que, a favor de éstos, resulten del reconocimeinto de las deducciones que se mencionan a continuación y que no fueron tomadas en consideración al efectuar las retenciones en el año fiscal anterior, a saber:

a) las sumas pagadas por los trabajadores, hasta un máximo de quince mil balboas (B/.15,000.00) anuales, en concepto de intereses por préstamos hipotecarios que se hayan destinado o se destinen exclusivamente a la adquisición, construcción, edificación o mejoras de la vivienda principal del trabajador, siempre que dicha vivienda esté ubicada en la República de Panamá;

b) los intereses pagados por los trabajadores en concepto de préstamos que se destinen exclusivamente a la educación, dentro del territorio nacional, del trabajador o de las personas que éste sostenga o eduque;

c) los intereses causados por préstamos otorgados al trabajador por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), que se destinen a la educación del trabajador o de las personas que éste sostenga o eduque, aunque los estudios se realicen en el exterior; y

ch) los gastos, debidamente comprobados, efectuados por los trabajadores dentro del territorio nacional en concepto de:

1.- primas de pólizas de seguro de hospitalización y atención médica; y

2.- hospitalización, diagnóstico, cura, prevención, alivio o tratamiento de enfermedades cuando tales gastos no son pagados o reembolsados por la compañía de seguro, de acuerdo a la respectiva póliza.

De los requisitos, comprobación de las deducciones y determinación de los créditos.

Artículo 151.- Requisitos.

Para acogerse al régimen de determinación y de pago de créditos por parte del empleador, los trabajadors deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) haber prestado servicios a su empleador durante los doce (12) meses del año fiscal anterior;

b) no haber percibido otro ingreso gravable distinto del salario que devenguen en la empresa en que prestaron servicios durante el referido año fiscal; y

c) haber efectuado cualesquiera de las erogaciones o gastos personales deducibles a que se refiere el artículo 150 de este Decreto.

Artículo 152.- Entrega de comprobantes.

El trabajador interesado en acogerse a este régimen deberá entregar a su empleador, además de los comprobantes de los gastos a que se refieren los artículos 153, 154 y 155 de este Decreto, según el caso, los siguientes documentos:

a) Declaración jurada del trabajador de que no ha percibido otros ingresos en el año, según lo dispuesto en el literal b) 2 del artículo anterior.

b) El formulario 82, de deducciones personales y dependientes, actualizado al treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior.

Artículo 153.- Comprobantes de las sumas pagadas en concepto de intereses sobre préstamos hipotecarios.

A los efectos de comprobar los pagos realizados en concepto de intereses sobre préstamos hipotecarios, el trabajador presentará al empleador los siguientes documentos:

a) La certificación del acreedor hipotecario en que conste:

1. el nombre y número de R.U.C. o cédula de identidad personal del o de los prestatarios, todos los cuales deben ser personas naturales;

2. el número y la fecha de la escritura del o de los préstamos, sus adiciones y refinanciamientos, si los hubiere;

3. los datos de inscripción en el Registro Público del préstamo hipotecario y de sus modificaciones;

4. el monto de los intereses pagados durante el período fiscal de que se trate, incluyendo las comisiones de apertura, renovación y cierre del contrato de préstamo;

5. que obra en su poder una declaración jurada del trabajador en el sentido de que destinó el importe del préstamo para la adquisición, construcción, edificación o mejora de su vivienda principal;

6. que los intereses hipotecarios no provienen de préstamos otorgados bajo el régimen de intereses preferenciales a que se refiere la Ley 3 del 20 de mayo de 1985.

b) Declaración jurada del trabajador donde conste:

1. que los fondos objeto del préstamo hipotecario, sus adiciones y refinanciamientos fueron utilizados totalmente para la adquisición, construcción o mejora de su vivienda principal;

2. que los otros deudores o fiadores del préstamo, si los hubiere, no han tomado parte o el total de la deducción por intereses, o que han prorrateado entre ellos el monto de los intereses a que se refiere el certificado del acreedor hipotecario.

Artículo 154.- Comprobante de las sumas pagadas en concepto de intereses sobre préstamos para la educación.

A los efectos de comprobar los pagos realizados en concepto de intereses sobre préstamos para su educación personal o la de sus dependientes, el trabajador presentará al empleador los siguientes documentos:

a) Certificación del acreedor en donde conste:

1. el nombre y número de R.U.C. o cédula de identidad personal del o de los prestatarios;

2. el nombre del estuadiante o de los estudiantes y la identificación del país y de la institución educativa donde realiza(n) los estudios;

3. la identifiación del préstamo o los préstamos;

4. el monto de los intereses pagados durante el período fiscal de que se trate;

5. que obra en su poder una declaración jurada del deudor en la que hace constar que el o los préstamos fueron destinados exclusivamente a su educación personal o la de sus dependientes, dentro del territorio nacional.

b) Copia de la declaración presentada por el deudor al acreedor a que se refiere el numeral 5) anterior, en que hace constar que el o los préstamos fueron destinados exclusivamente a su educación personal o la de sus dependientes, dentro del territorio nacional.

Parágrafo: Siempre que el préstamo sea otorgado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), la certificación no tendrá que indicar si la educación se realiza en el territorio nacional o en el exterior.

Artículo 155.- Comprobantes de las sumas pagadas en concepto de primas de pólizas de seguros de hospitalización y atención médica.

A los efectos de comprobar los pagos realizados en concepto de primas de pólizas de seguro, el trabajador presentará al empleador una certificación de la respectiva compañía de seguro en donde se haga constar:

a) El nombre y número de R.U.C. o cédula de identidad personal del asegurado;

b) El número de la póliza;

c) El monto de las primas correspondiente a la póliza de seguro de hospitalización, diagnóstico, cura prevención, alivio o tratamiento de enfermedades durante el período fiscal de que se trate;

d) El monto de los gastos efectuados por el trabajador que no le fueran pagados o reembolsados por la compañía de seguro.

Artículo 156.- Deducción por prima de seguro.

La deducción de la prima de seguro de hospitalización y atención médica, a que se refiere el literal c) del artíuclo anteior, se sujetará a lo siguiente:

a) Si el pago de la prima lo asume el empleador, el mismo no será deducible para el trabajador.

b) Si el empleador y el trabajador comparten el pago de la prima, sólo será deducible la porción pagada por el trabajador.

En todo caso, el empleador dejará constancia escrita de que no paga ni en todo ni en parte la prima a que se refieren los numerales anteriores.

Determinación y pago del crédito a favor de los trabajadores

Artículo 157.- Determinación del crédito a favor de cada trabajador.

El empleador determinará el crédito fiscal que corresponda a cada trabajador así:

a) De los ingresos sujetos a la retención del impuesto sobre la renta percibidos por el trabajador, durante el año inmediatamente anterior, se deducirá el monto que resulte de la suma de los gastos deducibles siguientes:

1. Las deducciiones básicas o personales y por dependientes del trabajador de acuerdo con el formulario 82 a que se refiere el literal b) del artículo 152 de este Decreto.

2. Las contribuciones del seguro educativo del trabajador.

3. Las deducciones a que se contraen los artículos 153, 154 y 155 de este Decreto, debidamente comprobadas.

b) El saldo será la renta neta gravable a la que se le aplicará la tarifa respectiva que señale el artículo 700 del Código Fiscal.

c) A la suma que así resulte, como impuesto a pagar, le restará el monto del impuesto sobre la renta que le retuvo durante el año inmediatamente anterior.

ch) El resultado o suma retenida en exceso al trabajador en concepto de impuesto sobre la renta, o sea la diferenica entre el impuesto calculado según el literal b) anterior y la retención a que se refiere el literal c), constituirá el crédito a favor del trabajador que le será devuelto de conformidad a las condiciones, plazos y forma de pago que se establece en esta Sección.

Artículo 158.- Pago de las sumas que constituyen los créditos a favor de los trabajadores.

Los empleados deberán pagar a sus trabajadores las sumas que constituyan los créditos a favor de éstos, determinados con arreglo a este Decreto, en el mes de agosto de cada año, descontando de dicho importe del monto del impuesto sobre la renta que el empleador debe pagar, por cuenta de sus trabajadores, a través de la planilla preelaborada de la Caja de Seguro Social del mes de agosto.

En el caso de que persista un saldo a favor de los trabajadores, el empleador queda autorizado para deducir dicho saldo de la planilla preelaborada del mes o meses subsiguientes hasta agotar el mismo.

Artículo 159.- Empleadores que no utilicen el sistema de la planilla preelaborada de la Caja de Seguro Social.

Los empleadores que no utilicen el sistema de planilla preelaborada de la Caja de Seguro Social e ingresen directamente al Tesoro Nacional el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores, deberán descontar de dicho importe el monto del crédito a favor de los trabajadores, determinado de conformidad con este Decreto, y pagarán tales sumas mediante el procedimiento y en las fechas indicadas en el artículo anterior.

Disposiciones Finales

Artículo 160.- Presentación del formulario denominado 03.

Además de los datos solicitados en el formulario denominado 03 referente a todos los trabajadores, el empleador debeá incluir en el mismo la información respecto de los trabajadores que cumplen con los requisitos a que se hace referencia en esta Sección.

El formulario deberá ser presentado dentro de los primeros seis meses de cada ño, preferiblemente por medios magnéticos.

Artículo 161.- Obligación de conservar los comprobantes.

El empleador deberá conservar en sus archivos todos los comprobantes relacionados con los gastos, deducciones y determinación del crédito de sus trabajadores, ya sea en su forma original o microfilmada, y mantenerlos disponibles durante siete (7) años, para la oportuna fiscalización por la Dirección General de Ingresos.

Artículo 162.- Devolución de créditos a través de la Dirección General de Ingresos.

El trabajador podrá obtener mediante solicitud formal ante la Dirección General de Ingresos, la devolución de crédito a que tuviera derecho, cuando se presente alguno de los siguientes casos:

a) cuando por cualquier razón el empleador se abstiene de acogerse al régimen establecido en esta Sección;

b) cuando el trabajador haya percibido otros ingresos gravables distintos del salario, tales como gastos de representación;

c) cuando haya prestado servicios por menos de los doce (12) meses de que trata el literal a) del artículo 151;

ch) cuando tenga derecho a otros gastos deducibles diferentes o que no pueden ser reconocidos o deducidos de conformidad con el régimen contemplado en esta Sección.

Artículo 163.- Saldos a favor del Fisco.

En los casos en que, al momento de presentar el formulario denominado 03, resulten saldos a favor del Fisco, el empleador deberá pagar por cuenta del trabajador del tributo adeudado al momento de presentar el respectivo formulario, y en todo caso a más tardar el 30 de junio de cada año, sin perjuicio de su derecho de retener y recuperar el impuesto pagado por cuenta del trabajador.

En los casos en que, al momento de presentar el formulario denominado 03, resulten saldos a favor del trabajador o proveinientes de créditos dinamantes (sic) de las deducciones a que se refiere este Decreto, el empleador procederá a pagar dichos créditos conforme a esta Sección.

 

CAPITULO X

FACULTADES Y DEBERES

DE LA ADMINISTRACION

Artículo 164.- Oficina Administradora.

El impuesto sobre la renta será administrado por la Dirección General de Ingresos, cuyas funciones, facultades y responsabilidades se ajustarán a lo dispuesto en el Código Fiscal, en el Decreto de Gabinete No.109 de 7 de mayo de 1970 y en este Decreto.

Artículo 165.- Determinación de impuesto adicional.

Siempre que por razón de las investigaciones que realice la Dirección General de Ingresos, la misma determine que el monto del impuesto a cargo del contribuyente sea mayor del que surja de la declaración jurada presentada por el mismo y sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, se expedirá una resolución que contendrá la liquidación del impuesto adicional. dicha resolución debidamente fundamentada deberá expedirse dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que el contribuyente presentó la declaración y será notificada dentro de igual término en la forma prevista en la Ley. El contribuyente tiene derecho a solicitar una relación exacta y detallada del objeto sobre el cual se ha expedido la resolución y la Dirección General de Ingresos está obligada a darla dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a dicha solicitud.

El contribuyente no está obligado a pagar el impuesto adicional, exigido a través de una resolución notificada después de vencido el plazo antes mencionado.

No podrá cobrarse el impuesto contenido en la resolución de que trata este artículo, sino cuando la misma esté ejecutoriada.

Artículo 166.- Determinación de oficio del impuesto.

La Dirección General de Ingresos podrá determinar de oficio, mediante resolución que se notificará al contribuyente de acuerdo con las formalidades pertinenetes, la renta neta gravable y el impuesto de las personas:

a) que, estando obligadas a ello, no presenten la declaración jurada dentro de los plazos señalados en este Decreto;

b) que, presenten sus deducciones con deficiencias que hagan imposible para el funcionario fiscal liquidar debidamente el impuesto.

A los efectos anteriores, la Dirección General de Ingresos tomará en cuenta todos los elementos de juicio que permitan la determinación de la renta neta gravable.

La determinación de oficio no eximirá al contribuyente de las sanciones legales correspondientes.

Artículo 167.- Medidas cautelares.

Cuando la Dirección General de Ingresos tenga conocimiento fundado de que el contribuyente o responsable se disponga a trasponer, enajenar, ocultar, empeorar, gravar o disipar, secuestrar o embargar o ejercer cualquier otra medida restrictiva sobre sus bienes, que pueda poner en riesgo o hacer ilusoria la acción del Fisco para cobrar el impuesto, la Dirección General de Ingresos podrá ordenar, junto con la notificación o ejecutoria de la comunicación o de la resolución que contenga el requerimiento de pago de un tributo, el aseguramiento, secuestro u otras medidas cautelares sobre todos o cualesquiera bienes del contribuyente o responsable. El valor de los bienes así cautelados no podrá exceder de la suma adeudada, más sus recargos, intereses y multas. Estas medidas se practicarán sin interrumpir las labores del establecimiento o hacienda.

Si como resultado de la intervención de la Dirección General de Ingresos, se evidencia la existencia de un posible crédito tributario distinto al que motivó la medida original, se podrán ordenar nuevas medidas cautelares. Igualmente, si el valor de los bienes excediera del crédito, de oficio o a solicitud del interesado deberá reducirse la medida cautelar hasta dicho valor.

Si el contribuyente o responsable prestase caución especial suficiente, en la forma indicada en el artículo 1181 del Código Fiscal, se suspenderá la acción cautelar que vaya a verificarse o se levantará la verificada.

Artículo 168.- Cobro por jurisdicción coactiva.

Si a los sesenta (60) días siguientes al vencimiento del término para el pago del impuesto o de las partidas del impuesto estimado, el mismo no ha sido hecho efectivo por el contribuyente o por el agente de retención, la Dirección General de Ingresos procederá al cobro del mismo por el trámite del juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva.

Artículo 169.- Confidencialidad de la información.

No se podrá divulgar la cuantía o fuente de rentas, ni las pérdidas, gastos o cualquier otro dato relativo a ello que figuren en las declaraciones del contribuyente, ni se permitirá que éstas, sus copias y los documentos que con ella se acompañen, sean examinados por personas distintas al contribuyente o de su representante o apoderado.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la autoridad judicial competente pdorá permitir la inspección de la declaración y de los documentos que con ella se acompañen, cuando tal inspección sea necesaria para la prosecución de juicios o investigaciones en los cuales el Estado tenga interés.

También será permitida la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas en cada caso.

En los juicios civiles en que un contribuyente sea parte, podrán llevarse a cabo inspecciones oculares en los mismos casos y con los mismos requisitos y formalidades permitidas para la inspección de los libros y documentos de los comerciantes.

Artículo 170.- Evacuación de consultas.

El que tuviere interés personal y directo puede presentar consultas a la Dirección General de Ingresos con la finalidad de que se le aclare el sentido y alcance de cualquier norma o disposición sobre tributos de competencia de esa Dirección, con relación a una situación de hecho concreta y actual. Las personas jurídicas deberán formular sus consultas por medio de un apoderado legalmente constituído (sic) y acompañar la certificación del Registro Público en donde conste la existencia, vigencia y representación legal de la sociedad.

1. Las consultas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) extenderse en papel sellado;

b) dirigirse al Director General de Ingresos;

c) exponer claramente los hechos objeto de la consulta;

ch) expresar el criterio del consultante referente a los hechos, materia o situación objeto de la consulta;

d) citar las disposiciones legales pertinentes sobre las cuales verse la consulta; y

e) facilitar los documentos y demás elementos de juicio que permitan una mejor inteligencia de la consulta.

2. La Dirección General de Ingresos deberá declarar improcedente la consulta en los siguientes casos:

a) cuando no cumpla con los requisitos antes señalados;

b) cuando no se aporten suficientes elementos de juicio;

c) cuando la consulta se refiera o guarde relación con hechos o situaciones objeto de controversia en la vía gubernativa o contencioso - administrativa; o

ch) cuando la consulta verse sobre tributos que no sean de su competencia.

Toda consulta que cumpla con los requisitos antes señalados será absuelta dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles, salvo que, por motivo justificado, se requiera un plazo mayor.

3. Si el consultante cumple las obligaciones tributarias de conformidad con la respuesta que recibió por razón de se consulta, y luego la Dirección General de ingresos modifica su criterio, la liquidación adicional que expida la Administración Tributaria, que guarde relación con el tema objeto de la consulta, sólo dará lugar a la aplicación de intereses, no así a multas y recargos, siempre y cuando:

a) conserve todos los antecedentes y circunstancias inherentes a la motivación de la consulta;

b) los hechos o situaciones motivo de la consulta no se hubieren alterado posteriormente; y

c) la consulta se hubiera formulado antes de producirse el hecho generador del impuesto o de ejecutarse la acción fiscalizadora dentro del plazo de su declaración.

El numeral 3 ha sido eliminado por el Artículo 8 del Decreto Ejecutivo No.198 de 22 de diciembre de 1993. Gaceta Oficial N 22.443 de 30 de diciembre de 1993.

Será nula la consulta evacuada sobre la base de datos inexactos o falsos proporcionados por el consultante.

 

CAPITULO XI

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 171.- Deberes y obligaciones.

Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumlir los deberes formales relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Dirección General de Ingresos y en especial deberán:

a) pagar el impuesto propio y los retenidos dentro de los plazos legales;

b) llevar la contabilidad mediante los sistemas o registros generales y especiales referentes a las actividades y operaciones que se vinculen con la tributación;

c) presentar las declaraciones juradas y estimadas que correspondan;

ch) inscribirse en el Registro Unico de Contribuyentes de la Dirección General de Ingresos, aportando los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones;

d) conservar en forma ordenada los libros de contabilidad, las máquinas registradoras y sus registros, así como la documentación comprobatoria de los asientos formulados. Cuando los contribuyentes y responsables lleven su contabilidad o parte de ella por el sistema electrónico, deberán poner a disposición de los funcionarios de la Dirección General de Ingresos el equipo de cómputo y sus operadores para que los auxilien en el desarrollo de la auditoría;

e) proporcionar, cuando los funcionarios fiscales autorizados lo requieran, los registros y comprobantes de contabilidad y los estados financieros y demás documentación relativa a sus actividades productoras de retnas y facilitar las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar, establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios de transporte;

f) presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informaciones, documentos, comprobantes de legítima precedencia de mercancías relacionadas con hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas;

g) comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trata del inicio o término de sus actividades;

h) comparecer a las oficinas fiscales cuando su presencia es requerida; y

i) cualquier otro que la Dirección General de Ingresos estime necesario.

Los deberes formales deben ser cumplidos:

a) en el caso de personas naturales, por si mismas o por sus representantes legales o mandatarios;

b) en el caso de personas jurídicas, por su representante legal o por apoderado designado al efecto;

c) en el caso de colectividades que constituyan una unidad económica dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional por la persona que administre los bienes y en su defecto, por cualquiera de los integrantes de la colectividad.

Artículo 172.- Obligación de facturar.

Es obligatoria la expedición de factura o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios, por parte de todas las personas que requieran licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias y agroindustriales. Se exceptúan de esta obligación las personas que sólo requieran permiso de oepración o permisos municipales temporales para realizar su actividad.

Las personas que trabajen en profesiones, sea en forma independiente o colegiada, deberán documentar sus ingresos generados por las operaciones o servicios que presten, mediante la expedición de facturas o documentos equivalentes.

También deberán ser documentadas las devoluciones, descuentos y, en general, todo tipo de operaciones realizadas por las personas señaladas en los dos párrafos anteriores, en ejercicio de sus actividades comerciales, industriales, agropecuarias, agroindustriales, profesionales o similares.

La documentación se emitirá en formularios de numeración corrida, debiendo el orginal entregarse al receptor del bien, trabajo o servicio, en tanto que una copia debe quedar en los archivos de quien la expida. En los formularios siempre debe figurar impreso el número de Registro Unico de Contribuyente, así como el nombre, razón social o nombre comercial del emisor.

Se entiende por factura el documento que se expide para hacer constar toda operación a que se hace referencia en este artículo. En dicho documento debe aparecer la fecha de la operación, la descripción del bien o servicios objeto de la transacción y el precio o importe total de ésta.

En las fechas que se expidan o en los documentos que hagan sus veces, además de los requisitos señalados para los documentos en general, se hará constar por separado, cuando sea el caso, el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles (I.T.B.M.), el impuesto sobre ciertos servicios establecido por el Artículo 1057-y del Código Fiscal y cualquier otro impuesto que incida sobre la operación.

Además de los documentos mencionados en los tres párrafos anteriores, podrán ser utilizados otros comprobantes previamente autorizados por la Dirección General de Ingresos. A dichos comprobantes les será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2) del artículo 967 del Código Fiscal.

Artículo 173.- Cese de negocios.

Cuando una persona cese en sus actividades por venta, cesión o traspaso a otra de su negocio o industria, la persona adquiriente quedará afecta a la obligación de pagar los impuestos sobre la renta que se adeuden por el vendedor o cedente.

Artículo 174.- Informe anual sobre pago de rentas.

1. Todas las entidades públicas, incluyendo las autónomas y semiautónomas y los municipios, deberán presentar anualmente a la Dirección General de Ingresos un informe detallado de los pagos que hayan efectuado durante el año inmediatamente anterior en concepto de:

a) remuneraciones de servicios profesionales, técnicos y cualquier otros no laborables;

b) arrendamiento de bienes inmuebles;

c) contratos y subcontratos de obras;

ch) dietas;

d) comisiones, salvo las que cobren las instituciones financieras, y

e) Corretajes.

2. Todas las personas naturales y jurídicas que deban presentar declaración jurada del impuesto sobre la renta, entregarán a la Dirección General de Ingresos, anualmente, un informe detallado de los pagos efectuados durante el año inmediatamente anterior en concepto de:

a) Remuneraciones de servicios profesionales, técnicos y cualesquiera otros no laborales;

b) Arrendamiento de bienes inmuebles;

c) Contratos y subcontratos de obra;

ch) Dietas y otras remuneraciones abonadas a los directore o dignatarios de la persona jurídica que rinde el informe;

d) Comisiones, salvo las que cobren las instituciones financieras;

e) Corretaje;

f) Gastos de representación.

3. También estarán obligadas a entregar el informe a que se refiere este artículo, las asociaciones civiles, las fundaciones organizaciones sociales de trabajadores y empleadores, las cooperativas, asociaciones de ahorro y préstamos y demás entidades que por no tener fines de lucro no son contribuyentes del impuesto sobre la renta.

4. Así mismo, todas las personas naturales y jurídicas que exploten, con ánimo de lucro, en y desde oficinas establecidas en el territorio de la República de Panamá, actividades que generen rentas que, de acuerdo con las normas fiscales correspondientes, no se consideren producidas dentro de dicho territorio y que en consecuencia, no tengan la obligación de presentar declaración jurada del impuesto sobre la renta, deberán entregar anualmente a la Dirección General de Ingresos un informe detallado de los pagos efectuados en los conceptos mencionados en el numeral 2 de este artículo, siempre y cuando tales pagos representen ingresos gravables para quien los reciba.

5. No están obligadas a presentar los informes a que se refiere este artículo, las personas jurídicas constituidas de conformidad con las leyes de la República de Panamá que no tengan oficina y personal propios dentro del territorio nacional.

6. Las personas naturales y jurídicas que reciban, por cuenta de terceros, pagos por los conceptos señalados en numeral 2 de este artículo, deberán, además de cumplir con la entrega del informe anual antes indicado, presentar anualmente a la Dirección General de Ingresos un informe detallado de los pagos así recibidos durante el año inmediatamente anterior, indicando el nombre del pagador y el del destinatario de tales pagos.

7. Los informes a que se refiere este artículo deberán cubrir el período fiscal del contribuyente el cual será presentado a la Dirección General de Ingresos conjuntamente con la declaración jurada de rentas de cada año, por medios magnéticos o a través de formularios que para tales efectos elaborará dicha Dirección. En ambos casos los informes contendrán el nombre de las personas a que se refiere este artículo, su correspondiente número de Registro Único de Contribuyente (RUC), el monto total de las cantidades pagadas y/o acreditadas a tales personas y el concepto en que hayan efectuado la erogación según el método habitual de contabilidad de la empresa.

Texto del numeral 7 del artículo 174 tal como quedó modificado por el artículo 46 del Decreto Ejecutivo N 274 de 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial N 22.956 de 22 de enero de 1996.

SECCION SEGUNDA

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Artículo 175.- Actos o contratos que requieren del paz y salvo.

Cuando el interesado no acredite previamente que está a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional y la Caja de Seguro Social por concepto del impuesto sobre la renta, seguro educativo, cuotas del seguro social y de riesgos profesionales, no podrán ser autorizados, permitidos o admitidos por los funcionarios o particulares, los actos o contratos que se indican a continuación:

a) Los pagos que efectúe el Tesoro Nacional, el tesoro municipal, y demás tesoros públicos, excepto los correspondientes a los sueldos, salarios y/o remuneraciones por servicios laborales prestados;

b) La revisión anual a que están sujetos los vehículos automotores que circulen con placa comercial;

c) La venta de pasajes al exterior y la obtención del permiso de salida para viajar al exterior a personas residentes en el territorio nacional, salvo las excepciones siguientes:

1) los diplomáticos y cónsules rentados acreditados en la República de Panamá. A los diplomáticos les bastará exhibir su pasaporte debidamente visado por las autoridades nacionales. Los cónsules deberán acreditar la exención mediante constancia que les expedirá el Ministerio de Relaciones Exteriores;

2) las personas que por tratados públicos están exoneradas de este impuesto;

3) los menores de dieciocho (18) años de edad;

4) los estudiantes con visa o pasaporte de estudiante; y

5) los panameños y extranjeros con residencia permanente en el territorio nacional.

Para los efectos de este artículo, la Caja de Seguro Social remitirá, periódicamente, al Ministerio de Hacienda y Tesoro la lista de empleadores morosos en el pago de las cuotas obrero patronal y de riesgos profesionales.

Texto del artículo 175 tal como quedó modificado por el artículo 28 del Decreto Ejecutivo N 274 de 29 de diciembre de 1995. Gaceta Oficial 22.956 de 22 de enero de 1996.

Artículo 176.- El certificado de paz y salvo.

Para los efectos del artículo anterior, los interesados comprobarán que se hallan a paz y salvo respecto del impuesto sobre la renta, mediante certificados que expedirán las Administraciones Regionales de Ingresos.

El certificado de paz y salvo sólo se otorgará a las personas naturales o jurídicas que hayan cumplido en su totalidad las obligaciones derivadas de las disposiciones que regulan el impuesto sobre la renta.

No se expedirá dicho certificado cuando el contribuyente se encuentre en mora con el Tesoro Nacional en el pago de cualquier partida del impuesto.

Los certificados se expedirán en formularios especiales que confeccionará la Dirección General de Ingresos y a los cuales se les adherirán y anularán, al expedirse, timbres por valor de veinticinco centésimos de balboa (B/.0.25). Con excepción de los timbres, dichos certificados se expedirán libres de todo otro derecho o impuesto.

Artículo 177.- Casos especiales.

La Dirección General de Ingresos podrá otorgar el certificado de paz y salvo y hacerlo extensivo hasta por el plazo de un año en los casos que se pague el monto total correspondiente a las tres partidas de la declaración estimada de renta.

Podrá otorgarse el certificado de paz y salvo cuando habiéndose concertado un arreglo de pago, éste se encuentre al día en el cumplimiento del mismo; así mismo, en los casos de compensación o cesión de créditos debidamente reconocidos.

Artículo 178.- Registro.

Los funcionarios o particulares ante quienes deben presentarse los certificados de paz y salvo para los efectos del artículo 175 de este Decreto, llevarán un registro de los que les presenten los interesados.

Artículo 179.- Responsabilidad.

Los funcionarios encargados de expedir los certificados de paz y salvo serán responsables, solidariamente con los interesados, de los impuetos amparados por estos documentos cuando se compruebe que el impuesto no había sido efectivamente pagado o que el interesado no estaba exento del mismo, según el caso.

En igual responsabilidad incurrirán los funcionarios o particulares que autoricen, permitan o admitan cualesquiera de los actos o contratos enumerados en el artículo 175 de este Decreto, sin que se les haya presentado el respectivo certificado de Paz y Salvo.

Las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior serán sin perjuicio de la multa que se señala en el literal 2 del artículo 756 del Código Fiscal.

Artículo 180.- Facultades del Organo Ejecutivo.

El Organo Ejecutivo podrá determinar otros actos o contratos a los cuales se haga extensiva la prohibición de que trata el artículo 175 de este Decreto.

 

CAPITULO XII

RECURSOS JURIDICOS DE LOS CONTRIBUYENTES

Y RESPONSABLES EN LA VIA ADMINISTRATIVA

Artículo 181.- Recursos de reconsideración y apelación.

El contribuyente o responsable podrá interponer los siguientes recursos:

a) El de reconsideración ante el Administrador Regional de Ingresos correspondiente, para que aclare, modifique o revoque la resolución expedida relativa al impuesto sobre la renta, adjuntando las pruebas que estime conveniente; y

b) El de apelación, ante la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, con el mismo objeto.

El recurrente podrá renunciar al recurso de reconsideración e interponer directamente el de apelación, previo a lo Contencioso Administrativo.

De uno u otro recurso o de ambos, podrá hacerse uso dentro de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la respectiva resolución.

Artículo 182.- Recurso extraordinario.

Vencidos los términos de que trata el artículo anterior sin que el interesado haya presentado recurso alguno, la Dirección General de Ingresos procederá a cobrar el impuesto.

El interesado que no haya hecho uso de los recursos de reconsideración y apelación contra la liquidación que contiene la liquidación adicional o de oficio, podrá recurrir contra la misma dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución, acompañando las pruebas del pago del impuesto, requisito sin el cual no se admitirá este recurso especial. En estos casos, si la resolución le es favorable, las sumas pagadas en exceso le serán devueltas al contribuyente.

 

CAPITULO XIII

PRESCRIPCION

Artículo 183.- Términos de prescripción.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 de este Decreto, el derecho del Estado a cobrar el impuesto sobre la renta prescribe a los siete (7) años contados a partir del último día del año fiscal en que el impuesto debió ser pagado. La obligación de pagar las retenciones establecidas en el Código Fiscal, prescribe a los quince (15) años, contados a partir de la fecha en que debió practicarse la retención.

El derecho de los particulares a la devolución de las sumas pagadas de más o indebidamente al Estado por concepto del impuesto sobre la renta, prescribe en siete (7) años, contados a partir del último día del año en que se efectuó el pago. La caducidad de la solicitud de devolución se regirá por las disposiciones del Código Judicial sobre caducidad de la instancia. La solicitud caducada no interrumpirá la prescripción de que trata este párrafo.

Artículo 184.- Interrupción de la prescripción.

El término de prescripción se interrumpe:

a) Por auto ejecutivo dictado contra el contribuyente o responsable;

b) Por arreglos de pagos celebrados con la Dirección General de Ingresos o por promesa de pago escrita del contribuyente o responsable;

c) Por cualquier actuación escrita del funcionario competente encaminada a cobrar el impuesto; o

ch) Por solicitud de devolución de impuesto presentada por el contribuyente o responsable.

 

CAPITULO XIV
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 185.- Infracciones.

Las infracciones legales tipificadas del impuesto sobre la renta son: morosidad, contravención, omisión de remitir lo retenido y defraudación.

Artículo 186.- Morosidad.

Incurre en morosidad el contribuyente o responsable que no pague dentro de los plazos legales el impuesto declarado o determinado, las partidas estimadas o las retenciones a que está obligado.

La morosidad se sanciona con un recargo fijo del diez por ciento (10%) sobre el impuesto impago. Si el pago se hace mediante ejecución se aplicará un recargo adicional del diez por ciento (10%).

Además del recargo mencionado en el párrafo anterior, a partir del 1 de enero de 1992 los créditos a favor del Tesoro Nacional devengarán un interés moratorio por mes o fracción de mes, contado a partir de la fecha en que el crédito debió ser pagado y hasta su cancelación. Este interés moratorio será de dos (2) puntos porcentuales sobre la tasa de referencia del mercado que indique anualmente la Comisión Bancaria Nacional. La tasa de referencia del mercado se fijará en atención a la cobrada por los bancos comerciales locales durante los seis (6) meses anteriores en financiamientos bancarios comerciales.

Los créditos a favor del Tesoro Nacional vencidos antes del 1 de enero de 1992 y hasta esa fecha, causarán un interés moratorio del uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes.

Cuando por efecto de una revisión fiscal lleguen a producirse diferencias en contra del contribuyente y éste mantiene créditos a su favor en contra del Tesoro Nacional, producto de pagos excesivos, dicha diferencia no causará el recargo ni los intereses que señala este artículo hasta la concurrencia del monto adeudado por el Fisco al contribuyente.

Artículo 187.- Eliminación del recargo moratorio del 10%.

a) No se causará el recargo del 10% a que se refiere el artículo anterior y, en consecuencia, el contribuyente tendrá derecho a la eliminación automática del mismo, en los siguientes casos:

1) Si el contribuyente efectúa el pago voluntario de la totalidad de la deuda tributaria de que se trate, más los intereses moratorios. Se entiende por pago voluntario el realizado por el contribuyente sin que hay mediado gestión de cobro expedida y debidamente notificada por la Administración Tributaria o sin que se haya expedido contra el contribuyente una resolución contentiva de liquidación adicional o de determinación de oficio de la deuda tributaria. También se reputa voluntario el pago que se haga como consecuencia de la presentación por parte del contribuyente de una declaración rectificativa del impuesto sobre la renta.

2) Si el contribuyente paga la totalidad de la deuda tributaria más los intereses moratorios dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de cobro predicha. Se entiende por gestión de cobro toda comunicación escrita enviada por la Administración Tributaria a un contribuyente informándole que se encuentra moroso en el pago de uno o más impuestos e instándolo a que comparezca ante el Fisco para pagar la deuda tributaria.

3) Si el contribuyente paga la deuda tributaria y los intereses moratorios dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de una resolución contentiva de liquidación adicional o de determinación de oficio de dicha deuda expedida por la respectiva Administración Regional de Ingresos.

Parágrafo: El hecho de que el contribuyente, en tiempo oportuno, interponga los recursos que procedan contra la liquidación adicional o contra la determinación de oficio, según sea el caso, no será óbice para la eliminación automática del recargo, siempre y cuando el pago de la deuda, más los intereses moratorios correspondientes, se efectúen dentro del plazo de quince (15) días hábiles a que se refiere este numeral y el contribuyente, además, desista del recurso o recursos que haya interpuesto.

Vencido dicho plazo, el contribuyente perderá el derecho a la eliminación automática del recargo y, por lo tanto, se atendrá a los resultados del proceso.

b) En los casos previstos en el literal anterior, en lugar de pagar la totalidad de la deuda tributaria, el contribuyente podrá solicitar un arreglo de pago ante la respectiva Administración Regional de Ingresos. Si se perfecciona el arreglo de pago, la referida Administración eliminará el recargo.

c) El incumplimiento por parte del ocntribuyente de uno de los abonos que deba hacer a tenor del arreglo de pago hará de plazo vencido el saldo insoluto de la deuda tributaria, más los intereses y recargos correspondientes al referido saldo insoluto.

ch) No es procedente la eliminación del recargo:

1. En los casos en que exista una disposición especial que establezca un recargo específico y distinto del previsto en el artículo 1072-a del Código Fiscal.

2. En los casos en que quien comparece a cancelar la deuda tributaria es un agente de retención u otro responsable tributario distinto del contribuyente propiamente dicho.

3. En los casos en que la Administración Tributaria haya iniciado un uicio de cobro por jurisdicción coactiva en contra de un contribuyente moroso, por razón de la deuda tributaria que éste tenga con el Fisco, aún cuando el contribuyente comparezca a pagar la totalidad de la deuda.

Artículo 188.- Contravenciones.

Incurre en contravención el contribuyente o responsable que:

a) No presenta la declaración jurada dentro de los términos legales;

b) No lleve libros de contabilidad, ni registro de sus operaciones, ni practiquen inventarios físicos o no presente los estados y documentos exigidos por la Dirección General de Ingresos.

c) Estando obligado a declarar su renta o a retener el impuesto, se niegue sin casua justificada, a exhibir libros o documentos necesarios para comprobar la veracidad de los datos suministrados a la Dirección General de Ingresos o cuando rehuse permitir en ellos cualquier investigación ordenada por el funcionario fiscal competente y relacionada con el impuesto sobre la renta.

Las infracciones mencionadas en los literales a) y c) anteriores, serán sancionadas con multa entre diez balboas (B/.10.00) y mil balboas (B/.1,000.00). La infracción señalada en el literal b) se sancionará con multa entre veinticinco balboas (B/.25.00) y cien balboas (B/.100.00).

Quien incumpla la obligación de emitir facturas con los requisitos y formalidades establecidas en el artículo 172 de este Decreto, sin perjuicio de las otras sanciones que correspondan, será sancionado con multa de mil balboas (B/.1,000.00) a cinco mil balboas (B/.5,000.00), la primera vez, y con multa de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a quince mil balboas (B/.15,000.00) en caso de reincidencia. Además, se decretará el cierre del establecimiento por dos (2) días la primera vez y hasta quince (15) días en caso de reincidencia. Si persiste el incumplimiento, se sancionará con la clausura por treinta (30) días.

Serán sancionados con multa de diez balboas (B/.10.00) a mil balboas (B/.1,000.00), los funcionarios y las personas particulares naturales o jurídicas, a quines la autoridad fiscal competente requiera la presentación de informes o documentos de cualquier índole relacionados con la aplicación de este impuesto y no los rinda o presente dentro del plazo razonable que les señale.

Los funcionarios y las personas particulares que infrinjan cualquiera de las disposiciones contempladas en el artículo 175 de este Decreto, incurrirán en multa de diez balboas (B7.10.00) a mil balboas (B/.1,000.00).

Artículo 189.- Negativa o resistencia.

En los casos de negativa o resitencia de que tratan el literal c) y el párrafo final del artículo anterior, las multas se aplicarán sucesivamente hasta que aquellas cesen.

Artículo 190.- Omisión de remitir lo retenido.

Sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda conforme al Código Penal, serán sancionadas con una multa entre dos (2) y cinco (5) veces el impuesto, las personas que hayan hecho cualquier retención de acuerdo con lo dispueto en el Código Fiscal y este Decreto y no hayan efectuado el ingreso correspondiente al Tesoro Nacional.

Artículo 191.- Defraudación.

Incurre en defraudación el contribuyente o responsable que se halle en alguno de los casos siguientes, previa comprobación de los mismos:

a) El que simule un acto jurídico o pérdidas que implique omisión parcial o total del pago de los impuestos;

b) El que declare ante las autoridades fiscales ingresos o utilidades menores que los realmente obtenidos o haga deducciones falsas en las declaraciones presentadas;

c) El que se resista a proporcionar a las autoridades fiscales los datos necesarios para la determinación de la renta gravable o los proporcione con falsedad;

ch) El que para registrar sus operaciones contables lleva dolosamente, con distintos asientos o datos, dos (2) o más libros similares autorizados o no;

d) El que por acción u omisión voluntaria, destruya o semidestruya, dejando en estado ilegible los libros y demás registros de la contabilidad;

e) El que sustituye o cambie las páginas foliadas de sus libros de contabilidad o utilice las encuadernaciones o las páginas en que conste la legalización de los mismos;

f) El que se preste como cómplice, padrino o encubridor para ayudar a efectuar algunas de las acciones establecidas en los literales anteriores;

g) El que haga declaraciones falsas para acogerse al régimen fiscal previsto en el artículo 699-a del Código Fiscal o para obtener cualquier otro incentivo, exención, desgravación, deducción o crédito fiscal; o

h) El que de cualquier otro modo defraude o trate de defraudar al Fisco por razón de este impuesto.

La defraudación se sancionará con multa entre cinco (5) y diez (10) veces el impuesto defraudado o arresto de un (1) mes a un (1) año. Cuando el contribuyente o responsable tenga un cómplice, padrino o encubridor, la pena será dividida por partes iguales. Las multas se aumentarán al doble de la suma antes indicada en el caso de que el contribuyente presente declaraciones falsas en concepto de pérdidas por los actos vandálicos ocurridos el día 20 de diciembre de 1989 o reciba de manera indebida algún beneficio de los contemplados en el artículo 699-a del Código Fiscal.

Artículo 192.- Graduación de las multas.

En la imposición de las multas previstas en este Capítulo, se tendrá en cuenta la cuantía del impusto que se ha evadido o intentado evadir, el gado de culpabilidad y la contumacia del infractor.

Artículo 193.- Pena de arresto.

Cuando la persona multada no pague total o parcialmente la multa aplicada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ejecutoria de la resolución respectiva, sufrirá en subsidio la pena de arresto a razón de un (1) día de dicha pena por cada dos balboas (B/.2.00) de multa que no pague, pero en ningún caso podrá exceder el término de diez (10) años.

La conversión en arresto la hará el funcionario de primera instancia, quien dictará para ello una resolución que sólo será recurrible en caso de error en el cómputo.

Artículo 194.- Peculado.

Los funcionarios de la Dirección General de Ingresos que cometan el delito de peculado serán denunciados ante las autoridades competentes por el Director General. Mientras se tramita la denuncia, el denunciado no ejercerá su cargo y únicamente se reincorporará al servicio si se dicta sobreseimiento a su favor.

Artículo 195.- Conocimiento y aplicación de las sanciones.

El conocimiento y aplicación de las sanciones previstas en el Código Fiscal relativas al impuesto sobre la renta, corresponderá en primera instancia al Administrador Regional de Ingresos competente y en segunda instancia a la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

 

CAPITULO XV
DEROGACIONES Y VIGENCIA

Artículo 196.- Derogación.

El presente Decreto deroga en su totalidad el Decreto No.60 de 28 de junio de 1965, así como sus modificaciones, adiciones y reformas y cualquier otro decreto en la parte que reglamente disposiciones relativas expresamente al impuesto sobre la renta y que sean contrarias a este Decreto, salvo que este Decreto haga referencia expresa, total o parcial, a los mismos.

Artículo 197.- Vigencia.

El presente Decreto entrará a regir a partir del 1 de enero de 1994, para aquellos contribuyentes cuyo período fiscal se inicie el 1 de enero de 1994.

Para los contribuyentes que hayan adoptado un período fiscal especial, este decreto entrará a regir en los períodos fiscales que se inicien después del 1 de enero de 1994.

Texto del artículo tal como quedó modificado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N 196 de 10 de mayo de 1994. Gaceta Oficial N 22.545 de 27 de mayo de 1994.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993).

GUILLERMO ENDARA GALIMANY
Presidente de la República

MARIO J. GALINDO H.
Ministro de Hacienda y Tesoro

Publicado en la Gaceta Oficial N 22.412 de 12 de noviembre de 1993.